Ibarretxe, L¨®pez y Otegi, al banquillo

Habr¨¢ foto hist¨®rica en el banquillo de los acusados. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia vasco juzgar¨¢ al lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, a los dos principales dirigentes del PSE, Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares, y a cinco dirigentes de la ilegalizada Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, por las reuniones que mantuvieron durante el pasado alto el fuego permanente de ETA.

La fiscal¨ªa no acusa porque no hubo un mandato previo que desobedecer

El Foro Ermua pide para Ibarretxe casi tres a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n

El juez instructor Roberto Saiz orden¨® ayer la apertura de juicio oral contra Ibarretxe y contra los dos dirigentes socialistas por entender que hay indicios de que fueron cooperadores necesarios en el delito de desobediencia del que est¨¢n acusados los cinco dirigentes del partido ilegalizado. La rapidez con la que Saiz ha ordenado la apertura de juicio oral -menos de una semana despu¨¦s de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior vasco rechazara los ¨²ltimos recursos pendientes- hace prever que la vista se celebrar¨¢ en los primeros meses de 2008, probablemente antes de los comicios generales de marzo.

?Y d¨®nde se ha producido la desobediencia en esta causa? Donde los ocho imputados ven conversaciones pol¨ªticas para conseguir "la paz en Euskadi" y apuntalar el ya fracasado alto el fuego permanente de ETA, el instructor de la causa considera que los acusados han desobedecido la sentencia del 27 de marzo de 2003 por la que el Tribunal Supremo orden¨® la ilegalizaci¨®n de Batasuna y el "cese inmediato de todas sus actividades". Esa sentencia fue la muerte civil y pol¨ªtica del brazo pol¨ªtico de ETA, cuyas actividades para entonces ya hab¨ªan sido suspendidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n.

Por eso, el juez entiende que el encuentro mantenido el 19 de abril de 2006 en Lehendakaritza (sede de la Presidencia del Gobierno vasco) entre Ibarretxe y Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Jos¨¦ Petrikorena; y tambi¨¦n la reuni¨®n que celebraron el 6 de julio del pasado a?o en un hotel de San Sebasti¨¢n Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares con los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Da?obeitia supondr¨ªan un "incumplimiento" claro de la sentencia del alto tribunal que ordenaba el cese total de las actividades de Batasuna.

Este "incumplimiento" al menos "con car¨¢cter indiciario", dice el juez en el auto notificado ayer, ha sido confirmado por los acusados durante la instrucci¨®n, porque ninguno de ellos ha negado las reuniones. "Sino, antes al contrario, [han sido] confirmadas las reuniones mantenidas" en sus declaraciones como imputados, precisa.

La instant¨¢nea en la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco ser¨¢ hist¨®rica porque es la primera vez que un lehendakari tendr¨¢ que sentarse en un banquillo de acusados. La causa contra Ibarretxe fue iniciada con una querella presentada por el Foro Ermua el 27 de abril de 2006, en pleno alto el fuego, ocho d¨ªas despu¨¦s del primer encuentro entre Ibarretxe y los dirigentes del partido ilegalizado. La querella ser¨ªa posteriormente ampliada por otra reuni¨®n que mantuvieron el 22 de enero pasado.

En el caso de los dos l¨ªderes socialistas vascos, fueron los dirigentes del PP los que presentaron una denuncia el 10 de julio de 2006 por la reuni¨®n celebrada cuatro d¨ªas antes en un hotel donostiarra entre una delegaci¨®n del PSE y una delegaci¨®n de la izquierda abertzale. Posteriormente, el Foro Ermua se sum¨® a la causa con una querella. Ambas causas fueron acumuladas por el juez instructor, que ha ido rechazando en todos estos meses las peticiones de sobreseimiento o archivo realizadas en varias ocasiones por los abogados de los ocho imputados.

La fiscal¨ªa del alto tribunal vasco ha mantenido en todos estos meses que no se ha producido delito alguno por esas reuniones. Y que para que exista desobediencia se tienen que cumplir una serie de requisitos que en esta causa no se dan. Entre ellos, la existencia de un "mandato legal y expreso dictado por la autoridad" y que la actitud de las personas requeridas para cumplir esa orden "sea de abierta negativa a obedecerla".

?ste ha sido uno de los argumentos centrales de las defensas, tumbados sucesivamente tanto por el instructor como por la Sala Civil y Penal, presidida por Fernando Ruiz Pi?eiro. El juez Baltasar Garz¨®n, por el contrario, rechaz¨® la v¨ªspera de su celebraci¨®n suspender la reuni¨®n entre PSE y Batasuna.

En su auto de ayer, el juez instructor resolvi¨® la ¨²ltima cuesti¨®n pendiente, invocada por la fiscal¨ªa: la imposibilidad de abrir juicio al no existir acusaci¨®n particular. El Foro Ermua y Dignidad y Justicia act¨²an como acusaci¨®n popular.

Para responder a eso, Saiz invoca una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2003 y un auto del propio tribunal vasco para fundamentar que el ejercicio de la acci¨®n popular lo es "en igualdad de plenitud y facultades que el Ministerio Fiscal" para mantener la acusaci¨®n. Y subraya que en esta causa el bien protegido "tiene naturaleza de bien de inter¨¦s general o colectivo", lo que le dar¨ªa un plus para acusar. El magistrado sostiene que en el delito de desobediencia el bien protegido es "el concreto ejercicio de la Administraci¨®n al servicio de los ciudadanos". Y a?ade: "Pocas cosas agreden m¨¢s a ese servicio como el incumplimiento de los mandatos judiciales". Todo ello "vendr¨ªa a reforzar la legitimaci¨®n para el ejercicio de la acci¨®n popular" y defender el bien jur¨ªdico "hasta sus ¨²ltimas consecuencias procesales". En este caso, en la vista oral.

Las defensas tienen ahora 10 d¨ªas para presentar sus escritos, mientras que la fiscal¨ªa debe presentar en tres d¨ªas su previsible petici¨®n de archivo. El Foro Ermua ha pedido para Ibarretxe dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico; para L¨®pez y Ares, nueve meses de prisi¨®n cada uno; para Otegi, cuatro a?os de c¨¢rcel; para Petrikorena y Etxeberria, dos a?os de c¨¢rcel cada uno, y para Barrena y Da?obeitia, un a?o cada uno. Para estos cinco, inhabilitaci¨®n para el sufragio pasivo. La petici¨®n de Dignidad y Justicia es algo m¨¢s baja.