Batasuna pide la derogaci¨®n de la Ley de Partidos, y el Gobierno le emplaza a cumplirla
El Ejecutivo exige a la izquierda 'abertzale' que en sus nuevos estatutos rechace la violencia - Permach afirma que proseguir¨¢n los contactos con el PSE aun sin legalizaci¨®n
S¨®lo 48 horas despu¨¦s de reunirse una representaci¨®n de la ilegalizada Batasuna con otra del Partido Socialista de Euskadi (PSE), el dirigente de la izquierda abertzale Joseba Permach advirti¨® ayer de que su formaci¨®n no piensa acogerse la legalidad en el marco de la actual Ley de Partidos, por considerarlo un "marco antidemocr¨¢tico". Permach, que compareci¨® en San Sebasti¨¢n junto a Juan Jos¨¦ Petrikorena, lament¨® la insistencia de socialistas y populares en que Batasuna "haga un tr¨¢nsito a no s¨¦ d¨®nde y para que por medio de la legalizaci¨®n haga un supuesto camino hacia la democracia". La respuesta del Gobierno y de los socialistas es contundente: La ley de Partidos seguir¨¢ vigente y Batasuna tendr¨¢ que cumplirla.
Permach neg¨® con rotundidad que el proceso abierto en Euskadi con el alto el fuego permanente de ETA, el posterior anuncio de que el Gobierno dialogar¨¢ con la banda y la reuni¨®n del PSE con Batasuna sea "en absoluto" un "tr¨¢nsito de la formaci¨®n ilegalizada a un marco antidemocr¨¢tico y a una ley como la Ley de Partidos".
"Nadie se lo cree"
Permach fue m¨¢s lejos. Ante la advertencia de Patxi L¨®pez de que el PSE s¨®lo volver¨¢ a reunirse con la izquierda abertzale cuando ¨¦sta se legalice, afirm¨® que "tras meses o a?os" de reuniones informales entre el PSE y Batasuna, "nadie se cree" que no se vayan a producir nuevos encuentros aunque Batasuna no se legalice.
Esta pretendida declaraci¨®n de principios formulada por Permach, que ya hab¨ªa sido avanzada en medios abertzales la v¨ªspera tras el encuentro entre Arnaldo Otegi y la presidenta de EA, Bego?a Errazti, tiene en realidad una interpretaci¨®n m¨¢s de consumo interno. Necesario en este momento pol¨ªtico para evitar dar una sensaci¨®n de debilidad, sobre todo tras el discurso abierto e incluyente realizado por Otegi al t¨¦rmino de la reuni¨®n con los l¨ªderes socialistas vascos Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares, el jueves, en un hotel donostiarra.
En cualquier caso, la intervenci¨®n de Permach de ayer no cuestiona, en principio, la premisa asumida por la izquierda abertzale de que para volver a la legalidad con otra marca electoral y nuevos estatutos, deben apostar por las v¨ªas exclusivamente pol¨ªticas y democr¨¢ticas y alejarse de la violencia.
La declaraci¨®n de Permach obtuvo una inmediata reacci¨®n del dirigente del PSE, Rodolfo Ares, uno de los interlocutores socialistas ante Batasuna, quien replic¨® que "la Ley de Partidos no se va a derogar". El Gobierno recuerda que el presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero dej¨® claro, en su declaraci¨®n institucional de apertura del di¨¢logo con ETA, del 29 de junio, que dicha ley permanecer¨¢ vigente y que "la izquierda abertzale debe rechazar la violencia en los estatutos que presente".
La declaraci¨®n de Permach de ayer, apuntando que la izquierda abertzale no se acoger¨¢ a la Ley de Partidos para legalizarse se ha interpretado en medios socialistas y gubernamentales como "un pulso" de la ilegalizada Batasuna al Gobierno y como "un gui?o" a sus bases, teniendo en cuenta que dispone de un plazo de m¨¢s de dos meses para presentar sus nuevos estatutos en el registro del Ministerio del Interior para legalizarse y poder concurrir en las elecciones municipales y forales de 2007.
Los socialistas vienen trasladando a Batasuna, en p¨²blico y en privado, la posici¨®n del Gobierno desde hace meses. De hecho, la ilegalizada Batasuna admiti¨® hace unas semanas su disposici¨®n a presentar nuevos estatutos y nueva marca acogi¨¦ndose a la Ley de Partidos, con la pretensi¨®n de legalizarse. De alg¨²n modo, la escenificaci¨®n de la reuni¨®n del jueves pasado entre una representaci¨®n del PSE y otra de Batasuna era un gesto de los socialistas para facilitar la decisi¨®n de la izquierda independentista.
M¨¢s all¨¢ de la pretensi¨®n de Permach de subir el list¨®n pensando en sus bases, es un hecho que en el seno de Batasuna existe el temor de que su legalizaci¨®n no resuelva el problema de los sumarios judiciales que tienen pendientes los actuales l¨ªderes de la izquierda abertzale, que lo van a seguir siendo cuando sea legal. Tambi¨¦n temen que la misma continuidad de estos l¨ªderes sea un problema para su legalizaci¨®n, de acuerdo con la Ley de Partidos. Esa espada de Damocles frena su decisi¨®n de cumplir la Ley de Partidos.
Ejecutivo y fiscal¨ªa
El Gobierno y el PSE ha hecho llegar a Batasuna que su rechazo de la violencia en los estatutos de una nueva formaci¨®n les inmunizar¨ªa ante cualquier intervenci¨®n judicial ulterior y facilitar¨ªa la resoluci¨®n de los sumarios pendientes. En todo caso, la llave de la legalizaci¨®n de la izquierda abertzale si cumple la Ley de Partidos la tienen la Fiscal¨ªa y el Gobierno. Si sus estatutos expresan que s¨®lo luchar¨¢n por sus objetivos pol¨ªticos por v¨ªas pac¨ªficas y democr¨¢ticas y rechazan la violencia, superar¨¢n el problema de la continuidad de sus l¨ªderes, se?alan fuentes gubernamentales.
La ¨²nica posibilidad de que prosperase un recurso del PP a la legalizaci¨®n de Batasuna ser¨ªa, de acuerdo con la Ley de Partidos, que lograra que la mayor¨ªa del Congreso instase al Gobierno a rechazar su legalizaci¨®n. El Gobierno cree imposible esta posibilidad si la ilegalizada Batasuna presenta unos estatutos nuevos, con el rechazo a la violencia, e incluso impedir¨ªa al PP abrir el debate de que el nuevo partido ser¨ªa una mera continuidad del anterior.
LO QUE DICE LA LEY DE PARTIDOS
- El art¨ªculo 9 de la Ley de Partidos de 2002, que sirvi¨® para ilegalizar a Batasuna, establece que un partido ser¨¢ declarado ilegal cuando "su actividad vulnere los principios democr¨¢ticos" y, particularmente, persiga con ella "deteriorar o destruir el r¨¦gimen de libertades", justificando o exculpando "los atentados contra la vida o la integridad de las personas", o legitimando la violencia como m¨¦todo.
- El art¨ªculo 12 encarga al Supremo atajar que un partido pueda sustituir fraudulentamente a otro ilegalizado, comprobando la continuidad de las personas, organizaci¨®n, estructura, financiaci¨®n u otras circunstancias.
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