Garz¨®n reparte la causa del franquismo

El juez Baltasar Garz¨®n dio ayer un nuevo golpe de efecto al declarar extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos y jefes de Falange, a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Naci¨®n y la forma de Gobierno", as¨ª como de "detenci¨®n ilegal con desaparici¨®n forzada de personas", en un marco de "cr¨ªmenes contra la humanidad". El magistrado, en el auto de 152 folios por el que se inhibe en favor de 62 juzgados territoriales, destaca que Franco y los militares golpistas desarrollaron una "actividad criminal planeada y sistem¨¢tica de desaparici¨®n y eliminaci¨®n de personas por razones ideol¨®gicas", lo que constituy¨® un "crimen contra la humanidad como claramente se defini¨® en el Estatuto y Tribunal de N¨¹remberg", que sistematiz¨® el derecho preexistente y se aplic¨® en los juicios contra los nazis.

El juez declara extinguida la responsabilidad criminal de Franco

El auto de Garz¨®n se?ala que "ante unos hechos como los aqu¨ª valorados (...) no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perd¨®n y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represi¨®n pol¨ªtica". "Las v¨ªctimas", agrega el juez, "no se merecen una resoluci¨®n que desconozca sus derechos ni la escenificaci¨®n que c¨ªnicamente se est¨¢ haciendo desde algunos sectores con una frivolidad dif¨ªcil de calificar, apelando a los m¨¢s bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontaci¨®n, cuando tan s¨®lo se pretende dar una respuesta judicial que ha sido demandada dentro del ¨¢mbito que se le reconoce a su derecho". Garz¨®n considera que "la justicia debe abordar esa respuesta en forma serena, pero ¨¢gil, sin dilaciones que se sumen a los a?os transcurridos sin la misma y que, eventualmente, puedan imposibilitar esa respuesta".

El magistrado no reniega de su investigaci¨®n, sino que se reafirma en que se debe seguir investigando porque los secuestros con desaparici¨®n de personas y la sustracci¨®n a sus padres de menores a los que se dota de identidades falsas son delitos permanentes. No obstante, al resultar extinguida por fallecimiento la responsabilidad de los autores del plan sistem¨¢tico de exterminio, asegura, el caso ya no debe continuarse en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de los lugares en que se cometieron los secuestros y donde han aparecido fosas con restos humanos. Garz¨®n ha acordado que se les pase testimonio de la causa en formato DVD para que puedan reanudar las investigaciones. Ahora ser¨¢n los jueces territoriales los que decidir¨¢n si siguen con las pesquisas y con las exhumaciones o si archivan los procesos. Seguro que entre 62 jueces habr¨¢ de todo, los que sigan con la causa remitida por Garz¨®n y los que la archiven.

La resoluci¨®n no ha causado sorpresa, puesto que el propio juez la anticipaba en el auto por el que se declaraba competente. El juez, de esta forma, ha dejado sin contenido el pleno de la Sala Penal de la Audiencia, convocado a instancias del fiscal jefe, Javier Zaragoza, ya que Garz¨®n ha hecho ahora lo que el fiscal pretend¨ªa que hiciera hace un mes. Habr¨¢ que ver qu¨¦ es lo que resuelve el pleno de la Sala, aunque es posible que no entre en el fondo del asunto.

Lo que s¨ª ha causado sorpresa es el hecho de que el juez haya dedicado todo un cap¨ªtulo a "los ni?os perdidos del franquismo", que no aparec¨ªan mencionados en el auto por el que se declar¨® competente. Dice Garz¨®n que de los documentos que figuran en la causa se desprende que "podr¨ªa haberse desarrollado un sistema de desaparici¨®n de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios a?os, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad". A esos ni?os les habr¨ªan cambiado los apellidos para permitir su adopci¨®n por familias adictas al r¨¦gimen.

"Esta situaci¨®n", dice el auto, "a pesar de lo terrible que puede parecer hoy d¨ªa y de que a la gran mayor¨ªa de los ciudadanos les puede resultar casi inveros¨ªmil, lo cierto es que presuntamente ocurri¨® y tuvo un claro car¨¢cter sistem¨¢tico, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos ni?os a las que no se les consideraba id¨®neas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo r¨¦gimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propici¨® una desaparici¨®n legalizada de menores de edad, con p¨¦rdida de su identidad, cuyo n¨²mero indeterminado dura hasta la fecha".

Se trata de delitos que no est¨¢n prescritos ni amnistiados y las v¨ªctimas (los hijos y sus progenitores) podr¨ªan estar vivas, por lo que "sus efectos seguir¨ªan perpetu¨¢ndose sobre ¨¦stas, ante la inacci¨®n de las instituciones del Estado". Garz¨®n precisa que ¨¦stos son los hechos y desde las instituciones, espec¨ªficamente el Ministerio Fiscal y los jueces competentes, se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las v¨ªctimas o se ofrezca la posibilidad de que aquellos que est¨¢n vivos (60 a?os en adelante) puedan obtener la recuperaci¨®n de su identidad.

Olvidar esta realidad por m¨¢s tiempo y poner trabas a la investigaci¨®n, asegura Garz¨®n, ser¨ªa tanto como contribuir a la perpetuaci¨®n de los efectos del delito.