Aguirre se deshilacha entre esp¨ªas
Los seguimientos a pol¨ªticos desatan las peores tensiones en el Gobierno regional
Cuatro hombres y su jefe entran en un despacho ajeno, requisan varios documentos y cierran con llave. Uno se queda de guardia para que nadie pueda acceder a la habitaci¨®n y, dos d¨ªas despu¨¦s, los mismos hombres regresan al despacho y se llevan un ordenador personal cuyo disco duro guarda supuestamente informes patrimoniales que comprometen la honestidad de pol¨ªticos con mucho poder.
Todo ha quedado grabado en las c¨¢maras de videovigilancia. Los intrusos trabajan para la Consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid. El jefe es el ex comisario Sergio Gam¨®n, director general de Seguridad Ciudadana, y los cuatro hombres son ex agentes de polic¨ªa. Han irrumpido en dependencias de la Consejer¨ªa de Justicia. No son extra?os, todo queda en casa.
Pero la persona que trabaja cada d¨ªa en el despacho asaltado (Juan Carlos Fern¨¢ndez, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia) y el hombre al que rinde cuentas (Alfredo Prada, consejero de Justicia) protestan al conocer el inquietante episodio y denuncian lo que consideran un esc¨¢ndalo. Ha ocurrido s¨®lo un d¨ªa despu¨¦s de que Prada fuera relevado en su puesto por Esperanza Aguirre. Ambos han ca¨ªdo en desgracia.
El asalto al despacho se cierra con la destituci¨®n de Gam¨®n como director general, aunque el Gobierno regional prefiere no despedirle y le mantiene con un salario de alto nivel en la direcci¨®n del ?rea de Seguridad de la Consejer¨ªa de Interior.
Pese a que la justicia investiga el suceso, llega tarde. Las im¨¢genes del asalto al despacho captadas por las c¨¢maras de videovigilancia han sido destruidas porque s¨®lo se guardan cinco d¨ªas de grabaci¨®n, seg¨²n cuenta el Gobierno de Madrid al fiscal. El caso se archiva por falta de pruebas. Parece un episodio aislado de burdo espionaje pero en realidad se trata del desenlace final de un largo desencuentro entre dirigentes del Gobierno que preside Aguirre, aderezado con pr¨¢cticas ilegales de presi¨®n a base de amenazas con dossiers.
Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2008, en plena tormenta pol¨ªtica dentro del PP por el fracaso electoral y el debate sobre la continuidad de Rajoy, un grupo de ex polic¨ªas y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y destinado en la Consejer¨ªa de Interior desarrolla tareas de espionaje pagadas con dinero p¨²blico y para las que no tiene competencias legales atribuidas.
"C" y "P" son los objetivos principales de los seguimientos durante aquellos meses de m¨¢xima fractura pol¨ªtica en el PP. Rajoy se asegura el apoyo mayoritario mientras Aguirre, en minor¨ªa, no se resigna a la derrota.
"C" es Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, adversario pol¨ªtico de Esperanza Aguirre a la que a veces critica con iron¨ªa y otras abiertamente. Unos a?os antes, Cobo intent¨® disputar a Aguirre, sin ning¨²n ¨¦xito, la presidencia del PP en Madrid. Cuando Cobo conoce por EL PA?S esos partes de seguimiento se mueve entre el estupor y la incredulidad. Repasa en su agenda personal lo que hizo aquellos d¨ªas. Y comprueba que el seguimiento es real. No hay ning¨²n dato err¨®neo.
"P" es Alfredo Prada, ex vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Justicia cuando sufre el espionaje. En los ¨²ltimos tiempos se ha distanciado de Aguirre. De todopoderoso vicepresidente, con competencias en Interior, pas¨® a simple consejero de Justicia.
En la batalla por el poder dentro del PP, Prada eligi¨® a Rajoy frente a su jefa, que le puso de patitas en la calle. Cuando recibe la llamada de este peri¨®dico y conoce los pormenores del seguimiento confirma que todos los detalles son ciertos.
El operativo de vigilancia especial a pol¨ªticos de Madrid, que ning¨²n miembro del Gobierno de Aguirre asume como propio, se organiza desde el n¨²mero 33 de la calle de Gobelas (Madrid), donde est¨¢ situada la sede de la Direcci¨®n General de Seguridad Ciudadana.
Ex polic¨ªas y ex guardias civiles forman parte de una unidad que intenta "proteger" a algunos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid con unos m¨¦todos secretos muy peculiares. Los expertos lo llaman "bloqueo de seguridad".
