El asesor jur¨ªdico de la Armada de EE UU alert¨® contra las torturas en Guant¨¢namo

Alberto Mora, un abogado que fue responsable jur¨ªdico de la Armada de Estados Unidos hasta hace mes y medio, advirti¨® en diciembre de 2002 de las consecuencias que podr¨ªa tener la pol¨ªtica de hacer caso omiso de leyes y tratados internacionales en la lucha contra el terrorismo y procesar e interrogar a los detenidos en la base naval de Guant¨¢namo, en Cuba, con t¨¦cnicas equiparables a la tortura. Dejar todo en manos de "la autoridad presidencial", escribi¨®, ser¨ªa "ilegal, peligroso y equivocado".

Documentos internos del Pent¨¢gono desclasificados en 2005 revelaron que varios abogados militares ya se pronunciaron contra las t¨¦cnicas especiales en interrogatorios en Guant¨¢namo, pero la denuncia de Mora, revelada en la revista The New Yorker, da una idea m¨¢s completa de los razonamientos empleados y del desprecio con que fueron recibidos por Defensa y la Casa Blanca.

Mora, hijo de una h¨²ngara que huy¨® del sistema represivo de los pa¨ªses comunistas y de un cubano que abandon¨® la isla tras la llegada al poder Fidel Castro, asegura que no temi¨® oponerse a la pol¨ªtica del Gobierno. "Adem¨¢s, mi madre me hubiera matado si no hubiese dicho lo que pensaba. Ning¨²n h¨²ngaro tras el comunismo ni ning¨²n cubano tras Castro pueden obviar que los derechos humanos son incompatibles con la crueldad". El debate, dice, "no es s¨®lo c¨®mo proteger a nuestro pa¨ªs, sino c¨®mo proteger nuestros valores".

Las teor¨ªas que otorgan al presidente de EE UU el derecho a autorizar malos tratos a detenidos pese a la Convenci¨®n de Ginebra son "ilegales, peligrosas y equivocadas", dice el abogado en un memorando de 22 p¨¢ginas -escrito en julio de 2004, secreto, pero no clasificado- al que se tiene acceso a trav¨¦s de la revista. Mora detalla sus esfuerzos durante dos a?os y medio para intentar frenar una pol¨ªtica de la que se pod¨ªan derivar "actos de crueldad" contra presuntos terroristas, "aunque el objetivo no fuera ese". "?Cu¨¢ntas vidas justifican el uso de la tortura?", pregunta a un alto cargo del Pent¨¢gono. "?Miles? ?Cientos? ?D¨®nde se traza la l¨ªnea divisoria?".

Actos de abuso

"Estaba consternado", declara a The New Yorker. "Eran claramente actos de abuso y claramente contrarios a todo lo que nos ense?aron sobre los valores estadounidenses". Autorizar la "crueldad", dice, es igual de pernicioso que autorizar la tortura: "No hay distinci¨®n moral o pr¨¢ctica (...) Si la crueldad no se declara fuera de la ley, si se institucionaliza, altera la relaci¨®n fundamental entre el individuo y el Gobierno. Destruye la noci¨®n de derecho individual. La Constituci¨®n reconoce que el hombre tiene un derecho inherente, que no puede ser otorgado ni por el Estado ni por la ley, a la dignidad personal, incluido el derecho a no sufrir crueldades". Y eso alcanza, a?ade Alberto Mora , a todos los seres humanos, no s¨®lo en EE UU, sino tambi¨¦n a los combatientes enemigos. "Si se hace esta excepci¨®n, la Constituci¨®n entera se derrumba". "Intentamos frenar las t¨¦cnicas que Donald Rumsfeld [secretario de Defensa] hab¨ªa dado por buenas", como "explotar las fobias" de los detenidos, "privarles de luz y de est¨ªmulos auditivos" y otras t¨¢cticas prohibidas por el Manual del Ej¨¦rcito, "pero se nos dijo que no hici¨¦ramos preguntas", asegura Mora que le dijo un oficial. El asesor jur¨ªdico llam¨® la atenci¨®n de sus superiores sobre un comentario hecho por Rumsfeld en el que se cuestionaba que si ¨¦l pod¨ªa estar 8 o 10 horas de pie no entend¨ªa por qu¨¦ no se pod¨ªa "obligar a los detenidos a estar cuatro".

El testimonio de Mora se une a las denuncias no s¨®lo de adversarios del Gobierno, sino de aliados que, por diferentes razones -de conciencia o de oportunidad pol¨ªtica, de cara a las elecciones legislativas- tratan de que la Casa Blanca reaccione. Pero que reaccione justo al contrario de como hizo la semana pasada con el incidente de caza del vicepresidente Dick Cheney, que reflej¨® "problemas estructurales" en el equipo presidencial, seg¨²n el columnista conservador Robert Novak.

Como se?ala otro analista en The Washinton Post, David Ignatius, "cuando se critica la legalidad de lo que hace el Gobierno, Bush y Cheney reafirman los poderes constitucionales del comandante en jefe; cuando el Congreso proh¨ªbe la tortura, la Casa Blanca insiste en que esos poderes est¨¢n por encima de todo; cuando sus amigos republicanos sugieren que hay que legalizar el programa de escuchas, el Gobierno lo rechaza. Dig¨¢moslo claramente: esto es la arrogancia del poder, y es algo que ha ido demasiado lejos en la Casa Blanca de Bush".