Fiscales e inspectores pactan endurecer la persecuci¨®n penal de los accidentes laborales

La persecuci¨®n judicial de los accidentes laborales, hasta ahora muy laxa, se endurece. Los inspectores de trabajo remitir¨¢n a la Fiscal¨ªa especial contra la siniestralidad todos los casos en los que detecten infracciones graves de las normas de salud laboral, incluso cuando no se haya producido una muerte o lesi¨®n, pero se considere que peligra la vida del trabajador, seg¨²n un acuerdo entre inspectores y fiscales. Las recientes condenas con penas de c¨¢rcel para los responsables de las obras han puesto en alerta al sector. El n¨²mero de arquitectos t¨¦cnicos que renuncia a hacerse cargo de la coordinaci¨®n de seguridad crece y los colegios profesionales estudian aconsejar formalmente a sus aparejadores que no acepten esas tareas.

Con casi un mill¨®n de accidentes al a?o (casi un millar de muertes), Espa?a es el pa¨ªs europeo con mayor siniestralidad laboral, pero s¨®lo uno de cada cinco casos mortales llega a los tribunales. Para reforzar los controles, la Inspecci¨®n de Trabajo ultima una instrucci¨®n interna para trasladar a sus profesionales la orden de que deben remitir a la Fiscal¨ªa todos los casos en los que detecten infracciones graves, aun cuando no hayan provocado accidentes (por ejemplo, peligro de ca¨ªda del trabajador desde m¨¢s de dos metros por ausencia de protecci¨®n). En la actualidad, esos casos se suelen resolver con una multa o una indemnizaci¨®n econ¨®mica a la v¨ªctima o sus familiares.

La orden entrar¨¢ en vigor en las pr¨®ximas semanas, aunque en la pr¨¢ctica ya se est¨¢ produciendo una mayor cooperaci¨®n entre ambos organismos. Esta nueva directriz es fruto de la colaboraci¨®n entre el fiscal especial de accidentes, Juan Manuel de O?a, y la Inspecci¨®n, que depende del Ministerio de Trabajo. Sobre el papel, los inspectores ya tienen la obligaci¨®n de informar a la justicia cuando descubren algo perjudicial para la vida de los trabajadores, pero hasta ahora "se hac¨ªa poco", seg¨²n De O?a, que asumi¨® este cargo, de nueva creaci¨®n, en abril pasado.

El tratamiento penal de los delitos laborales ha mejorado. En 2000 s¨®lo se dictaron en audiencia provincial e instancias superiores 19 sentencias por accidente laboral, seg¨²n los datos de la Fiscal¨ªa. El a?o pasado hubo 92. En la mayor parte de los casos se demuestra que el trabajador estaba desprotegido. De las 335 sentencias dictadas en los ¨²ltimos cinco a?os, 210 resultaron condenatorias por delito (en el resto se detectaron faltas o se absolvi¨® al acusado). En un 95% de los casos se hab¨ªa producido un resultado lesivo para el trabajador; s¨®lo un 5% constitu¨ªan delitos exclusivamente de riesgo.

El nuevo fiscal pretende que no haya delitos laborales impunes y as¨ª prevenir la aparici¨®n de nuevas infracciones. Desde antes de verano, De O?a ha mantenido reuniones con responsables de la Inspecci¨®n de Trabajo: "Es fundamental que conozcamos su forma de actuar y ellos la nuestra. Esa cooperaci¨®n es esencial porque adem¨¢s se necesita mucho material probatorio en la fase judicial". Adem¨¢s, los accidentes tienen un coste para el conjunto de la econom¨ªa: las mutuas se gastan al a?o 2.200 millones de euros en pensiones y seguros para accidentados. Respecto a la responsabilidad de los siniestros, De O?a es tajante: "El principal obligado a cumplir es el empresario; lo que sucede es que esta responsabilidad puede ser compartida y la ley dice que cuando hay varias subcontratas tiene que haber un coordinador de riesgos laborales, que puede ser el arquitecto o el aparejador".

El endurecimiento judicial es uno de los factores que est¨¢n detr¨¢s de la deserci¨®n de los coordinadores de seguridad y salud en las obras, una figura creada por una directiva europea de 1992 y vigente en Espa?a desde 1997. Seg¨²n la ley, s¨®lo arquitectos, aparejadores, ingenieros e ingenieros t¨¦cnicos pueden ejercer esta labor de coordinar a todos los responsables de la seguridad de los tajos durante el proyecto y la ejecuci¨®n de la obra.

El presidente del Consejo General de la Arquitectura T¨¦cnica de Espa?a, Jos¨¦ Antonio Otero, explica que el organismo est¨¢ estudiando la posibilidad de aconsejar formalmente a sus colegiados que no asuman las tareas de coordinaci¨®n. "El coordinador de seguridad es responsable de coordinar a las empresas, no a los trabajadores", afirma.

Deserci¨®n de t¨¦cnicos

No hay recomendaci¨®n formal, pero las deserciones se producen igualmente. En Almer¨ªa, una de las provincias en las que m¨¢s est¨¢n incidiendo la Fiscal¨ªa y la Inspecci¨®n de Trabajo, "m¨¢s de 200 coordinadores de seguridad han renunciado a sus encargos en lo que va de a?o", seg¨²n Alfredo Mart¨ªnez, profesor de Seguridad y Prevenci¨®n Laboral de la Universidad de Sevilla.

Otro ejemplo de la deserci¨®n de los coordinadores se est¨¢ notando en Madrid. "Muchos han dejado de ejercer porque el poco dinero que ganan no compensa la enorme responsabilidad que recae sobre ellos, sobre todo cuando los promotores y los trabajadores se desentienden de las medidas de seguridad", asegura un t¨¦cnico de prevenci¨®n de la Comunidad de Madrid. Este profesional pone cifras a la espantada: "Las inscripciones en el registro oficial de coordinadores de seguridad han pasado de unas 15 por semana a s¨®lo una o dos".

Esta falta de motivaci¨®n se convierte en un "grave problema", seg¨²n esta fuente auton¨®mica: "Los promotores contratan a titulados cada vez m¨¢s inexpertos y los aparejadores con experiencia dejan la coordinaci¨®n en cuanto pueden".