La juez imputa al alcalde de Riba-roja y a un empresario por delito de cohecho
El primer edil niega que las donaciones est¨¦n relacionadas con la adjudicaci¨®n de los PAI
Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, declar¨® ayer en un juzgado de Ll¨ªria como imputado por un delito de cohecho en relaci¨®n con el supuesto cobro de cantidades millonarias camufladas como donativos que supon¨ªan un pasaporte para la adjudicaci¨®n de obras. La denuncia la present¨® el empresario Vicente P¨¦rez Saura, administrador de Ribalge SL, quien asegur¨® haber entregado 120.000 euros para conseguir la adjudicaci¨®n de un PAI. P¨¦rez Saura dijo que el alcalde le reclam¨® 7,8 millones para otros proyectos. La juez tambi¨¦n ha imputado al empresario. Tarazona lo niega todo.
El constructor asegura que sin donativos no hab¨ªa adjudicaciones
El alcalde de Riba-roja acudi¨® al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Ll¨ªria acompa?ado de familiares, colaboradores y su abogada. Nada m¨¢s entrar en el despacho judicial anunci¨® que no responder¨ªa ni a la juez ni a la acusaci¨®n. Lo hizo s¨®lo a su letrada. Neg¨® cualquier acusaci¨®n de cohecho, asegur¨® que las donaciones de P¨¦rez Saura y otros empresarios fueron siempre voluntarias, que el Ayuntamiento las destin¨® a proyectos locales, que nunca ha visto ese dinero ni se ha quedado con un c¨¦ntimo, y que es v¨ªctima de una "persecuci¨®n pol¨ªtica" porque "este se?or ya me dijo que quer¨ªa quitarme del sill¨®n del Ayuntamiento".
A la juez le aport¨® el texto aprobado el pasado lunes por la noche en el pleno del consistorio en el que recoge una sucesi¨®n de los hechos bajo sospecha y en la que todo aparenta legalidad.
La donaci¨®n a una Administraci¨®n no es delito. Sin ser com¨²n, dicen fuentes de la fiscal¨ªa, no es corriente. Sin embargo, en este caso, y seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, existen indicios s¨®lidos de irregularidad. Tarazona insiste en que nunca ha condicionado la adjudicaci¨®n de obras a donativo alguno. Vicente P¨¦rez Saura asegura que obtuvo la licencia del PAI de Gallipont en 2002 gracias al compromiso de una donaci¨®n de 120.350 euros. Cantidad que efectivamente fue ingresada en una cuenta del Rural Caja a nombre del ayuntamiento y que fue distribuida, seg¨²n el interventor de la corporaci¨®n, del siguiente modo: 12.000 euros para la Sociedad Musical; 12.000 para el club de f¨²tbol; 9.000 para la Cena del Cristo; y 87.350 euros para ingreso en Caja. Esta ¨²ltima cifra se contabiliz¨® en la partida presupuestaria de ingresos bajo el ep¨ªgrafe: Aportaci¨®n Econ¨®mica de Agentes Urbanizadores para fines de inter¨¦s local. Y su destino fue, seg¨²n el interventor del Ayuntamiento: alumbrado p¨²blico de urbanizaciones; asfaltado de v¨ªas y obras; y acondicionamiento del centro de informaci¨®n juvenil. Fuentes de la investigaci¨®n aseguran que es muy dif¨ªcil demostrar que efectivamente las cantidades aportadas tuvieron ese destino porque al constituir magnitudes significativas, pueden diluirse.
El empresario, que present¨® la denuncia el pasado verano y era el propietario de la mayor¨ªa de las parcelas afectadas por el PAI de Gallipont -y seg¨²n el alcalde de Riba-roja el ¨²nico que pod¨ªa lograr la adjudicaci¨®n porque su oferta fue la mejor-, niega las explicaciones del primer edil. El administrador de la mercantil Ribalge SL, tambi¨¦n imputado por cohecho y que declar¨® la pasada semana por estos hechos, mantiene que est¨¢ documentada la relaci¨®n directa entre sus pagos bajo la forma de donaciones y la adjudicaci¨®n, que esa es pauta de comportamiento, que no es la ¨²nica v¨ªctima y que desde que se neg¨® a entregar m¨¢s aportaciones tiene paralizadas todas las obras. El empresario mantiene que era preceptivo comprometerse a realizar las aportaciones para poder obtener alguna licencia.
La representaci¨®n del empresario aportar¨¢ en breve la documentaci¨®n que acredita la relaci¨®n directa entre el pago de comisiones encubiertas y la adjudicaci¨®n de las obras. De hecho, el Ayuntamiento lo hizo as¨ª constar en una resoluci¨®n de 10 de octubre de 2002, en la que expresamente condiciona la aprobaci¨®n definitiva del PAI a que el empresario, agente urbanizador, consigne a favor del Ayuntamiento los 120.350 euros.
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