Sergio Gam¨®n es el jefe de los ex agentes. Tiene experiencia de mando. Fue jefe de seguridad en el Senado cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Y tambi¨¦n fue jefe de escoltas en La Moncloa en Vicepresidencia del Gobierno. Su labor era proteger a la socialista Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega.
Aguirre le ficha para la Comunidad de Madrid en 2006. Su primer jefe es Alfredo Prada, al que, seg¨²n los documentos que obran en poder de EL PA?S, terminaron espiando los propios hombres de Gam¨®n, citado en los partes de seguimiento al consejero de Justicia. Su segundo y actual jefe fue Francisco Granados, secretario general del PP, al que Aguirre ha ido endosando distintas consejer¨ªas y responsabilidades desde que lleg¨® al Gobierno. Asumi¨® el ¨¢rea de Interior que la presidenta le quit¨® a Prada.
Altos cargos de la Consejer¨ªa de Interior recalcaron a EL PA?S que pese a esta dependencia org¨¢nica, Gam¨®n "s¨®lo" despachaba con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Gonz¨¢lez, y con el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, al que supuestamente fich¨® el propio Gonz¨¢lez. El vicepresidente auton¨®mico lo niega. Nadie quiere saber nada de Gam¨®n.
Gonz¨¢lez, se defiende recordando que ¨¦l mismo ha sido v¨ªctima de espionaje. El vicepresidente ha denunciado a la Fiscal¨ªa los seguimientos de que fue objeto cuando viaj¨® a Cartagena de Indias en marzo de 2008. Gonz¨¢lez sostiene que ese seguimiento precis¨® de complicidades internas en la Comunidad de Madrid. Se trata de informes mucho m¨¢s elaborados que los "partes" realizados sobre otros miembros del PP, con una factura distinta y que apuntan a supuestas conductas delictivas del vicepresidente. Por aquella ¨¦poca, Gonz¨¢lez evalu¨® crear un CNI legal auton¨®mico y su amigo personal, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta lleg¨® a presentarle un borrador que dej¨® aparcado en un caj¨®n. El vicepresidente consider¨® que no era conveniente y, adem¨¢s, esa materia depend¨ªa de la Consejer¨ªa de Interior.
Granados introdujo ciertos cambios en la Consejer¨ªa de Interior cuando se hizo cargo de esa cartera. Contrat¨® como asesores en septiembre de 2007 a tres guardias civiles destinados en Valdemoro, donde el consejero fue alcalde. Y nueve meses m¨¢s tarde, en junio de 2008, coloc¨® en el departamento a un ex polic¨ªa llamado Marcos Pe?a que ven¨ªa recomendado por el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, uno de los dirigentes que m¨¢s trabaj¨® a favor de la teor¨ªa de la conspiraci¨®n que pretend¨ªa involucrar a ETA en los atentados del 11-M. Y puso a sus ¨®rdenes a los ex guardias. Estos ex agentes tienen una singularidad: s¨®lo responden ante el consejero. No est¨¢n bajo las ¨®rdenes del actual director de seguridad, Enrique Bar¨®n, quien ha desechado controlarlos. Pero no s¨®lo Bar¨®n recel¨® de su labor. El sindicato UGT lo dice a las claras: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex polic¨ªas, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qu¨¦ trabajo realizan". Granados sostiene que sus guardias civiles s¨®lo le hacen tareas de escolta.
UGT tambi¨¦n muestra su sorpresa al conocer que Sergio Gam¨®n sigue en n¨®mina de la Consejer¨ªa de Interior. Gam¨®n fue destituido como director general tras conocerse que hab¨ªa entrado con un comando en una sede auton¨®mica de la Consejer¨ªa de Justicia para requisar distinto material de un director que tambi¨¦n fue sometido previamente a seguimientos.
