Las empresas cobrar¨¢n los contratos con las Administraciones en 30 d¨ªas

La deuda de las empresas y las administraciones con sus proveedores sigue siendo un lastre para la competitividad de las compa?¨ªas espa?olas. La patronal considera que, tras las restricciones crediticias, la morosidad es el segundo gran obst¨¢culo con el que topan las empresas, sobre todo las pymes, para levantar cabeza. La vigente Ley de Medidas contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, de 2004, establece un plazo de 60 d¨ªas como tope para abonar las facturas. Una apostilla, sin embargo, lo ha impedido: "salvo acuerdo de las partes".

El anteproyecto de Ley de Econom¨ªa Sostenible incorpora un cap¨ªtulo para hacer frente a la morosidad. Entre ellas, hay una propuesta para modificar la Ley contra la Morosidad y la de Contratos del Sector P¨²blico para que reduzca el plazo m¨¢ximo de pago de 60 a 30 d¨ªas. Para el sector privado, el plazo ser¨¢ de dos meses. Ahora el tiempo medio es de 134 d¨ªas en el caso del sector privado -frente a los 67 d¨ªas de la Uni¨®n Europea- y de 89 d¨ªas en las operaciones comerciales entre empresas -en la UE es de 54 d¨ªas-, seg¨²n estima la patronal catalana Pimec.

El plazo m¨¢ximo queda en 60 d¨ªas para las operaciones entre privados

- Contratos p¨²blicos. Los proveedores cobrar¨¢n, seg¨²n el texto, en 30 d¨ªas a partir de la fecha de expedici¨®n de las certificaciones de obra o del documento que acredite la culminaci¨®n del contrato, siempre que su cliente sea una Administraci¨®n. El sector p¨²blico tendr¨¢, no obstante, un plazo de tres a?os para adaptarse a la norma. El plazo m¨¢ximo ser¨¢ de 55 d¨ªas en 2010, de 50 d¨ªas en 2011 y de 40 d¨ªas en 2012. A partir de 2013 deber¨¢n pagarse en 30 d¨ªas.

- Contratos privados. En las operaciones entre empresas, el plazo quedar¨¢ fijado en 60 d¨ªas. El Gobierno ha mantenido la apostilla "a falta de pacto entre las partes", pero la elimina para las empresas que sean consideradas "de reducida dimensi¨®n". Las peque?as y medianas empresas, que se han adherido a la plataforma contra la morosidad, opinan que el Ejecutivo ha vuelto a abrir una rendija para que todo siga igual. Adem¨¢s, el Gobierno da a los proveedores 30 d¨ªas para que env¨ªen la factura. "Estamos en las mismas. El cliente puede exigir que se le mande la factura apurando los 30 d¨ªas y entonces ya tiene tres meses para pagar. ?Y c¨®mo vas a denunciarlo? Si lo haces, ya sabes que no te van a contratar m¨¢s", explica Antoni Ca?ete, secretario general de Pimec y miembro de la plataforma contra la morosidad.

- C¨®digo de buenas conductas. El anteproyecto contempla la promoci¨®n de un "c¨®digo de buenas pr¨¢cticas comerciales", que no entra a detallar, y de la adopci¨®n de sistemas de mediaci¨®n y arbitraje. Sin embargo, ¨¦stos ser¨¢n de "adscripci¨®n voluntaria" por parte de las empresas. Las pymes vuelven a tachar la medida de "tibia", y sostienen que en otros pa¨ªses se han adoptado medidas para sancionar la morosidad con rapidez.

- Supervisi¨®n. Los interventores del Gobierno, las comunidades aut¨®nomas y los Ayuntamientos deber¨¢n elaborar informes trimestrales sobre los pagos a proveedores. Las corporaciones locales deber¨¢n remitir su informaci¨®n al Ejecutivo central o los Gobiernos auton¨®micos, que a su vez elaborar¨¢n un documento p¨²blico sobre incumplimientos. El anteproyecto tampoco prev¨¦ sanciones en casos de impagos, aunque facilita que se reclame el pago ante el juez como medida cautelar.