El t¨¦rmino "naci¨®n" se cae del Estatuto

El Tribunal Constitucional afronta la recta final de la sentencia del Estatuto de Catalu?a entre fuertes divisiones internas y peticiones de dimisi¨®n. Mientras, en Catalu?a cunde el nerviosismo por las consecuencias que una eventual sentencia adversa pueda tener sobre las elecciones auton¨®micas del oto?o de 2010. La votaci¨®n prospectiva del pleno del Constitucional del pasado d¨ªa 12 dej¨® patente que una mayor¨ªa de seis magistrados frente a cuatro sigue encallada en su oposici¨®n a los "s¨ªmbolos nacionales", en tanto que el t¨¦rmino "naci¨®n" ha quedado en la pr¨¢ctica descartado en el ¨²ltimo borrador de la ponencia. Un tercio de los preceptos impugnados por el PP se ver¨¢ afectado, siempre seg¨²n las fuentes consultadas.

El pleno busca un denominador com¨²n en torno a temas identitarios

El bloque conservador ve tachas en 55 ¨® 60 preceptos

Una sentencia de consenso dejar¨ªa m¨¢s competencias y mejor financiaci¨®n

La votaci¨®n prospectiva fue para ver si Arag¨®n variaba su posici¨®n

Las tres sesiones plenarias celebradas esta semana, con nuevas votaciones prospectivas sobre aspectos puntuales del t¨ªtulo preliminar, han mantenido las posiciones de todos. No obstante, no ha habido renuncia ni cambio de ponente, por lo que la magistrada encargada de la redacci¨®n de la sentencia, Elisa P¨¦rez Vera, ha salido con nuevas instrucciones para la reuni¨®n del pleno del pr¨®ximo jueves.

Tras las deliberaciones de los ¨²ltimos meses, la opini¨®n generalizada es que el enunciado del t¨¦rmino "naci¨®n" se caer¨¢ del Pre¨¢mbulo del Estatuto, salvo si hay un cambio excepcional de ¨²ltima hora. De hecho, ni siquiera se debate sobre ¨¦l en las ¨²ltimas prospecciones, que se centran en los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del T¨ªtulo Preliminar y singularmente, en torno a los derechos nacionales de Catalu?a. Las votaciones prospectivas han dejado claro que el magistrado del bloque progresista Manuel Arag¨®n Reyes sigue sin aceptar los principales s¨ªmbolos identitarios, lo que aboca a buscar nuevas f¨®rmulas que permitan consensuar una mayor¨ªa que salve del Estatuto todo lo posible.

Desde el pasado verano hay constancia del encallamiento del Tribunal en dos bloques, que dejan en minor¨ªa a cuatro magistrados del sector progresista encabezados por la presidenta Mar¨ªa Emilia Casas, junto a la ponente Elisa P¨¦rez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay. Del otro lado, a los conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodr¨ªguez Zapata, Vicente Conde y Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas a los que se suman, en una posici¨®n intermedia, Manuel Arag¨®n y el vicepresidente Guillermo Jim¨¦nez.

Los bloques progresista y conservador, siempre seg¨²n las fuentes consultadas, tampoco son homog¨¦neos entre ellos y en cada uno se mantienen posiciones m¨¢s o menos inamovibles. As¨ª que, vista la actual situaci¨®n, expertos constitucionalistas creen que ahora de deber¨ªa intentar conformar una nueva relaci¨®n de fuerzas, desplazando hacia el centro a dos progresistas y a otros dos conservadores y conformando una nueva mayor¨ªa de seis a cuatro integrada por tres magistrados de cada bloque: la presidenta Mar¨ªa Emilia Casas, que liderar¨ªa el acercamiento; la ponente Elisa P¨¦rez Vera y Manuel Arag¨®n de un lado, y el vicepresidente, Guillermo Jim¨¦nez, y los magistrados Vicente Conde y Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas del otro.

