M¨¢s de 10.000 familias catalanas sufren asedio inmobiliario para que abandonen sus casas

M¨¢s de 10.000 familias catalanas sufren mobbing inmobiliario, seg¨²n estima la Generalitat. Para proteger a los que sean coaccionados para abandonar su vivienda, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, anunci¨® ayer que su departamento podr¨¢ imponer multas de hasta 900.000 euros a los acosadores, de acuerdo con el r¨¦gimen sancionador que prev¨¦ el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, aprobado esta semana por el Consell Executiu. El Gobierno crear¨¢, adem¨¢s, el Observatorio de la Vivienda para canalizar las denuncias.

"Seguro que nos quedamos cortos", apostill¨® Baltasar tras cifrar en 10.000 los inquilinos acosados, durante una jornada organizada por la Secretar¨ªa de Vivienda y la Universidad de Barcelona. Por ello, la ley de vivienda, que deber¨¢ ser aprobada por el Parlament, contiene varias medidas para luchar contra estas pr¨¢cticas.

Los municipios podr¨¢n se?alar las ¨¢reas donde crean que la actividad y la especulaci¨®n inmobiliarias puedan expulsar a los vecinos. En estas zonas, las administraciones podr¨¢n ejercer el derecho de tanteo y retracto, es decir, tendr¨¢n siempre la primera opci¨®n en las operaciones de compraventa de los inmuebles. Adem¨¢s, la ley prev¨¦ que los afectados por asedio inmobiliario puedan obtener una vivienda de protecci¨®n oficial.

"La falta de instrumentos civiles a menudo coloca a los arrendatarios afectados en indefensi¨®n", asegur¨® Baltasar. Entre las pr¨¢cticas m¨¢s corrientes, el consejero cit¨® "abandonar la vivienda, cortar los suministros, promover conflictos entre vecinos y actos inc¨ªvicos, y generar humedades, peste, incendios o ruidos". La Administraci¨®n catalana quiere combatir estos abusos con la creaci¨®n de un organismo, el Observatorio de la Vivienda, que canalice las denuncias de los ciudadanos y con un r¨¦gimen sancionador que va de los 3.000 a los 900.000 euros para los casos m¨¢s graves.

El perfil de personas acosadas se corresponde a ancianos que siguen pagando alquileres antiguos al seguir sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. "Tenemos un ejemplo de una mujer que reside en el Eixample y paga poco de alquiler. Todos los vecinos de su finca han ido muriendo o dejando sus viviendas. Y ella est¨¢ sufriendo mobbing para que deje su casa", se?al¨® la adjunta al S¨ªndic de Greuges, Laura D¨ªez.

Dada la avanzada edad de los asediados, muy pocos saben d¨®nde pueden acudir para denunciarlo. Eso explica, por ejemplo, que el acoso no figurara en 2005 en la lista de las 700 quejas sobre vivienda que recibi¨® el S¨ªndic de Greuges, o que la Oficina Municipal de Informaci¨®n al Consumidor registrara 74 casos de mobbing, el 44% menos que en 2004.

Anuncio del 's¨ªndic'

D¨ªez tambi¨¦n denunci¨® que "no hay una buena gesti¨®n de los pisos de protecci¨®n oficial", lo cual supone que haya viviendas sociales vac¨ªas. El consejero delegado de la empresa p¨²blica de vivienda Adigsa, Miquel Bonilla, lo admiti¨®, pero puntualiz¨® que eso se debe a que la normativa es muy "engorrosa" y "hace inoperante que las adjudicaciones se efect¨²en con rapidez".

El s¨ªndic anunci¨® que este a?o entregar¨¢ al Parlament un informe monogr¨¢fico sobre la vivienda. Ayer ya emiti¨® un comunicado con recomendaciones a las administraciones para combatir el asedio. Entre otras medidas, les reclam¨® que garanticen el realojo de la gente desahuciada, que lleguen a pactos con las compa?¨ªas de servicios b¨¢sicos para evitar mecanismos de acoso como el corte de los suministros y que impulsen l¨ªneas m¨¢s ¨¢giles de ayudas al alquiler y una red de pisos de inclusi¨®n.