Lleg¨® la hora del laicismo
La nueva ley de religi¨®n es la ocasi¨®n para proclamar la laicidad pendiente del Estado y poner fin a la confesionalidad encubierta - Todas las iglesias lamentan el secretismo del Gobierno
?Por fin la culminaci¨®n de la transici¨®n religiosa? ?Una v¨ªa hacia el modelo laicista franc¨¦s? ?O es s¨®lo un cambio para que todo siga igual? Las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caama?o, sobre la inminente reforma de la Ley Org¨¢nica de Libertad Religiosa han disparado las especulaciones. Algunos temen que se desate una nueva guerra de los crucifijos, e incluso que peligre la paz religiosa. Otros dicen que ya es hora para esa reforma. Y muchos recelan. Han colmado sus decepciones en los ¨²ltimos a?os y creen que el Gobierno carece de coraje para llegar al fondo en la proclamada aconfesionalidad constitucional del Estado espa?ol.
Las disputas sobre la masiva presencia de s¨ªmbolos cat¨®licos en los colegios p¨²blicos son la historia de nunca acabar. En realidad, encubren un debate m¨¢s amplio: el de la confesionalidad encubierta del Estado espa?ol, muy visible en ocasiones. En muchos aspectos, el f¨¦rreo nacionalcatolicismo franquista sigue vigente, pese a lo acordado por la Constituci¨®n de 1978. Ocurre cuando el presidente del Gobierno y los ministros toman posesi¨®n de sus cargos ante un vistoso crucifijo, o cuando asisten a ceremonias cat¨®licas que son calificadas oficialmente "de Estado"; tambi¨¦n cuando el Gobierno socialista acuerda con la Conferencia Episcopal un nuevo y m¨¢s generoso sistema de financiaci¨®n p¨²blica para el culto y el clero cat¨®licos, marginando al resto de las confesiones, que cuentan ya con varios millones de fieles en Espa?a.
Cardenal Rouco: "El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de Espa?a"
La disputa sobre los s¨ªmbolos encubre el debate de la aconfesionalidad
Los obispos creen que la "unidad de creencia" hizo grande a Espa?a
La reforma religiosa anunciada cuenta con muchos apoyos, pero tambi¨¦n con reticencias. La primera cr¨ªtica se refiere al procedimiento. No hay informaci¨®n; nadie sabe c¨®mo se est¨¢ gestando. Es la queja de Mariano Bl¨¢zquez, secretario ejecutivo de la Federaci¨®n de Entidades Religiosas Evang¨¦licas de Espa?a (FEREDE). La Direcci¨®n General de Relaciones con las Confesiones Religiosas, del Ministerio de Justicia, pidi¨® opini¨®n a este dirigente protestante, hace algo m¨¢s de un a?o, sobre la oportunidad de cambiar la ley y sobre los asuntos a tocar. No ha vuelto a tener noticia, pese a remitir casi a vuelta de correo sus opiniones. Lo mismo le ha pasado al resto de los l¨ªderes de las confesiones que cuentan con la declaraci¨®n oficial de "notorio arraigo".
"Desconocemos cu¨¢les son los criterios del Gobierno y nuestro temor es que no se afronten los verdaderos problemas estructurales del sistema de libertad religiosa. Si se cambia la norma, lo mejor ser¨ªa un consenso generalizado, sobre todo si deseamos no romper la paz religiosa que es clave para la futura paz social", a?ade Bl¨¢zquez.
Tambi¨¦n se queja de "falta de informaci¨®n" la Iglesia cat¨®lica espa?ola, representada en la Comisi¨®n de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia por el jurista y sacerdote Silverio Nieto. La confesi¨®n mayoritaria se siente "algo m¨¢s que una invitada de piedra". Los obispos no se hacen ilusiones, pese a afirmar, en un principio, que la nueva ley de libertad religiosa no les afectar¨ªa "en absoluto", amparados por el concordato firmado en Roma en 1979. Ya no est¨¢n tan seguros.
La mera proposici¨®n de la reforma le parece a la jerarqu¨ªa del catolicismo "un acto de prepotencia", un paso m¨¢s en lo que el arzobispo em¨¦rito de Pamplona, Fernando Sebasti¨¢n, llama "el laicismo intransigente". Sebasti¨¢n, uno de los grandes cerebros del episcopado espa?ol, sostiene que "los partidos y asociaciones de izquierdas piensan que lo p¨²blico tiene que ser laico".
