Juicio a la era del 'pelotazo' catal¨¢n

La Audiencia de Barcelona empezar¨¢ a juzgar esta semana la supuesta trama de corrupci¨®n en la Inspecci¨®n de Hacienda en Catalu?a, el caso que acab¨® con las aspiraciones del socialista Jos¨¦ Borrell a la presidencia del Gobierno hace una d¨¦cada y que arrastr¨® a renombrados empresarios de la ciudad y a otros profesionales de las finanzas estrechamente vinculados a la ¨¦poca del pujolismo que gobern¨® Catalu?a 23 a?os.

Con este juicio concluye el ¨²ltimo proceso de una ¨¦poca en la que abundaron irregularidades, delitos y tr¨¢ficos de influencia con ramificaciones en la justicia, la pol¨ªtica, los negocios y la propia Hacienda. Entre los 14 acusados figuran cinco de los inspectores m¨¢s importantes de la ¨¦poca en Catalu?a, pero en el banquillo se sentar¨¢n tambi¨¦n simb¨®licos personajes de la ¨¦poca: el constructor y ex presidente del FC Barcelona Jos¨¦ Luis N¨²?ez Clemente y su hijo; el financiero Javier de la Rosa, que acumula una ristra de condenas judiciales; el presidente de la inmobiliaria Ibusa y candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno; as¨ª como asesores fiscales que en aquellos a?os fueron mu?idores de esas operaciones que caracterizaron aquella cultura del pelotazo.

Jos¨¦ Luis N¨²?ez, ex presidente del Bar?a, y el financiero De la Rosa est¨¢n acusados

Como Juan Jos¨¦ Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y actualmente en prisi¨®n tras acumular tres condenas firmes de entre dos y tres a?os de c¨¢rcel por diversos procesos del caso KIO y fracasar en todos sus intentos de salir de la c¨¢rcel, incluida la petici¨®n de indulto al Gobierno. Ahora duerme en Brians I, el mismo penal en el que est¨¢ Juan Piqu¨¦ Vidal, el que fuera abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y condenado por el caso Estevill de extorsi¨®n a empresarios, otro exponente de aquellos a?os del lodo.

Tambi¨¦n se sentar¨¢ en el banquillo Joan Antoni S¨¢nchez Carret¨¦, el que fuera asesor fiscal personal de Pujol y que tuvo m¨¢s suerte que Folchi. Tras pagar una multa de 1,2 millones de euros, el Gobierno le indult¨® parcialmente y le rebaj¨® de dos a un a?o de c¨¢rcel una condena por no tributar una plusval¨ªa de m¨¢s de cuatro millones obtenidos por la venta de dos centrales el¨¦ctricas compradas y vendidas en 1991 en cuesti¨®n de horas.

El juicio es uno de los m¨¢s farragosos de la historia judicial espa?ola. El tribunal de la Secci¨®n Novena de la Audiencia de Barcelona, presidido por Carmen S¨¢nchez Albornoz, prev¨¦ que dure siete meses y ha se?alado sesiones de ma?ana y tarde, de lunes a jueves. La vista se iniciar¨¢ el martes con las cuestiones previas y es muy probable que se suspenda ese mismo d¨ªa hasta que el tribunal las resuelva o se remita a la sentencia, como suele ocurrir.

Decenas de testigos pasar¨¢n por la sala en ese tiempo, entre ellos el propio Jos¨¦ Borrell, pero diversas fuentes judiciales coinciden en que la sentencia depender¨¢ en gran medida de la prueba pericial, en donde los expertos de cada parte expondr¨¢n sus criterios sobre la existencia o no de infracci¨®n tributaria y sobre la actuaci¨®n de los inspectores en a?os anteriores. Y es que la existencia del delito fiscal arrastrar¨ªa los otros cargos que imputan los fiscales Emilio S¨¢nchez Ulled y Fernando Rodr¨ªguez Rey a los principales acusados: cohecho, falsedad en documento p¨²blico, oficial o mercantil, y prevaricaci¨®n y por los que reclaman penas que suman hasta 22 a?os de c¨¢rcel para alguna persona.

Como el inspector ?lvaro Pernas, en aquella ¨¦poca jefe de la unidad encargada de la promoci¨®n y venta inmobiliaria y que ya que fue condenado en una pieza separada de esta misma causa a 10 a?os de c¨¢rcel por falsear cinco actas de inspecci¨®n en 1998 que permitieron a una constructora ocultar una deuda fiscal de 2,4 millones.

O Jos¨¦ Mar¨ªa Huguet, jefe de la Dependencia Regional de la Inspecci¨®n de Hacienda en Catalu?a entre 1985 y 1994, que afronta una petici¨®n de 14 a?os de c¨¢rcel. Era el hombre de la m¨¢xima confianza de Borrell en Catalu?a, cuando ¨¦ste fue secretario de Estado de Hacienda. La tesis del fiscal es que los inspectores ama?aron las actas a las empresas a cambio de dinero o viviendas de las inmobiliarias. En el caso de Huguet se prob¨® que entre 1990 y 1991 cobr¨® 1,41 millones de euros del grupo KIO en una cuenta suiza, igual que el ex inspector Ernesto Aguiar, que qued¨® exculpado. Ambos dijeron a la juez en su d¨ªa que el dinero proced¨ªa de la Bolsa. "Es verdad que los pagos se hicieron, pero no los orden¨® Javier de la Rosa", explica su abogado, Francesc Jufresa, para quien su cliente "no pinta nada en esta causa, porque entr¨® el ¨²ltimo como inculpado y con calzador".

El grupo inmobiliario N¨²?ez y Navarro, defendido por Crist¨®bal Martell, tambi¨¦n niega que diera ning¨²n trato de favor a los responsables de Hacienda y asegura que entre 1992 y 1999 soport¨® 282 inspecciones realizadas por 47 funcionarios.