Pe?a, el otro fichaje de Granados, se dedic¨®, entre otras cosas, a elaborar informes sobre tramas corruptas vinculadas a ayuntamientos socialistas. El consejero de Interior ha escuchado a Pe?a estos meses exponerle algunas teor¨ªas sobre la relaci¨®n entre el incendio intencionado del coche particular de Granados en Valdemoro y la trama de corrupci¨®n socialista en el vecino municipio de Ciempozuelos. Tambi¨¦n ha escuchado Granados teor¨ªas de sus colaboradores sobre la implicaci¨®n del CNI en el espionaje a Ignacio Gonz¨¢lez. Los dos dossiers sobre los viajes p¨²blicos y privados al extranjero del vicepresidente, sobre los que el propio Gonz¨¢lez sospecha que pudieron tener su origen dentro de la propia Comunidad por la informaci¨®n que manejaban, no aparecen citados en ninguno de los partes de seguimiento de personajes pol¨ªticos elaborados por los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid. Gonz¨¢lez y Granados compartieron mesa ante la prensa el pasado jueves. Ambos negaron que ex agentes de la Comunidad de Madrid hubieran hecho seguimientos de pol¨ªticos del PP. Incluso llegaron a poner en duda que hubieran existido esos seguimientos. Era su puesta en escena para hacer frente a una situaci¨®n que intentaron despreciar el lunes -"?Por qu¨¦ hacen ustedes caso a lo que cuenta EL PA?S?", espet¨® Aguirre a los periodistas que le preguntaron ese d¨ªa por el caso- y que a lo largo de la semana ha desencadenado indignaci¨®n en los dirigentes nacionales del PP. Tanta que Rajoy orden¨® abrir una investigaci¨®n interna para depurar responsabilidades tras comprobar Aguirre intentaba cerrar el esc¨¢ndalo acusando a compa?eros del partido de mentir.
Antes de la conferencia de prensa del jueves, Gonz¨¢lez y Granados hab¨ªan llamado por tel¨¦fono a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid que fue espiado por ex agentes a sueldo de la Comunidad, para justificarse. "Yo no he sido, Manolo", proclamaron. Aguirre no levant¨® el tel¨¦fono. Recurri¨® a lo que m¨¢s le gusta, un mensaje escrito por el m¨®vil. En ninguna de las llamadas se atrevieron Gonz¨¢lez y Granados a poner en duda que el espionaje pol¨ªtico se hab¨ªa producido. A partir de ah¨ª, pensaron que para su exposici¨®n p¨²blica, la mejor defensa era el ataque.
En sus declaraciones, ambos exculpan a los ex polic¨ªas y ex guardias civiles que trabajan al servicio de la Consejer¨ªa de Interior y amenazan con querellas a EL PA?S, a Manuel Cobo, Alfredo Prada y Alberto Ruiz-Gallard¨®n, todos los que han dado credibilidad a los testimonios de altos cargos de la Consejer¨ªa de Interior y al contenido de los partes del espionaje en Madrid.
MARIANO RAJOY. Primero se fio de ella y ahora la investigar¨¢
Observ¨®, escuch¨® y dej¨® hacer. En un primer momento, Rajoy cerr¨® filas en torno a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto, y yo les creo". Pero los nuevos cap¨ªtulos de la red de espionaje, de la que hab¨ªa tenido noticia meses antes por la denuncia del entonces tesorero del partido, obligaron al l¨ªder del PP a tomar cartas en el asunto. Atr¨¢s qued¨® la confianza en Aguirre. Orden¨® a Mar¨ªa Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigaci¨®n para esclarecer el esc¨¢ndalo de los esp¨ªas y depurar "responsabilidades".
ESPERANZA AGUIRRE. "Nos vemos en los tribunales"
La presidenta regional prefiri¨® ver el toro desde la barrera. Los tres d¨ªas siguientes a la publicaci¨®n de la noticia no compareci¨® p¨²blicamente. Incluso no presidi¨® el Consejo de Gobierno del jueves porque ten¨ªa "un acto privado". Al cuarto d¨ªa apareci¨® para desmentir de forma tajante que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administraci¨®n. Tras poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenaz¨® a EL PA?S: "Nos vemos en los tribunales". Y a rengl¨®n seguido pidi¨® a todo aquel que sostenga la tesis contraria a la suya que lo denuncie ante el juez.
ALBERTO R.-GALLARD?N. "Sabemos que ha habido espionaje"
El alcalde de Madrid se desmarc¨® una vez m¨¢s del discurso de Esperanza Aguirre. Gallard¨®n manifest¨® su rechazo a la red de espionaje desde un principio -el vicealcalde, Manuel Cobo, fue sometido a vigilancia-. "Sabemos que se ha realizado esa investigaci¨®n, porque no se ha hecho tacha de falsedad de la totalidad de los documentos [que public¨® EL PA?S]".
Para echar m¨¢s le?a a la hoguera, Gallard¨®n acus¨® a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que es il¨ªcito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos est¨¢n hechos por estas personas, es un delito", asegur¨® en TVE.
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