El juez deja libres bajo fianza a los directivos de filiales de FCC detenidos por el 'caso Malaya'

El juez instructor del caso Malaya contra la corrupci¨®n municipal en Marbella decret¨® ayer la puesta en libertad bajo fianza de 24.000 euros para cada uno de los dos altos cargos de empresas filiales de la constructora FCC detenidos el pasado martes en Madrid. El magistrado Miguel ?ngel Torres imputa un presunto delito de cohecho a Joaqu¨ªn Mart¨ªnez-Vilanova, director general de FCC-Connex, y a Jos¨¦ Mar¨ªa P¨¦rez Lozano, director general de CTSA. Los imputados son, a su vez los m¨¢ximos ejecutivos de la empresa de transporte Portillo, que opera autobuses interurbanos en la Costa del Sol.

El director gerente de Autobuses Portillo, Julio de Marco, ya hab¨ªa sido detenido el 29 de marzo, en la primera jornada de la operaci¨®n Malaya. De Marco fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza de 12.000 euros por un supuesto delito de cohecho en relaci¨®n con la concesi¨®n del servicio de autobuses marbell¨ªes.

Mart¨ªnez-Vilanova -ex presidente de FEVE y de Binter, entre otros cargos- y P¨¦rez Lozano fueron detenidos el martes por la ma?ana por agentes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado para la Costa del Sol del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa. Los ejecutivos arrestados fueron puestos a disposici¨®n del magistrado Torres ayer por la ma?ana en el juzgado n¨²mero cinco de Marbella, aunque no declararon ante el juez hasta despu¨¦s de comer. Su comparecencia se prolong¨® aproximadamente una hora y cuarto hasta las 18.30, cuando abandonaron la sede judicial por la puerta trasera para eludir a los periodistas. En la declaraci¨®n ante el juez de los dos directivos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) estuvo presente el delegado en M¨¢laga de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Juan Carlos L¨®pez Caballero.

La investigaci¨®n policial sobre Mart¨ªnez-Vilanova y P¨¦rez Lozano se centra, seg¨²n fuentes policiales, en supuestas gestiones urban¨ªsticas realizadas sobre la estaci¨®n de autobuses de Marbella. Entre los encarcelados por la operaci¨®n Malaya se encuentra el ex concejal de Transportes de Marbella, Victoriano Rodr¨ªguez, cuyo abogado solicit¨® el martes su puesta en libertad. Con estas ¨²ltimas detenciones, suman 27 las personas arrestadas hasta ahora en la operaci¨®n judicial contra la corrupci¨®n municipal marbell¨ª, que contin¨²a abierta. De ellas, 11 se encuentran encarceladas en la prisi¨®n de Alhaur¨ªn de la Torre, y el resto en libertad con cargos.

Arraigo social

La empresa Corporaci¨®n Espa?ola de Transportes por Carretera (CTSA), filial del grupo constructor FCC para el servicio de transporte de viajeros, adquiri¨® en 2001 la propiedad de Autom¨®viles Portillo a cambio de 60 millones de euros. Antes de la venta a FCC, Portillo segreg¨® la compa?¨ªa y cre¨® una divisi¨®n inmobiliaria que mantiene la propiedad de varias estaciones de autobuses y garajes en distintas localidades andaluzas, por cuyo uso CTSA paga un canon a Portillo Inmobiliaria. La oposici¨®n del disuelto Ayuntamiento de Marbella ha solicitado, sin conseguirlo, el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa de autobuses.

El arraigo social de Portillo en la provincia de M¨¢laga es tal que al ser absorbida por CTSA, la empresa mantuvo su denominaci¨®n. La compa?¨ªa mantiene la concesi¨®n de los servicios de transporte urbano de Marbella, Estepona, Benalm¨¢dena y Torremolinos, y la Junta de Andaluc¨ªa le ha concedido la gesti¨®n de las l¨ªneas interurbanas de la Costa del Sol occidental, entre Rinc¨®n de la Victoria y Algeciras.

Portillo tambi¨¦n se encarga de la estaci¨®n de autobuses de La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz), ayuntamiento gobernado por Juan Carlos Ju¨¢rez, del PP y ex miembro del GIL, el partido fundado por el fallecido ex alcalde de Marbella, Jes¨²s Gil.

Por otro lado, el ex alcalde marbell¨ª Juli¨¢n Mu?oz regres¨® ayer a Marbella, aunque fuentes del bufete de su abogado, Jos¨¦ Mar¨ªa del Nido, afirmaron que a¨²n no hab¨ªa recibido la notificaci¨®n para que ingrese voluntariamente en prisi¨®n en el plazo de cinco d¨ªas para cumplir la pena de seis meses de c¨¢rcel que le fue impuesta junto a otros seis concejales marbell¨ªes por el caso Banana Beach.