Salou propone suspender por 21 meses al cargo que denunci¨® recalificaciones

El Ayuntamiento de Salou (Tarragon¨¨s) aprob¨® ayer, en votaci¨®n secreta y a puerta cerrada, trasladar al Ministerio de Administraciones P¨²blicas un acuerdo por el que propone suspender por 21 meses al interventor municipal, Juan Manuel Hern¨¢ndez. La sanci¨®n, aprobada por el equipo de gobierno (independientes, CiU y el PP), comportar¨ªa la destituci¨®n de este funcionario, que ha denunciado posibles ilegalidades en la recalificaci¨®n de terrenos.

El concejal de Hacienda, Pere Granados, explic¨® ayer que la "indisciplina" del interventor ha sido la causa de la propuesta de suspensi¨®n de empleo que debe aceptar el Ministerio de Administraciones P¨²blicas. La apertura, hace seis meses, de un primer expediente sancionador contra Hern¨¢ndez se produjo poco despu¨¦s de una reforma del ¨¢rea econ¨®mica municipal, a la que se opuso. Antes de esta reforma, Hern¨¢ndez puso en duda la legalidad de varios proyectos, como la concesi¨®n a una empresa privada de un geri¨¢trico de 20.000 metros cuadrados de suelo p¨²blico por un alquiler anual de 9.000 euros durante 75 a?os. En la empresa adjudicataria figura como socia la esposa del secretario municipal. Adem¨¢s, el interventor se opuso tambi¨¦n a la contrataci¨®n del servicio de transportes y de la gr¨²a, al advertir indicios de que no se ajustaba a la legalidad.

"Ha sido un proceso para echar a alguien que molestaba a los negocios del equipo de gobierno", aseguraban fuentes de la oposici¨®n municipal.

El n¨²cleo fuerte del equipo de gobierno (los concejales de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau; Hacienda, Pere Granados, y Gobernaci¨®n, Jes¨²s Barrag¨¢n) defendi¨® ayer que la adjudicaci¨®n del geri¨¢trico se hizo por concurso p¨²blico, al que s¨®lo opt¨® la empresa adjudicataria. Antes, el Ayuntamiento hab¨ªa tanteado a otras empresas del sector, aunque, aseguraron los ediles, ninguna quiso participar puesto que prefer¨ªan construir las instalaciones en suelo propio y no cedido. La volumetr¨ªa del futuro geri¨¢trico ha pasado de 9.500 a 20.000 metros. Seg¨²n Barrag¨¢n, "la normativa municipal prev¨¦ que en ¨¢reas de suelo p¨²blico el techo m¨¢ximo sea de libre disposici¨®n seg¨²n las necesidades del proyecto". Y el proyecto, que inicialmente era un edificio, cambi¨®. La empresa adjudicataria quiso construir viviendas tuteladas, a lo que el Ayuntamiento accedi¨® aumentando la edificabilidad de la zona a gusto de la empresa, asegur¨® Barrag¨¢n.

Diligencias de la fiscal¨ªa

La Fiscal¨ªa de Tarragona abri¨® ayer diligencias de oficio para esclarecer la concesi¨®n del geri¨¢trico y aclarar una operaci¨®n inmobiliaria mediante la cual Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo desde 1999 e hijo del actual acalde, Esteve Ferran Ribera,, compr¨® una finca en agosto de 2000 por 30.000 euros y la vendi¨® en 2004 por 506.000.

Ferran Gombau defendi¨® ayer la legalidad de la operaci¨®n de compraventa que le permiti¨® embolsarse 476.000 euros, aunque reconoci¨® haberse "equivocado", ya que "pensaba que ¨¦ticamente no era reprobable". "Ahora veo que s¨ª [es reprobable]", dijo el concejal, quien asegur¨® que en el momento de la compra ten¨ªa la misma informaci¨®n sobre el planeamiento urban¨ªstico de Salou que cualquier ciudadano. "Lo volver¨ªa a hacer, pero antes dejar¨ªa el cargo", dijo el edil, responsable de la modificaci¨®n del Plan de Ordenaci¨®n Urbana Municipal, aprobada en 2003.

Fuentes del sector inmobiliario aseguran que la plusval¨ªa obtenida por el concejal est¨¢ por encima de lo que ha crecido el mercado en Salou.

Ferran Gombau sustituy¨® en el puesto de concejal de Urbanismo a su padre, quien, adem¨¢s de la alcald¨ªa, desempe?¨® este cargo entre 1997 y 1999.

El concejal, cuya dimisi¨®n ha pedido ERC, asegur¨® sentirse v¨ªctima de una campa?a con fines electorales y anunci¨® que el Ayuntamiento iniciar¨¢ acciones legales contra las "manifestaciones falsas" aparecidas en la prensa.

Ayer, ICV, como ya hab¨ªa hecho antes ERC, pidi¨® que la Fiscal¨ªa de Tarragona act¨²e en este caso.

El PSC, por su parte, exigi¨® de nuevo la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n para esclarecer no s¨®lo estos hechos, sino tambi¨¦n "la gesti¨®n municipal de los ¨²ltimos a?os". Los socialistas creen que estos dos casos son s¨®lo la punta del iceberg de un entramado mayor de irregularidades.

El Ayuntamiento asegur¨® ayer que se pone "a disposici¨®n de la fiscal¨ªa" para aportar la documentaci¨®n que precise y anunci¨® que llevar¨¢ a cabo una auditoria de los ¨²ltimos cinco a?os en Hacienda.

Tanto el Tribunal de Cuentas, como la Sindicatura de Comptes y el Juzgado de lo Contencioso n¨²mero 2 de Tarragona tienen sobre la mesa diferentes denuncias del interventor sobre su expediente sancionador.

El denunciante entiende que su cese no se ha llevado a cabo de acuerdo con la legalidad y pide quedar exento de "responsabilidades contables" en el caso de que el tribunal las encuentre.