La ley antiinmigraci¨®n castiga a Italia

Si hay una fecha que recuerda que Italia ha sido un pa¨ªs de emigraci¨®n es la de ayer. El 8 de agosto de 1956 mor¨ªan en una mina del pueblo belga de Marcinelle 262 trabajadores, entre ellos 136 italianos. Y ayer, mientras el presidente de la C¨¢mara de los Diputados, Gianfranco Fini, rememoraba en B¨¦lgica la mayor tragedia de la emigraci¨®n italiana tras la II Guerra Mundial, en Italia entraba en vigor el delito de inmigraci¨®n clandestina.

De nada han servido los reproches de la Iglesia, el rechazo de sindicatos y oposici¨®n, las preocupaciones del presidente italiano, el ex comunista Giorgio Napolitano, y las dudas de muchos juristas sobre su constitucionalidad: para los 650.000 inmigrantes indocumentados, que se estima residen en Italia, su presencia en el pa¨ªs a partir de ahora basta para convertirlos en criminales. Ayer mismo se produc¨ªan las primeras detenciones en varias ciudades.

"Los cuidadores 'sin papeles' tapan los huecos del sistema de protecci¨®n social"

La medida, contenida en el paquete de seguridad impulsado por el ministro del Interior, Roberto Maroni -miembro destacado de la Liga Norte, el partido que ha hecho de la lucha contra la inmigraci¨®n el pilar de su proyecto pol¨ªtico-, cumple la promesa que el Gobierno de Silvio Berlusconi realiz¨® hace un a?o en su primer Consejo de Ministros.

Pero se trata de un cumplimiento s¨®lo a medias. El Ejecutivo acaba de aprobar un decreto que, seg¨²n c¨¢lculos oficiales, permitir¨¢ la regularizaci¨®n de al menos 300.000 sin papeles. Y lo ha hecho a petici¨®n de miembros de la coalici¨®n en el poder que, en v¨ªsperas de la entrada en vigor de la ley antiinmigraci¨®n, han puesto encima de la mesa el problema que supondr¨ªa la criminalizaci¨®n de decenas de miles de badanti: personas que cuidan de mayores y enfermos y atienden a miles de familias italianas en sus hogares.

"?Qu¨¦ les decimos a las familias?", se pregunt¨® el viceministro de origen democristiano Carlo Giovanardi, quien propuso por primera vez esta regularizaci¨®n. Giovanardi suscit¨® recelos entre sus correligionarios del Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, y la ira de sus socios de la Liga Norte. Pero al final, la regularizaci¨®n masiva de cuidadores y personal dom¨¦stico ha sido aprobada por decreto esta misma semana. A partir del 1 de septiembre, estos trabajadores podr¨¢n ver legalizada su situaci¨®n laboral tras el pago de una tasa, como cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social, que espera ingresar unos 1.300 millones de euros.

Se repite ahora en Italia lo ocurrido en 2002, cuando antes de que entrara en vigor una restrictiva Ley de Extranjer¨ªa, el Gobierno de Berlusconi regulariz¨® a 650.000 sin papeles. "Fue la mayor regularizaci¨®n aprobada en Italia", recuerda Tito Boeri, economista y profesor de la Universidad Bocconi de Mil¨¢n, quien subraya que el Ejecutivo ha tenido que responder de nuevo con una medida de emergencia. Porque el colectivo de badanti "representa para muchas familias el ¨²nico recurso para tapar los huecos del sistema de protecci¨®n social".

Pero aun con esta regularizaci¨®n selectiva, los problemas no parecen haberse resuelto. Porque la criminalizaci¨®n de los inmigrantes indocumentados tambi¨¦n afecta a otros sectores productivos, como la construcci¨®n o la agricultura. As¨ª lo aseguraban muchos representantes de los partidos integrados en el Gobierno, encabezados por el ministro para el Desarrollo, Claudio Scajola, quien, en el Corriere della Sera, se ha mostrado a favor de "solucionar las situaciones m¨¢s delicadas, que no tienen nada que ver con la criminalidad". Sus palabras han levantado una polvareda pol¨ªtica en Italia. La Liga Norte ha replicado "que no hay ninguna posibilidad de [aprobar] otras regularizaciones". Mientras, dirigentes del partido de Berlusconi han insistido en que se trata de una necesidad vital para las empresas. Ayer fue Fini, desde B¨¦lgica, quien record¨® a sus aliados pol¨ªticos "que hay que respetar a los trabajadores aunque no tengan papeles".

"El debate abierto y la decisi¨®n de regularizar a las cuidadoras es la demostraci¨®n de que las pol¨ªticas del Gobierno sobre la inmigraci¨®n han fallado y est¨¢n destinadas a fallar", argumenta el profesor Boeri, "ya que las empresas del noroeste de Italia [el feudo pol¨ªtico de la Liga Norte] necesitan mano de obra que las leyes sobre la inmigraci¨®n hacen inaccesible".

El cupo de entrada de inmigrantes extracomunitarios ofreci¨® 170.000 puestos de trabajo en 2007. Se recibieron casi 700.000 solicitudes. "Seg¨²n la ley, son los empresarios quienes tienen que presentar una demanda [de permiso de trabajo] para inmigrantes que supuestamente est¨¢n en el extranjero. Pero la realidad es que ya se encuentran aqu¨ª", explica el jurista de la Universidad de Palermo Fulvio Vassallo Paleologo. Para este especialista de legislaci¨®n de extranjer¨ªa, el Gobierno "criminaliza a los inmigrantes" con las nuevas normas y abre adem¨¢s "una situaci¨®n imposible de sostener por los atascados tribunales italianos".

Pero es tambi¨¦n una medida para obviar las limitaciones a las expulsiones previstas en la normativa de la Uni¨®n Europea. "La llamada directiva de la verg¨¹enza, la directiva de retorno aprobada en diciembre de 2008, con todos sus defectos prev¨¦ garant¨ªas para los inmigrantes frente a la expulsi¨®n. Salvo que se haya cometido un delito", dice Vassallo. Pero en Italia ya es delito vivir sin papeles.