Ser¨ªa decepcionante que el debate previo de tan importante reforma se centrase en una supuesta guerra de crucifijos. Adem¨¢s, no ser¨ªa la primera. Ya hubo una, muy airada, en 1977, cuando el presidente de las nuevas Cortes, el cat¨®lico Antonio Hern¨¢ndez Gil, retir¨® el crucifijo de su despacho oficial. El general Franco, cruzado nacionalcat¨®lico, hab¨ªa muerto hac¨ªa dos a?os. Tambi¨¦n surgi¨® una gran trifulca cuando el director de Radio Nacional en 1982, Eduardo Sotillos, suprimi¨® el rezo del ¨¢ngelus al mediod¨ªa, y eso que mantuvo una sinton¨ªa de campanas y la siguiente locuci¨®n: "Con las campanadas del mediod¨ªa, Radio Nacional recuerda a sus oyentes cat¨®licos que es la hora del ¨¢ngelus".
Parecer¨ªa que por las cuestiones que afectan a la relaci¨®n entre un Estado laico y las creencias de sus ciudadanos no hayan pasado los a?os. En la execraci¨®n episcopal contra toda reforma que equipare derechos y deberes de las religiones impera la vieja proclama del Catecismo Patri¨®tico Espa?ol, de lectura obligatoria durante d¨¦cadas en las escuelas p¨²blicas y privadas. Para argumentar por qu¨¦ Espa?a hab¨ªa llegado a ser "Una y Grande", reproduc¨ªa casi al pie de la letra el famoso texto de Men¨¦ndez Pelayo sobre la "unidad de creencia" como partera de la Espa?a que fue una vez "luz de Trento y espada de Roma".
"Cristofobia" o "anticlericalismo rancio" son calificativos que se escuchan en las filas eclesi¨¢sticas ante el anuncio del ministro Caama?o sobre la supresi¨®n de s¨ªmbolos religiosos en los espacios p¨²blicos. El cardenal Antonio Mar¨ªa Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, es contundente: "Si la reforma implica que los cat¨®licos no pudieran jurar sus cargos ante un crucifijo, no ser¨ªa aceptable. El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de Espa?a. Siempre hay minor¨ªas que se ofenden por todo, pero la presencia del crucifijo es masiva en todos los pueblos, as¨ª que o se destruye Espa?a para quitarlos, o cierran los ojos".
Es tambi¨¦n la opini¨®n del jurista y pol¨ªtico catal¨¢n Jorge Tr¨ªas Segnier. Afirma, con esta cita de Unamuno: "La presencia del crucifijo en las escuelas no ofende a ning¨²n sentimiento ni aun al de los racionalistas y ateos; y el quitarlo ofende al sentimiento popular hasta el de los que carecen de creencias confesionales". Seg¨²n Tr¨ªas, este pensamiento del autor de La agon¨ªa del cristianismo resume el sentimiento de la mayor¨ªa de los espa?oles. "No me parece un buen inicio para comenzar a discutir las bases de la nueva ley y tratar de llegar a un acuerdo entre el Estado y las confesiones comenzar con esa iniciativa agresiva e innecesaria. Me sorprende en un ministro dialogante como parece que es Francisco Caama?o. Espa?a es un estado aconfesional pero no laicista. Seg¨²n el art¨ªculo 16 de la CE debe existir una especial cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y con las dem¨¢s confesiones, seg¨²n sean las creencias mayoritarias de la sociedad espa?ola. Eso es lo que dice la Constituci¨®n. Pretender otra cosa es inventarse una interpretaci¨®n que no est¨¢ en la ley. Me cuesta entender qu¨¦ es lo que pretende el Gobierno con la retirada de los s¨ªmbolos cristianos. La modernidad no comienza con la revoluci¨®n francesa. La modernidad, es decir, los principios de igualdad, libertad y caridad o amor o fraternidad, son principios evang¨¦licos que sintetizan la tradici¨®n b¨ªblica de la Tor¨¢", a?ade.
Antonio Moncl¨²s, catedr¨¢tico de Did¨¢ctica y Organizaci¨®n Escolar, tambi¨¦n acude a una cita de gran autoridad para sustentar su criterio. Se refiere a Fernando de los R¨ªos, ministro de Instrucci¨®n P¨²blica en la II Rep¨²blica. Escribi¨® en 1931: "El Estado, ni por su naturaleza jur¨ªdica, ni por su finalidad, ni por el postulado que hemos admitido en Espa?a, la libertad de cultos, puede ni debe hacer otra cosa que declarar su car¨¢cter aconfesional. El Estado solicita del hombre acciones con que ir tejiendo la conducta de la comunidad; pero el Estado no puede solicitar del hombre ni emociones, ni sentimientos, ni creencias, y es, sin embargo, en el reino de la emoci¨®n, del sentimiento y de la creencia donde viven la fe y la confesi¨®n. Por eso, ante el dintel de la fe, de la creencia, de la emoci¨®n, del sentimiento, el Estado no es que puede, es que debe mantenerse alejado y neutral; es decir, el Estado tiene que ser aconfesional".
