Aborto y ley de plazos

El 28 de noviembre, el Parlamento de Galicia adopt¨® una decisi¨®n que pas¨® relativamente desapercibida, pero que ha venido a cobrar despu¨¦s gran relevancia a la vista de los acontecimientos sucedidos a lo largo del mes de diciembre. Con los votos del PSdeG y BNG, y sobre la base de una proposici¨®n no de ley que el BNG hab¨ªa presentado anteriormente, nuestro Parlamento adopt¨® el acuerdo de reclamar del Gobierno central un proyecto de ley de plazos en materia de aborto.

Al ser la legislaci¨®n penal competencia exclusiva del Estado, el Parlamento gallego se ha limitado a hacer lo que la Constituci¨®n le permite, esto es, solicitar del Gobierno espa?ol la redacci¨®n de un proyecto de ley que tendr¨ªa que ser aprobado por las Cortes Generales. Obviamente, con la legislatura terminada, esta solicitud carece de repercusi¨®n pr¨¢ctica inmediata y adquiere en este momento ¨²nicamente un valor simb¨®lico. No obstante, su trascendencia pol¨ªtica no debe ser minusvalorada en unos tiempos en los que, al socaire de los sucesos acaecidos en una cl¨ªnica de Barcelona, se ha desencadenado una aut¨¦ntica ofensiva de las fuerzas antiabortistas, dirigida especialmente contra las cl¨ªnicas privadas.

Penalizar el aborto en las primeras semanas es una violaci¨®n del m¨¢s elemental Derecho Penal

En una columna publicada el pasado mes de febrero ya advert¨ª del riesgo que para la seguridad jur¨ªdica posee una regulaci¨®n como la nuestra, basada en un sistema de indicaciones, singularmente en el caso del peligro para la salud ps¨ªquica de la embarazada, que es la indicaci¨®n que est¨¢ sometida a un mayor margen de discrecionalidad en la interpretaci¨®n jur¨ªdica y que, seg¨²n datos de Sanidad de 2005, es la m¨¢s invocada por las mujeres (96,6% del total de interrupciones voluntarias). Y es que, desde su implantaci¨®n en 1985, se hab¨ªa venido manteniendo una ex¨¦gesis muy laxa de esta indicaci¨®n, con lo que se llegaba a una situaci¨®n tan parad¨®jica como hip¨®crita: mientras nuestra ley penal es, en teor¨ªa, una de las m¨¢s restrictivas de los pa¨ªses de nuestro entorno (porque no se admite la soluci¨®n del plazo), en la pr¨¢ctica muchas mujeres extranjeras ven¨ªan a abortar a Espa?a, al amparo de la indicaci¨®n de la salud ps¨ªquica, porque para ¨¦sta no existe plazo alguno.

Ahora bien, la ventaja del sistema del plazo no s¨®lo reside en la seguridad jur¨ªdica (no traslada la decisi¨®n al m¨¦dico), sino que, al limitar el plazo a las primeras semanas de embarazo (usualmente 12 semanas en las legislaciones extranjeras), se evita tener que realizar el aborto cuando el embri¨®n pasa a ser feto, un aborto que s¨®lo en casos excepcionales (un aut¨¦ntico y grave peligro para la salud de la embarazada, que prevalece sobre la vida prenatal) puede estar justificado.

Por lo dem¨¢s, sigo sin comprender c¨®mo es posible argumentar, como acaban de hacer dirigentes del PSOE, que no hay el suficiente consenso para introducir un sistema de plazos. Con tal argumentaci¨®n se olvida que lo que se persigue con este sistema no es legalizar el aborto, sino ¨²nicamente renunciar al castigo penal, y s¨®lo en determinados supuestos. Es m¨¢s, el consenso (un ampl¨ªsimo consenso) se necesita precisamente para lo contrario, o sea, para mantener la sanci¨®n penal.

Y lo cierto es que, dejando ya al margen el dato de que el PSOE present¨® en 1996 un proyecto en las Cortes, el sistema del plazo fue incorporado a su programa electoral en 2004 por amplia mayor¨ªa. Si a ello a?adimos que IU, ERC y Grupo Mixto (aparte de algunos votos confesos de CiU y PNV) tambi¨¦n han avalado dicho sistema, la conclusi¨®n es que la penalizaci¨®n del aborto dentro de las primeras semanas de embarazo ha carecido materialmente de toda legitimidad a lo largo de la presente legislatura, con lo que su pervivencia supone una violaci¨®n de los principios m¨¢s elementales del Derecho Penal en una sociedad democr¨¢tica y plural. En todo caso, no logro entender tampoco por qu¨¦, al menos, no se somete a refer¨¦ndum dicho sistema, como se ha hecho en Portugal.

Finalmente, con independencia de una futura reforma de la regulaci¨®n penal, hay una actuaci¨®n de gran importancia, que compete a cada comunidad aut¨®noma y que, por tanto, puede acometerse desde la nuestra: garantizar que cualquier mujer pueda llevar a cabo la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en los centros sanitarios p¨²blicos. En Galicia contamos para ello con el apoyo de todas las fuerzas pol¨ªticas, porque el PPdeG acaba de proclamar en el Parlamento su respaldo a una iniciativa de estas caracter¨ªsticas.