Los altos cargos incumplen la ley al no informar de sus bienes al Parlamento

El Gobierno de la Xunta incumple su obligaci¨®n de dar cuenta anualmente al Parlamento del contenido del registro de bienes patrimoniales de los altos cargos de la Xunta, uno de los puntos m¨¢s relevantes de la Ley de Transparencia aprobada hace a?o y medio. Fuentes de la Conseller¨ªa de Presidencia reconocieron ayer que el Ejecutivo sigue sin cumplir este mandato legal y aseguraron que se le dar¨¢ cumplimiento en las pr¨®ximas semanas, con toda probabilidad a lo largo del pr¨®ximo mes de enero. El motivo del retraso tiene que ver, seg¨²n las mismas fuentes, con un cambio de competencias entre departamentos de la conseller¨ªa que dirige Jos¨¦ Luis M¨¦ndez Romeu.

El Gobierno prev¨¦ enviar los datos al Parlamento a comienzos de 2008

La Ley de Transparencia es una de las tres normas sobre las que el bipartito ha querido construir su pol¨ªtica de regeneraci¨®n democr¨¢tica. Las otras dos son la Ley de Subvenciones (tambi¨¦n en vigor) y la de Publicidad Institucional, a¨²n pendiente de aprobaci¨®n por parte de la Xunta. Esta norma pretende hacer efectivo el derecho de los ciudadanos y de la sociedad a conocer la actividad de la administraci¨®n y "favorecer el control de la legalidad y la oportunidad de las decisiones administrativas" facilitando que la sociedad "asuma un papel activo en la vida administrativa".La Ley de Transparencia, aprobada en junio de 2006 y que entr¨® en vigor hace un a?o, inclu¨ªa una disposici¨®n adicional a trav¨¦s de la cual se de modificaba la Ley de Incompatibilidades de 1996, original del Gobierno de Manuel Fraga, con el fin de actualizar la relaci¨®n de altos cargos de la Xunta as¨ª como el r¨¦gimen de funcionamiento de los registros que contienen sus declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales.

La normativa anterior se limitaba a reconocer el derecho del Parlamento a consultar el registro de bienes, pero s¨®lo en determinados supuestos. La Ley de Transparencia, en cambio, obliga al Gobierno a remitir esta informaci¨®n a la C¨¢mara anualmente y de acuerdo con lo que el Parlamento disponga reglamentariamente. La ¨²nica excepci¨®n, seg¨²n la misma normativa, excluye de la obligaci¨®n de remitir a la C¨¢mara de las copias de la ¨²ltima declaraci¨®n tributaria correspondiente al impuesto sobre la renta y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio.

Del mismo modo, el Gobierno tampoco ha dado cumplimiento a otra de las modificaciones m¨¢s significativas impulsada para mejorar la transparencia y el control de los ciudadanos: la difusi¨®n a trav¨¦s de Internet del registro de actividades de los altos cargos. La ley anterior permit¨ªa ¨²nicamente la consulta del registro de forma presencial en las dependencias del Gobierno en San Caetano.

Los altos cargos tienen obligaci¨®n de hacer constar en el registro todas aquellas actividades que desarrollen por s¨ª mismos o mediante sustituci¨®n o apoderamiento en negocios, empresas o sociedades p¨²blicas o privadas que les proporcionen "o puedan proporcionar" ingresos econ¨®micos o en los que tengan participaci¨®n o intereses.

A su vez, en el registro de bienes tienen que incluir una relaci¨®n de su patrimonio "comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, a la que se adjuntar¨¢ copa de la ¨²ltima declaraci¨®n tributaria correspondiente al IRPF y al impuesto sobre el patrimonio".

La normativa sobre estos dos registros, el de actividades y el de bienes patrimoniales, afecta al presidente, los conselleiros, los secretarios y directores generales y los delegados provinciales de los diferentes departamentos del Gobierno. Tambi¨¦n a los presidentes, directores generales y asimilados de los organismos aut¨®nomos, a los delegados y representantes de la Xunta en entes con personalidad jur¨ªdica propia y al personal eventual que ejerza funciones de car¨¢cter no permanente expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial en los gabinetes de los miembros del Gobierno.

La lista de altos cargos se completa con los presidentes, directores (ya sean generales, ejecutivos, t¨¦cnicos o asimilados) en entidades de derecho p¨²blico dependientes de la administraci¨®n auton¨®mica, empresas p¨²blicas, sociedades o fundaciones en las que la Xunta participe con m¨¢s del 50% del capital o del patrimonio, as¨ª como el personal de confianza que trabaje para estas entidades y los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la administraci¨®n auton¨®mica cuyo nombramiento se realice por decisi¨®n del Consello de la Xunta.

La Ley de Transparencia prev¨¦ una amplia serie de medidas dirigidas a favorecer el acceso a la informaci¨®n institucional por parte de los ciudadanos con un especial protagonismo de Internet, algunas de las cuales ya se est¨¢n aplicando a trav¨¦s de las p¨¢ginas web de las diferentes conseller¨ªas, como la difusi¨®n de los sueldos que perciben los altos cargos de las diferentes conseller¨ªas. Toda la ley, seg¨²n reza en el pre¨¢mbulo y en sus principios generales, gira en torno a la necesidad de "satisfacer el inter¨¦s general" en la toma de decisiones, garantizar la transparencia y la eficacia de los acuerdos administrativos y asegurar el derecho de las personas a solicitar y obtener informaci¨®n.