El aut¨¦ntico debate nuclear

La defensa de la energ¨ªa nuclear, castigada con una moratoria en Espa?a desde 1991, se ha librado tradicionalmente en las trincheras de la ecolog¨ªa -la generaci¨®n electronuclear no arroja a la atm¨®sfera di¨®xido de carbono ni otros gases contaminantes- y en la suposici¨®n de que el kilovatio nuclear es m¨¢s barato que el generado con carb¨®n o fuel. Ambas premisas pueden y deben discutirse; de eso, entre otras cosas, deber¨ªa tratar el pospuesto debate nuclear. La opini¨®n antinuclear ha esgrimido el caso Chern¨®bil como ejemplo de que las plantas nucleares contaminan poco por lo general, aunque, cuando lo hacen, contaminan de verdad. La confianza p¨²blica en las nucleares depende de unos est¨¢ndares de seguridad que los gestores espa?oles tienden irresponsablemente a ignorar, como demuestra la cadena de incidentes en Asc¨®, Vandell¨®s o Cofrentes. En cuanto a la baratura, depende del n¨²mero de centrales conectadas. A m¨¢s centrales, kilovatio m¨¢s barato. Es decir, la oferta el¨¦ctrica espa?ola no ser¨ªa m¨¢s barata simplemente con una o dos nucleares nuevas.

Pero no es en la ecolog¨ªa o en el coste de la electricidad donde se juega hoy la viabilidad de la energ¨ªa nuclear. En el supuesto de que acabara hoy la moratoria, el Gobierno autorizase proyectos nucleares y se encontrara una localizaci¨®n adecuada para una o varias plantas, quedar¨ªa en pie el muro de la financiaci¨®n. Construir una central de ¨²ltima generaci¨®n cuesta aproximadamente 3.000 millones de euros. Dadas las paup¨¦rrimas condiciones del cr¨¦dito en los mercados internacionales, financiar un programa nuclear supondr¨ªa hoy una aventura dolorosa o suicida, a elegir. Pasar¨¢n algunos a?os antes de que el flujo de los pr¨¦stamos se normalice y las empresas acepten riesgos de ese calibre.

Aunque las condiciones financieras no fuesen un impedimento, las empresas necesitar¨ªan tener el camino regulatorio muy despejado antes de atreverse a iniciar un plan nuclear. De entrada, deber¨ªan tener la seguridad de que durante el periodo de amortizaci¨®n de la central o centrales -no menos de 25 a?os- no se aprueba una nueva moratoria nuclear; y, si se aprueba, que los derechos de inversi¨®n quedar¨¢n reconocidos. Por a?adidura, el inversor exigir¨ªa probablemente al Estado garant¨ªas contra los riesgos regulatorios. Cualquier encarecimiento por ley del coste de la seguridad o del tratamiento de los residuos implicar¨ªa una p¨¦rdida en la rentabilidad para las compa?¨ªas.

Ya se ve que el debate nuclear es algo m¨¢s complejo que la discusi¨®n sobre si es m¨¢s limpia o no que las centrales de gas o si el kilovatio costar¨¢ m¨¢s barato a los consumidores. Encierra una complejidad financiera y regulatoria que los Gobiernos y las empresas observan con pereza, sobre todo si la demanda de energ¨ªa puede cubrirse con fuentes menos conflictivas. En cualquier caso, hay algo que est¨¢ fuera de discusi¨®n: la producci¨®n nuclear cuya inversi¨®n est¨¢ amortizada es la m¨¢s barata de todas las fuentes de energ¨ªa. Si este Gobierno, o los pr¨®ximos, no desean impulsar un debate nuclear -es decir, un Libro Blanco con los costes y ventajas perfectamente calculados-, se equivoca; pero si no ampl¨ªa la vida ¨²til de las plantas en funcionamiento, el error ser¨¢ may¨²sculo.