Quedar¨ªan fuera, en principio, los m¨¢s proclives a la constitucionalidad el Estatut, el catal¨¢n Eugeni Gay y el magistrado Pascual Sala, y del otro, el l¨ªder del sector conservador, Javier Delgado Barrio y el ultraconservador m¨¢s irreductible de todo el tribunal, Jorge Rodr¨ªguez Zapata. No obstante, de llegarse a esa situaci¨®n ideal, se confiar¨ªa en atraer finalmente a Sala y Delgado Barrio, apelando a su sentido institucional ya que ambos han sido presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial.

Esa hipot¨¦tica mayor¨ªa ser¨ªa la encargada de encontrar un m¨ªnimo com¨²n denominador en torno a los temas identitarios, que pasar¨ªa por desprenderse definitivamente del t¨¦rmino "naci¨®n" tal como consta en el pre¨¢mbulo, y tendr¨ªa que aquilatar las cuestiones m¨¢s pol¨¦micas del t¨ªtulo preliminar. Podr¨ªa admitir la bilateralidad del art¨ªculo tres pero los mayores problemas para pasar el list¨®n los tendr¨ªan los "derechos hist¨®ricos" del art¨ªculo cinco o los s¨ªmbolos "nacionales" del art¨ªculo ocho, en cuanto podr¨ªan interpretarse como un "derecho a la nacionalidad" de los catalanes. La obligatoriedad de conocer el catal¨¢n por todos los ciudadanos de Catalu?a del art¨ªculo seis sigue estando muy discutida.

En compensaci¨®n, el Estatuto mantendr¨ªa una parte sustancial de las nuevas competencias. Ser¨ªa un Estatuto de "tercera generaci¨®n", el m¨¢s avanzado competencialmente de todos y que ser¨ªa el modelo a aplicar a los dem¨¢s.

Con todo, las fuentes consultadas se?alan que alrededor de un tercio de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad del PP sufrir¨¢ tachas de inconstitucionalidad en algunos casos, y en su mayor parte habr¨¢n de ser interpretados en el sentido que declare la sentencia del Constitucional. Es decir, que alrededor de 40 art¨ªculos de los 126 preceptos impugnados por el PP podr¨ªan verse afectados. Los conservadores pretenden elevar esa cifra hasta la mitad de las impugnaciones, es decir, hasta unos 55 o 60 preceptos.

El cap¨ªtulo relativo al Poder Judicial en Catalu?a sigue como estaba en agosto. El PP impugn¨® la regulaci¨®n del Consejo de Justicia de Catalu?a por ser "¨®rgano de gobierno" del Poder Judicial en Catalu?a y "¨®rgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial y por sus atribuciones. La mayor¨ªa entiende que el cap¨ªtulo de la Justicia debe quedar regulado, con car¨¢cter general, en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

En cambio, el cap¨ªtulo de la financiaci¨®n es el que podr¨ªa concitar mayores acuerdos, al margen de algunos aspectos que puedan puntualizarse en la sentencia, aunque en las ¨²ltimas deliberaciones el tema de la financiaci¨®n apenas se ha mencionado.

Fuentes de los magistrados matizan sin embargo que el debate est¨¢ "a¨²n abierto" e incluso el t¨¦rmino "naci¨®n" puede ser "reconsiderado", si bien no dejan de atribuir a Manuel Arag¨®n la responsabilidad de lo que ha pasado por "hacer la guerra por su cuenta". De puertas hacia dentro muchos creen que la votaci¨®n prospectiva del pasado d¨ªa 12, impulsada por dos jueces del sector progresista y uno conservador, tuvo por objeto comprobar si Arag¨®n, te¨®ricamente adscrito al bloque progresista, mantendr¨ªa sus posiciones llegado el momento de votar.

O si, por el contrario, un cambio de ¨²ltima hora decantar¨ªa junto al voto de Arag¨®n el del vicepresidente Guillermo Jim¨¦nez, que ya en d¨ªa se adhiri¨® al bloque progresista para sacar adelante el Estatuto de Valencia. Siempre se hab¨ªa especulado con un cambio de ¨²ltima hora, dentro de una estrategia para asegurarse la presidencia tras la renovaci¨®n del Tribunal. Un cambio que ahora parece difuminarse en el horizonte.