Abortar en Portugal

Hasta ahora muchas de las 20.000 mujeres que abortaban clandestinamente cada a?o en Portugal acud¨ªan a diversas cl¨ªnicas espa?olas de ciudades fronterizas, entre ellas a Vigo, para interrumpir su embarazo. La raz¨®n de ello estribaba en que mientras el aborto era punible en Portugal, resultaba impune en Espa?a. Ciertamente, los C¨®digos penales de ambos pa¨ªses acogen en materia de aborto el denominado sistema de las indicaciones, que excluye la responsabilidad penal en determinados casos (redactados de forma muy parecida en los dos C¨®digos) en los que la vida prenatal debe ceder ante un inter¨¦s superior, como es la salud de la madre o el derecho al libre desarrollo de su personalidad, seg¨²n han reconocido nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo.

Sin embargo, existe una diferencia trascendental en la interpretaci¨®n jurisprudencial de las respectivas regulaciones: mientras que en Espa?a se ha ido imponiendo paulatinamente una ex¨¦gesis muy laxa de la indicaci¨®n basada en el peligro para la salud ps¨ªquica de la embarazada, en Portugal la interpretaci¨®n ha sido muy restrictiva, de tal manera que s¨®lo en casos excepcionales se ha admitido la legalidad del aborto.

Ahora bien, el panorama cambi¨® radicalmente para las mujeres portuguesas tras el refer¨¦ndum del pasado d¨ªa 11, a trav¨¦s del cual se consultaba a los ciudadanos si estaban de acuerdo con introducir la llamada soluci¨®n del plazo, y, en concreto, si admit¨ªan la despenalizaci¨®n del aborto realizado con consentimiento de la madre durante las 10 primeras semanas de embarazo.

El resultado del refer¨¦ndum no fue vinculante desde una perspectiva jur¨ªdica formal, porque la participaci¨®n no alcanz¨® (por poco) el l¨ªmite m¨ªnimo exigido (el 50% del censo). No obstante, la contundente victoria del s¨ª, con una diferencia de 18 puntos, obliga materialmente a modificar la legislaci¨®n portuguesa, dado que la regulaci¨®n vigente ha devenido ileg¨ªtima.

As¨ª lo ha entendido el presidente S¨®crates, quien ha anunciado su voluntad inmediata de reformar la regulaci¨®n penal por la v¨ªa parlamentaria ordinaria. Y no pod¨ªa ser de otro modo, puesto que en un Estado democr¨¢tico de Derecho es principio b¨¢sico considerar que la intervenci¨®n del Derecho penal ¨²nicamente ser¨¢ leg¨ªtima cuando se encuentre cimentada en una opini¨®n compartida de forma generalizada por los ciudadanos (el denominado criterio de las convicciones generales), y en este caso la penalizaci¨®n del aborto no s¨®lo no aparece ya avalada por esa necesaria convicci¨®n general, sino que, al contrario, se ha vuelto abiertamente ileg¨ªtima. Por tanto, a partir de ahora las mujeres del norte de Portugal ya no volver¨¢n a cruzar la frontera para abortar en Vigo.

Ahora probablemente sean no pocas las gallegas que hagan el trayecto inverso. Y ello por dos razones: de un lado, porque (a la vista de lo sucedido en el caso Parot) nadie les puede garantizar con certeza que los tribunales espa?oles seguir¨¢n manteniendo su laxa interpretaci¨®n de una norma penal que no otorga plena seguridad jur¨ªdica; de otro, porque algunas mujeres de nuestra tierra preferir¨¢n eludir la hip¨®crita interpretaci¨®n extensiva del peligro para la salud ps¨ªquica (tenida por vergonzante todav¨ªa en no pocas capas de la sociedad) y optar por interrumpir su embarazo en un pa¨ªs en el que no tienen que depender de la decisi¨®n del m¨¦dico.

De ah¨ª que deba respaldarse la proposici¨®n no de ley que el BNG acaba de presentar en el Parlamento gallego para instar a la Xunta a que reclame del Gobierno central una Ley de Plazos.

No hay duda de que la soluci¨®n del plazo (usualmente de 12 semanas) tendr¨ªa pleno acomodo en el texto constitucional espa?ol, siempre que fuese acompa?ada de un asesoramiento previo acerca de las ventajas que pudiera reportarle a la mujer la continuidad del embarazo (como preve¨ªa el Proyecto espa?ol de 1995), sistema adoptado por el legislador alem¨¢n precisamente para considerar constitucional dicha soluci¨®n y que previsiblemente ser¨¢ acogido tambi¨¦n en la futura reforma portuguesa.

Mientras tanto, ya sabemos: menos mal, a¨²n nos queda Portugal.