El justiciero de la Casa Blanca

Si la justicia tuviera nombre y apellidos, dif¨ªcilmente se llamar¨ªa Alberto Gonzales. A pesar de que este hispano de 52 a?os haya ejercido desde febrero de 2005 como fiscal general estadounidense, un cargo equivalente al de ministro de Justicia en Espa?a, la oscura estela de esc¨¢ndalos legales que deja a su paso, intr¨ªnsecamente unida al legado con el que la Administraci¨®n de Bush pasar¨¢ a la historia, no dejar¨¢n su nombre precisamente en un pedestal.

Sanci¨®n de la tortura de estado a trav¨¦s de leyes como la Patriot Act y la Ley de Comisiones Militares, desprecio expl¨ªcito por la Convenci¨®n de Ginebra y los Derechos Humanos, extensi¨®n desmedida del poder ejecutivo, espionaje ilegal de estadounidenses, purga entre los fiscales infieles al partido republicano... Si hubiera que resumir su carrera en la Casa Blanca, que arranc¨® como principal asesor legal del presidente en 2001, ¨¦stas ser¨ªan las perlas con las que se coronar¨ªa el curr¨ªculum de un abogado -"mi abogado", as¨ª lo llamaba el presidente- que uni¨® su nombre al de Bush cuando ¨¦ste a¨²n era gobernador de Tejas en 1994 como su consejero.

Su ascenso hasta la cima de la justicia estadounidense ha ido en paralelo al del propio presidente, el ¨²ltimo de sus defensores y su fan m¨¢s ferviente, el ¨²nico que durante los ¨²ltimos meses, y ante las voces dem¨®cratas y republicanas que ped¨ªan su cabeza por haber despedido a ocho fiscales por motivos pol¨ªticos, continuaba defendiendo a su m¨¢s leal colaborador, al hombre que teji¨® el monstruo legal, cargado de ilegalidades, en el que se ha escudado la Administraci¨®n de Bush para llevar a cabo su guerra contra el terrorismo.

Callado y discreto durante las reuniones de Gobierno, su rostro afable pero poco dado a la expresividad nunca desvelaba sus verdaderas opiniones, seg¨²n sus colaboradores. Su inescrutabilidad y su calma quiz¨¢ haya que buscarla en su pasado, en esos d¨ªas que transcurr¨ªa en Houston, la ciudad en la que creci¨®, observando en silencio el campus de la Rice University, donde vend¨ªa refrescos con 12 a?os para ganarse unos d¨®lares mientras so?aba con llegar a graduarse.

Pese a ser el segundo de ocho hijos nacido en el seno de una humilde familia de inmigrantes mexicanos, Gonzales consigui¨® el t¨ªtulo en leyes de la Rice University y tambi¨¦n el de Harvard y ascendi¨® profesionalmente hasta convertirse en el latino m¨¢s influyente de un Gobierno estadounidense. "Yo he vivido el sue?o americano. Incluso mis peores d¨ªas como fiscal general han sido mejores que los de mi padre", dijo ayer como colof¨®n a una breve aparici¨®n p¨²blica confirmando su dimisi¨®n.

Comenz¨® trabajando en Houston para una firma de abogados y desde all¨ª salt¨® al protectorado de Bush, quien se convirti¨® en su mejor amigo y aliado y viceversa. Primero fue su asesor legal, alcanzando el primero de sus cuestionables m¨¦ritos jur¨ªdicos al revisar para ¨¦l las peticiones de clemencia de los condenados a muerte en Tejas. Juntos se convirtieron en la pareja de gobernador-consejero que ha batido todos los r¨¦cords de ejecuciones de un Estado (150 personas en seis a?os).

De asesor legal, Gonzales escal¨® a secretario de Estado para culminar en 1999 con un asiento en el Tribunal Supremo de Tejas, pese a no tener experiencia como juez.

Tampoco ten¨ªa excesivos conocimientos sobre leyes federales o seguridad nacional, pero a Bush le import¨® poco. Una vez alcanzada la Casa Blanca, el presidente le convirti¨® en el asesor legal m¨¢s poderoso de su Gobierno. Tras los atentados del 11-S, Gonzales le devolvi¨® el favor ayud¨¢ndole a transformar su presidencia en reinado, urdiendo una amplia red de normas para extender el poder ejecutivo del presidente y elaborando leyes con las que justificar torturas y abusos en la guerra contra el terrorismo.

Dos meses despu¨¦s del 11-S, Gonzales pon¨ªa su firma en un memorando en el que se transformaba a los detenidos en la lucha contra el terrorismo en combatientes enemigos, se creaban tribunales militares para juzgarles y se les negaba el derecho al h¨¢beas corpus, entre otros. Como asesor legal tambi¨¦n se atrevi¨® a definir la Convenci¨®n de Ginebra como "obsoleta" y a justificar el uso de las torturas mediante vericuetos verbales en los que m¨¢s tarde se escudar¨ªan los acusados de practicarlas en las c¨¢rceles de Abu Ghraib y Guant¨¢namo. Revis¨® informes de la CIA y el Departamento de Defensa en los que se reconoc¨ªa la inmunidad de quienes incurrieran en torturas realizadas con permiso presidencial o "no intencionadas" y a todas le dio el visto bueno. Interrogado por el Congreso al respecto cuando el memorando sali¨® a la luz en 2004, Gonzales se escud¨® en su falta de memoria, algo que tambi¨¦n hizo al ser interrogado, ya como fiscal general, sobre el esc¨¢ndalo de las escuchas ilegales utilizadas por el FBI para espiar a los estadounidenses.

Con su salida del Gobierno quedan enterradas sus aspiraciones de llegar hasta el Tribunal Supremo estadounidense, un sue?o que acariciaba en silencio, ya que Bush parec¨ªa ser el ¨²nico dispuesto a ayudarle. En diversas ocasiones durante la actual presidencia su nombre hab¨ªa sonado entre los posibles candidatos. Pero Gonzales carec¨ªa del apoyo del ala m¨¢s derechista de los republicanos, que tem¨ªan que fuera demasiado blando en cuanto a temas como el aborto y contaba con el repudio total de los dem¨®cratas por su trayectoria como arquitecto legal en la guerra contra el terrorismo.

Su nombramiento al frente de la fiscal¨ªa era parte del plan urdido por Bush para que Gonzales ganara m¨¦ritos. Pero con todos los esc¨¢ndalos que le han salpicado y tras descubrirse el pasado diciembre que hab¨ªa despedido a nueve fiscales por lo que a todas luces parec¨ªa una purga dirigida a castigar a quienes no hab¨ªan mostrado con sus decisiones judiciales fidelidad absoluta a las ideas o intereses del partido republicano, el sue?o americano de Gonzales se ha hecho a?icos.