Ya era hora

La transici¨®n a la democracia en Espa?a se efectu¨® de una manera singular. Tuvo una primera fase, en la que se procedi¨® a una voladura controlada del r¨¦gimen nacido de la guerra civil, protagonizada por los titulares del poder en dicho r¨¦gimen. No se puede olvidar que Adolfo Su¨¢rez antes de ser el primer presidente de la democracia fue secretario general del Movimiento. A esa primera fase sucedi¨® una segunda, que consisti¨® en un proceso constituyente relativamente convencional del que naci¨® la Constituci¨®n actualmente vigente protagonizada por el conjunto de la sociedad espa?ola mediante el ejercicio del derecho de sufragio.

Consecuencia de esa singularidad de nuestra transici¨®n, fue la forma en que la sociedad espa?ola se enfrent¨® o, mejor dicho, no se enfrent¨® con la rebeli¨®n militar contra la democracia en el a?o 1936 y con las consecuencias delictivas posteriores. No comparto la tesis de que la democracia espa?ola se haya edificado sobre la amnesia y en esto coincido con la opini¨®n que viene manteniendo desde hace muchos a?os y que ha expresado de manera reiterada Santos Juli¨¢ en este mismo peri¨®dico, ya que no se puede desconocer el esfuerzo de investigaci¨®n que se ha hecho a lo largo de los ¨²ltimos decenios para calificar pol¨ªtica y jur¨ªdicamente aquella rebeli¨®n militar contra la democracia y para sacar a la luz los cr¨ªmenes que se cometieron en su nombre. Pero s¨ª afirmo que la investigaci¨®n acad¨¦mica no ha sido acompa?ada por la actuaci¨®n de las instituciones pol¨ªticas representativas, Cortes Generales y Gobierno, o por los titulares del Poder Judicial, de tal manera que no fuera exclusivamente en libros y art¨ªculos de revista escritos por historiadores o juristas en los que se produjera el enjuiciamiento de la rebeli¨®n contra la democracia, sino que quedara constancia de ella en decisiones parlamentarias y/o en resoluciones judiciales.

Lo suyo hubiera sido que las Cortes Generales, como ha ocurrido en otros pa¨ªses que han tenido que hacer procesos de transici¨®n tras reg¨ªmenes antidemocr¨¢ticos, se hubieran enfrentado con el problema y tras la actuaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n, hubieran aprobado la resoluci¨®n parlamentaria pertinente.

Por distintas razones, ello no ha sido posible. Este vac¨ªo que han dejado las instituciones representativas ha propiciado que otras instancias est¨¦n empezando a actuar para llenarlo. Como dec¨ªa el viejo Friedrich Engels en el Anti D¨¹hring, las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana. Y por la ventana est¨¢n empezando a entrar los intentos de revisar a trav¨¦s de un poder del Estado, en este caso, del Poder Judicial lo que fue la rebeli¨®n antidemocr¨¢tica de 1936 y sus consecuencias criminales posteriores.

En esta misma direcci¨®n, hay que apuntar las decisiones que est¨¢n siendo adoptadas por otros poderes p¨²blicos, como, por ejemplo, la de la Diputaci¨®n Provincial de Sevilla de retirar las menciones honor¨ªficas que se concedieron en su d¨ªa a los generales Franco y Queipo de Llano. Que la decisi¨®n haya sido adoptada por unanimidad es reconfortante.

Ya era hora. De manera oblicua, se est¨¢ abriendo camino la revisi¨®n de los acontecimientos m¨¢s dram¨¢ticos que se han producido en la Historia contempor¨¢nea de Espa?a. Tal vez ser¨ªa oportuno que el Parlamento de Andaluc¨ªa tomara cartas en el asunto y diera un impulso a la investigaci¨®n y a la reparaci¨®n de los agravios que todav¨ªa no han sido reparados. En Catalu?a, ya se han tomado iniciativas en este terreno y cuantas m¨¢s se tomen mejor, pues m¨¢s pronto nos iremos aproximando al momento en que podamos considerar que esa asignatura pendiente est¨¦ definitivamente aprobada.