Antonio Moncl¨²s sostiene que "la presencia de crucifijos o s¨ªmbolos religiosos en las escuelas es una consecuencia directa del nacionalcatolicismo que constituy¨® la esencia del r¨¦gimen franquista". Ello implica una serie de dimensiones. "En primer lugar, es una falta de respeto a la igualdad de oportunidades en lo que se refiere a la libertad de expresi¨®n, en este caso, de ideas religiosas o no religiosas. En segundo lugar, transmite el abuso de una posici¨®n dominante, en este caso la herencia del sistema de privilegios de la iglesia cat¨®lica en la educaci¨®n en Espa?a. En tercer lugar, no puede eludir el recuerdo de una victoria b¨¦lica, que fue el origen del estado franquista surgido tras la derrota en 1939 del gobierno republicano, leg¨ªtimamente constituido", dice.
Tolerancia o libertad
"El debate sobre los s¨ªmbolos religiosos en los edificios p¨²blicos s¨®lo se ha planteado en etapas democr¨¢ticas, en que el Estado ha intentado que las instituciones respeten la libertad religiosa". Es la tesis de M¨®nica Moreno Seco, profesora de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Alicante. En realidad, el ¨²nico antecedente es la Segunda Rep¨²blica (1931-1936). El Estado se defin¨ªa como laico y sin religi¨®n oficial (art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n). El debate se centr¨® fundamentalmente en la ense?anza, que deb¨ªa ser laica y obligaci¨®n del Estado (art. 48).
Como desarrollo constitucional, una de las primeras medidas fue la supresi¨®n de s¨ªmbolos religiosos en los centros educativos p¨²blicos, por medio de la Circular de la Direcci¨®n General de Primera Ense?anza de enero de 1932: "La Escuela, en lo sucesivo, se inhibir¨¢ de los problemas religiosos. La Escuela es de todos y aspira a ser para todos", dec¨ªa.
La respuesta de la Iglesia y los sectores conservadores fue intransigente. Pese a las manifestaciones de protesta, en mayor o menor medida la orden se aplic¨®, as¨ª como la voluntariedad, primero, y despu¨¦s la supresi¨®n, de la asignatura de Religi¨®n. Tambi¨¦n se procedi¨® a secularizar cuarteles, prisiones, hospitales y centros de beneficencia p¨²blicos, en donde el personal religioso desapareci¨® (capellanes castrenses, por ejemplo), o fue sustituido por profesionales.
La implantaci¨®n de la dictadura franquista (1939-1975) supuso un regreso a la confesionalidad del Estado, con omnipresencia de s¨ªmbolos religiosos en los edificios p¨²blicos. En 1967, las Cortes franquistas se vieron obligadas a aprobar la Ley de Libertad Religiosa, por la decisi¨®n del Concilio Vaticano II de introducir la libertad religiosa con la declaraci¨®n conciliar Dignitatis humanae.
El episcopado y las autoridades franquistas opinaron que la declaraci¨®n conciliar no era incompatible con la confesionalidad del Estado y la unidad cat¨®lica del pa¨ªs. Esta ley, no obstante, no pas¨® de refrendar una t¨ªmida tolerancia religiosa (era necesaria una autorizaci¨®n oficial para abrir templos o realizar manifestaciones religiosas fuera de los mismos), y mantuvo la confesionalidad del Estado, por lo que no se cuestion¨® la presencia de los s¨ªmbolos religiosos en espacios estatales.
Durante la transici¨®n a la democracia (1975-1982), el debate sobre la cuesti¨®n religiosa de nuevo fue un asunto pol¨¦mico. La Constituci¨®n de 1978 declara al Estado espa?ol como no confesional, pero incorpora una menci¨®n especial a la presencia de la Iglesia cat¨®lica en la sociedad espa?ola. El Acuerdo con la Santa Sede de enero de 1979 sobre la ense?anza y asuntos culturales no hace alusi¨®n a los s¨ªmbolos religiosos en las estancias p¨²blicas, y tampoco otro sobre las Fuerzas Armadas, tambi¨¦n de enero de 1979, pese a que contempla la existencia de capellanes castrenses en los cuarteles.
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