La investigaci¨®n por tr¨¢fico de influencias a¨²n no ha concluido

La primera denuncia por la que se empez¨® a investigar al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, la present¨® el empresario Vicente Vilar, en otros tiempos amigo suyo, quien le acus¨® de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos. Seg¨²n Vilar, Fabra medi¨®, durante el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para tratar de agilizar autorizaciones de fabricaci¨®n de productos fitosanitarios. Ocurri¨® en diciembre de 2003 y, seg¨²n Vilar, el "pago" por estos favores se realiz¨® a trav¨¦s de una asesor¨ªa de Fabra, a la que facturaba por la supuesta realizaci¨®n de informes de prevenci¨®n de riesgos laborales. El empresario present¨® tambi¨¦n ante el juez facturas de joyer¨ªas de supuestos regalos al presidente de la Diputaci¨®n.

Durante la investigaci¨®n, el empresario aport¨® decenas de documentos de cargos del PP en los que se interesaban por el estado de los productos fitosanitarios para los que Vilar hab¨ªa pedido autorizaci¨®n. Y la titular del Juzgado n¨²mero 1 de Nules le llam¨® a declarar como imputado por varios presuntos delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica, entre los que se encuentran el tr¨¢fico de influencias, el cohecho y las negociaciones prohibidas. Fabra lo neg¨® todo, pese a que su entonces esposa, Mar¨ªa Amparo Fern¨¢ndez, se hab¨ªa asociado con la de Vilar, Montserrat Vives, en una firma dedicada a la fabricaci¨®n de plaguicidas y herbicidas

Fraude fiscal

Pese a que los supuestos favores pol¨ªticos estaban encaminados a autorizar los productos que, seg¨²n se ha sabido, contaban con an¨¢lisis e informes falsificados, la Audiencia de Castell¨®n decidi¨® el pasado mes de marzo que se trataba de temas diferentes y rechaz¨® acumular las causas, revocando as¨ª la decisi¨®n del propio juzgado de unir ambas investigaciones.

Pero, adem¨¢s, Fabra se enfrenta a otra acusaci¨®n. En 2005, en medio de la investigaci¨®n por cohecho, la Agencia Tributaria present¨® una denuncia de fraude fiscal por el impago de cuotas en 1999. La inspecci¨®n fiscal se?al¨® que no exist¨ªa una correspondencia "entre su incremento patrimonial y su capacidad econ¨®mica declarada, siendo injustificable esa discrepancia". Ante la presencia de numerosos ingresos en efectivo, la fiscal¨ªa reclam¨® investigar las cuentas y el patrimonio, tanto suyo como de su familia. La confecci¨®n del informe se aprob¨® en 2007 pero a¨²n no se ha concluido.

Fabra tuvo la posibilidad de aclarar ante la juez las acusaciones de la Agencia Tributaria. Sin embargo, se acogi¨® a su derecho a no declarar y nunca ha solicitado acudir al juzgado para explicar su versi¨®n.