Vizcaya mantendr¨¢ el reconocimiento de deuda para el pago de plazas en residencias
La Diputaci¨®n, que prev¨¦ rebajar la cantidad adeudada, rechaza eliminar el piso como aval
La Diputaci¨®n de Vizcaya mantendr¨¢ el llamado reconocimiento de deuda (garantizar con el patrimonio el pago de la plaza de residencia) pero rebajar¨¢ el porcentaje que deber¨¢n abonar los usuarios. El titular de Acci¨®n Social, Juan Mar¨ªa Aburto, rechaz¨® que la Diputaci¨®n estudie suprimir la vivienda habitual como aval para el pago de los servicios prestados. "Me sorprende que se cuestione este sistema que creemos que es justo y progresivo". dijo. El Gobierno est¨¢ elaborando el borrador de la nueva ley de Servicios Sociales, donde se regular¨¢ el copago.
El modelo de las prestaciones sociales y su financiaci¨®n se encuentra ahora en el centro del debate, despu¨¦s de que hace m¨¢s de un a?o se anunciara la elaboraci¨®n de una nueva ley. Todav¨ªa se desconocen las l¨ªneas de la normativa, ya existente desde 1996, aunque su falta de desarrollo ha derivado en que cada territorio marche a una velocidad diferente en la provisi¨®n de sus servicios sociales, desde plazas en residencias de ancianos a la creaci¨®n de centros de d¨ªa y la ayuda domiciliaria.
El PSE formul¨® la pasada semana su modelo, en el que defienden un sistema organizado como el sanitario y sin diferencias territoriales, y que se eliminen requisitos como que los mayores respondan con su vivienda habitual para pagar, tras su muerte, parte de los servicios prestados. Vizcaya y ?lava lo aplican, mientras que en Guip¨²zcoa no lo establece como aval, pero s¨ª incluye la vivienda en la valoraci¨®n de los bienes para fijar el precio del usuario. El Departamento de Asuntos Sociales, dirigido por Javier Madrazo, presenta hoy el anteproyecto de la Ley de Servixios Sociales.
La Diputaci¨®n vizca¨ªna defendi¨® ayer el sistema del reconocimiento de deuda, incluyendo la vivienda como garant¨ªa, por el "consenso muy amplio" con el que se aprob¨® hace un a?o y su "justicia y progresividad", afirm¨® Juan Mar¨ªa Aburto. Rechaz¨® as¨ª las afirmaciones del PSE, que hab¨ªa sugerido la disposici¨®n de Vizcaya a la eliminaci¨®n de la vivienda. "Pensamos que quien m¨¢s tiene debe pagar, sea en dinero o patrimonio". El diputado explic¨® que, si se elimina el piso como aval, habr¨ªa situaciones discriminatorias entre quienes venden su vivienda y se le computa esos ingresos para fijar el precio en la residencia y las personas que mantienen el piso.
Aburto s¨ª anunci¨® que en dos meses habr¨¢ cambios en el sistema para rebajar el importe de la deuda, cuya cuant¨ªa m¨¢xima es ahora del 90% de los bienes del usuario, aunque la media ronda el 23%. Vizcaya baraja una disminuci¨®n global del porcentaje o establecer una serie de tramos en funci¨®n de los ingresos de la persona mayor.
Sobre la Ley de Dependencia, el diputado insisti¨® en que en Vizcaya se mantendr¨¢ la atenci¨®n a las 25.000 personas consideradas dependientes, pese que la normativa estatal s¨®lo prestar¨ªa servicios a 5.000, seg¨²n los c¨¢lculos forales.
Atenci¨®n a 15.300 dependientes
La Diputaci¨®n de Vizcaya atendi¨® el pasado a?o a 15.300 personas dependientes, entre mayores que no pueden valerse por s¨ª mismos y discapacitados, con un presupuesto de 113 millones. M¨¢s de 5.900 fueron asistidos en residencias, lo que supone casi un 10% m¨¢s que en 2005.
El diputado Juan Mar¨ªa Aburto afirm¨® que Vizcaya cubre la atenci¨®n del 4,41% de los mayores del territorio, "muy cerca del 5% que se considera el adecuado", asegur¨®. Este ¨ªndice era del 3,6% hace dos a?os. Aburto dijo que para 2011 se espera alcanzar el 5%. Hasta el pasado 31 de diciembre hab¨ªa 131 residencias con 8.337 plazas y la lista de espera era de 82 personas, que, seg¨²n el diputado, se solventar¨¢ "en dos meses". El presupuesto para las residencias se elev¨® a 67,6 millones.
El servicio de teleasistencia -destinado a emergencias, reparaciones, gestiones o atenci¨®n peri¨®dica para visitas al m¨¦dico o ingesta de medicamentos- asisti¨® a 6.563 personas. En cuanto a los discapacitados, hab¨ªa 863 plazas en 54 viviendas y residencias.
El ¨¢rea de Acci¨®n Social descubri¨® ilegalidades en 13 de las 127 residencias inspeccionadas de oficio, aunque "no afectaban gravemente al bienestar de los usuarios". Aburto present¨® una encuesta entre usuarios y familias de mayores, en la que la satisfacci¨®n con el servicio ronda el 95%.
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