Imputados

El Gobierno ha puesto en marcha diversos cambios con la intenci¨®n de reducir la alta litigiosidad que se da en nuestro pa¨ªs. Ha creado una tasa o dep¨®sito previo de entre 25 y 50 euros para impugnar resoluciones emanadas por los tribunales. Se entiende que, de esta forma, se sit¨²a un m¨ªnimo filtro que ayudar¨ªa a descongestionar nuestros juzgados. Sin embargo, profesionales y juristas en general ponen en duda que esta medida sea realmente eficaz. Sobre todo, si se tiene en cuenta la propensi¨®n de algunos a acudir a los tribunales para dirimir cuestiones que bien podr¨ªan resolverse en otros ¨¢mbitos. En el peor de los casos, otros, m¨¢s que buscar la aplicaci¨®n de la justicia sobre hechos presuntamente ilegales, lo que persiguen es un sustancioso titular period¨ªstico con el que obtener determinado rendimiento pol¨ªtico.

Y, desgraciadamente, de situaciones de este tipo se alimenta cada d¨ªa m¨¢s la actualidad en general. Lo m¨¢s llamativo es lo sucedido al alcalde de Estepona (M¨¢laga) David Valadez, en el centro de la pol¨¦mica ahora despu¨¦s de que una juez le imputara por varios delitos al consentir, supuestamente, la construcci¨®n de una vivienda ilegal a su jefe de gabinete. Todo, a ra¨ªz de una denuncia presentada por un concejal ex gilista. Y que la Justicia parece que es ciega lo demuestra el hecho de que la magistrada ni siquiera hizo la m¨¢s m¨ªnima indagaci¨®n. Empapel¨® al edil sin tener en cuenta siquiera que ya, mucho antes de que hubiera denuncia alguna, hab¨ªa dado las instrucciones correspondientes para sancionar y restablecer la ley. A pesar de ello, el PP ha sido contundente en esa irresponsable estrategia de acecho y asfixia que ha establecido entorno a esta alcald¨ªa para lo que se al¨ªan hasta con imputados, esta vez s¨ª, por presuntos delitos de corrupci¨®n pura y dura.

Una clara utilizaci¨®n de la Justicia con fines inconfesables sin importar el cr¨¦dito de las personas involucradas y, ni siquiera, de la propia instituci¨®n a la que acuden. Desgraciadamente, no es el ¨²nico. Ah¨ª esta el secretario provincial del PSOE de Sevilla, Jos¨¦ Antonio Viera, senador, quien ha estado envuelto una rocambolesca actuaci¨®n judicial. Fue imputado tras una denuncia de los populares aunque, m¨¢s tarde, la juez de turno le retiraba tal condici¨®n. Reconoc¨ªa en un auto posterior que no exist¨ªan indicios en este sentido. Incluso, no se hab¨ªa reparado, adem¨¢s, en su condici¨®n de senador. Daba igual tan escandalosa rectificaci¨®n puesto que la m¨¢quina de triturar ya estaba en marcha. Est¨¢ claro que la propensi¨®n de algunos a los tribunales no hay tasa alguna que la frene, cueste lo que cueste, y no s¨®lo la fama de los denunciados, precisamente, sino, tambi¨¦n, la de los propios jueces que se ven atrapados por tan nefasto juego. Tiempo al tiempo.