El Supremo deja al ex director de Sondika a las puertas de la c¨¢rcel

A?o y medio despu¨¦s de su primera condena, el ex director del aeropuerto de Bilbao Segismundo L¨®pez-Santacruz tendr¨¢ que ingresar en prisi¨®n. El Tribunal Supremo ha confirmado ¨ªntegramente la pena de 9 a?os y medio de c¨¢rcel que se le impuso por cinco delitos durante su gesti¨®n al frente del aer¨®dromo, entre 1997 y 2001, en la que se pag¨® dos pisos a cuenta del erario p¨²blico y cobr¨® comisiones de 948.000 euros por las adjudicaciones de obras. La sentencia considera acreditado un incremento patrimonial "no justificado" y que "recibi¨® d¨¢divas por parte de terceros a cambio de procedimientos ilegales o irregulares".

El fallo, dictado el pasado d¨ªa 24, agota pr¨¢cticamente la v¨ªa judicial -es la tercera sentencia contraria, tras las del juzgado de instancia y el Tribunal Superior vasco, al que recurri¨®-, puesto que a L¨®pez-Santacruz s¨®lo le quedar¨ªa recurrir al Constitucional en amparo. Fuentes jur¨ªdicas se?alaron que este recurso no suspende la ejecuci¨®n del fallo, por lo que el ex director deber¨ªa ingresar en breve en la c¨¢rcel.

"Despoj¨® los fondos p¨²blicos" para pagarse la hipoteca de su vivienda

El Supremo confirma una a una las ilegalidades cometidas por el director del entonces aeropuerto de Sondika: que concibi¨® un plan de alquiler de una vivienda, cuya arrendataria era su madre, a cargo de AENA (el ente que gestiona los aeropuertos espa?oles) y con cuya renta fue pagando las hipotecas de dos pisos que compr¨® en Getxo. Adem¨¢s, pas¨® a AENA los gastos de electricidad, tel¨¦fono y garaje, pese a conocer que las normas vigentes lo imped¨ªan. "El acusado despoj¨® los fondos p¨²blicos, haci¨¦ndolos aplicar a un fin no autorizado, como es el pago del pr¨¦stamo hipotecario de su vivienda. Este acto de despojo lo efectuaba de manera mediata", se?ala el Supremo en su sentencia.

Sobre las contrataciones irregulares, que constituyen el delito de cohecho, el Supremo asegura que hay varios indicios acreditados "directa y claramente" y que el imputado realiz¨® "multitud de actuaciones irregulares". As¨ª, relata el pago de obras "a sabiendas" de que no se ejecutaron, la concurrencia para un trabajo de empresas del mismo grupo [la constructora Otaduy], adjudicaciones sin planos ni presupuestos, pagos anticipados a contratistas o la elecci¨®n de las ofertas m¨¢s caras sin justificaci¨®n.

La sentencia del alto tribunal se refiere a los ingresos en las cuentas de su familia cuyo origen no est¨¢ justificado y los gastos excesivos del ex director en proporci¨®n a su salario, "como son 57 millones de pesetas [m¨¢s de 342.000 euros] gastados en El Corte Ingl¨¦s entre 1997 y 2000, a?os en los que precisamente era el director del aeropuerto".

Agrega que otro indicio del delito de cohecho es un incremento patrimonial no justificado "de notables proporciones", que se calcula en hasta 948.000 euros, "coet¨¢neo a la ejecuci¨®n de los numerosos expedientes irregulares ya descritos". Por ello, avala las pruebas practicadas por el tribunal de instancia que permiten afirmar que L¨®pez-Santacruz "recibi¨® d¨¢divas por parte de terceros a cambio de procedimientos ilegales o irregulares".

El Supremo confirma igualmente la condena a la mujer del ex director, Laura Hern¨¢ndez, quien, "a sabiendas de la procedencia il¨ªcita del dinero que obten¨ªa su esposo, abri¨® cuentas donde ingresaba todo o parte de dicho dinero". Adem¨¢s, constituy¨® una sociedad a trav¨¦s de la que se compraron veh¨ªculos de lujo "y adquiri¨® bienes y servicios con aquel dinero". "Todo ello, con la finalidad de ocultar su origen il¨ªcito", recalca.

Con este fallo, que condena tambi¨¦n a los imputados a pagar las costas, queda ratificado que ambos deber¨¢n pagar m¨¢s de 4 millones de euros en multas, indemnizaciones y otros costes del proceso judicial. L¨®pez-Santacruz, que al poco de destaparse el esc¨¢ndalo se fue a residir a un chal¨¦ de Bormujos (Sevilla), ha sido funcionario del Ministerio de Fomento estos a?os (este fallo supondr¨ªa su inhabilitaci¨®n), aunque el pasado a?o, en una de las vistas judiciales, afirm¨® que hab¨ªa dejado su trabajo en la administraci¨®n p¨²blica.