Servidores p¨²blicos

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, comunic¨® ayer al Consejo Fiscal el cese de Eduardo Fungairi?o como fiscal jefe de la Audiencia Nacional; el m¨¢ximo ¨®rgano consultivo del ministerio p¨²blico, que vot¨® en 1997 de forma un¨¢nime contra su nombramiento sin conseguir impedirlo, dividi¨® esta vez sus opiniones. En un primer momento, el interesado intent¨® disfrazar el cambio de destino como si fuera una baja voluntaria; esa aparente renuncia, sin embargo, s¨®lo se propon¨ªa eludir la apertura del expediente disciplinario que le hubiese destituido. Conde-Pumpido -cuya dimisi¨®n fue solicitada ayer de forma ins¨®lita tambi¨¦n por la mitad del Consejo Fiscal- es acusado por el PP de haber adoptado su decisi¨®n con tenebrosos prop¨®sitos y de forma irregular. De creer a sus defensores, Fungairi?o habr¨ªa sido despojado del derecho a conservar indefinidamente su puesto: a diferencia de la independencia e inamovilidad de los magistrados, el ministerio p¨²blico est¨¢ gobernado, sin embargo, por los principios de unidad y dependencia jer¨¢rquica.

Los apologistas de Fungairi?o recuerdan su larga ejecutoria en la Audiencia Nacional -desde 1980- como investigador de los cr¨ªmenes de ETA para inferir despu¨¦s, a partir de ese constatable historial profesional, una conclusi¨®n pol¨ªtica tan infundada como ominosa: el verdadero objetivo de la infame destituci¨®n del heroico e insustituible fiscal jefe del tribunal ser¨ªa dar un giro de 180 grados a la pol¨ªtica del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, sin temor a que la vigilancia de Fungairi?o impidiese la vergonzosa capitulaci¨®n del Estado de derecho frente al terrorismo. La fundamentada tesis t¨¦cnico-jur¨ªdica suscrita anteayer por la Junta de Fiscales del Supremo sobre el cumplimiento efectivo de la pena de un etarra condenado por 26 sentencias a 4.799 de prisi¨®n por 82 asesinatos, que rectific¨® la interpretaci¨®n expansiva realizada hace un mes por la Audiencia Nacional, tambi¨¦n ha sido utilizada por el PP como prueba de los prop¨®sitos del Gobierno de ceder ante ETA.

Con independencia de la dedicaci¨®n de Fungairi?o a los sumarios de ETA a lo largo de 25 a?os, otros fiscales han realizado ese tipo de trabajo con valent¨ªa y competencia: regalar al destituido fiscal jefe de la Audiencia Nacional el monopolio de la sabidur¨ªa y el coraje es una solapada manera de infravalorar a los restantes miembros -casi 2.000- de la carrera fiscal. Por lo dem¨¢s, el privilegiado acceso en solitario de una misma persona durante largo tiempo a informaciones secretas sobre terrorismo no trabaja necesariamente a favor de la eficacia del Estado de derecho: siempre existe el peligro de que ese material confidencial pueda ser patrimonializado por el titular de un cargo p¨²blico en defensa de la conservaci¨®n de su puesto de trabajo o al servicio de objetivos partidistas.

La caracterizaci¨®n de Fungairi?o como abnegado servidor p¨²blico ingratamente tratado por el Gobierno no cuadra con una parte significativa de sus actuaciones profesionales: baste con recordar su apadrinamiento de los fiscales indomables de la Audiencia Nacional y del juez G¨®mez de Lia?o. El elogio de la lealtad de los servidores del Estado a las instituciones p¨²blicas nunca deber¨ªa pasar por alto el grado de legitimad del poder ni los beneficios personales obtenidos a cambio: esa socorrida f¨®rmula ret¨®rica sirve de coartada a los c¨®mplices de las dictaduras (incluido el franquismo) para equiparase il¨ªcitamente con los representantes del Estado de derecho. Fungairi?o sostuvo en 1997 que los golpes militares de Chile (1973) y Argentina (1976) s¨®lo pretend¨ªan "una sustituci¨®n temporal del orden constitucional" a fin de "subsanar sus deficiencias": ?qu¨¦ mejor ejemplo de la bastarda equiparaci¨®n entre los sistemas democr¨¢ticos basados en la soberan¨ªa popular y los reg¨ªmenes autoritarios apoyados sobre los sables? Durante su comparecencia en julio de 2004 ante la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n del 11-M, Fungairi?o trat¨® a los diputados espa?oles con menos deferencia que a los militares del Cono Sur. Tras alardear de su ignorancia sobre el terrorismo islamista y el sumario del atentado, la actitud obstruccionista y displicente del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional -encargada de instruir el horrible crimen de los trenes de la muerte- implic¨® una humillante tomadura de pelo para los comisionados.