PP y BNG negocian suavizar la nueva Lei de Caixas para evitar recursos

PP y BNG intentan evitar que la reforma de la Lei de Caixas que han pactado pueda ser tumbada en los tribunales. Los dos partidos buscaban ayer la manera de modificar el punto que obliga a las cajas a renovar en dos meses a todos los integrantes de sus asambleas y consejos de administraci¨®n, un aspecto conflictivo que puede dar alas a Caixanova o a otros organismos contrarios a la fusi¨®n para presentar un recurso.

El texto legal pactado por populares y nacionalistas, que hoy se debatir¨¢ en la comisi¨®n parlamentaria de Econom¨ªa, contrasta con lo que dice la Ley de ?rganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), la norma que regula el funcionamiento de los ¨®rganos de gobierno de estas entidades financieras. En su art¨ªculo nueve, la Lorca establece que los consejeros ser¨¢n elegidos "por mitades", una regla que est¨¢ pensada para otorgarles mayor estabilidad. Caixa Galicia renueva, cada dos a?os, al 50% de los representantes de todos los grupos (entidades sociales, impositores, ayuntamientos y empleados). Caixanova lo hace por partes: el a?o que viene le tocar¨ªa a los grupos de impositores (clientes) y los empleados.

El presidente de la Fegamp cree que se ha marginado a los ayuntamientos

Tras la negociaci¨®n, el PSdeG mantiene el 60% de sus enmiendas

Para evitar un recurso que, bas¨¢ndose en este punto de la ley, pueda prosperar y dar al traste con los planes del Ejecutivo auton¨®mico -que apuesta junto con los sindicatos y el BNG por una caja ¨²nica en Galicia-, PP y Bloque estudian cambios que dilaten la renovaci¨®n de una parte de las asambleas. Eso s¨ª, siempre garantizando la entrada de la representaci¨®n parlamentaria fijada por la reforma de la Lei de Caixas, que ser¨¢ del 20% en Caixanova y del 25% en Caixa Galicia. Para blindar la nueva norma, la Xunta tambi¨¦n est¨¢ realizando consultas jur¨ªdicas.

Al mismo tiempo, fuentes de Caixanova confirman que sus abogados barajan "todas las posibilidades" frente a la futura ley. En el entorno de la entidad que preside Julio Fern¨¢ndez Gayoso la norma se ve como un verdadero asalto a la autonom¨ªa de la instituci¨®n, y, m¨¢s a¨²n, considerando que ninguna de las ¨²ltimas diez reformas que se han aprobado en Espa?a obliga a reelegir a los ¨®rganos de gobierno en tan poco tiempo. Gayoso se ver¨¢ forzado a abandonar su cargo por razones de edad (el l¨ªmite para los consejeros se establecer¨¢ en 70 a?os), al igual que sus dos vicepresidentes, Guillermo Alonso J¨¢udenes y Alfonso Zulueta.

El PSdeG, que comenz¨® apoyando la reforma con car¨¢cter de urgencia, se ha desmarcado por completo de su desarrollo. Ayer anunci¨® que mantendr¨¢ el 60% de sus enmiendas, es decir, todas las que tocan asuntos de calado. El partido que lidera Manuel V¨¢zquez propone, entre otras cosas, obligar a los altos cargos a publicar sus sueldos. Los socialistas defienden adem¨¢s la presencia actual de los ayuntamientos en las asambleas y la autonom¨ªa de las cajas a la hora de decidir el destino concreto de su obra social.

Las reclamaciones que pretenden evitar PP y BNG tambi¨¦n pueden venir de los ayuntamientos, unas instituciones que, con respecto a la actual norma, ver¨¢n disminuida su representaci¨®n con car¨¢cter general en un 5% (tendr¨¢n ocho consejeros menos en las asambleas de 160 miembros).

"No somos partidarios de judicializar la vida pol¨ªtica, pero los ayuntamientos por separado podr¨ªan llegar a valorar la conveniencia de recurrir", aseguraba ayer Carlos Fern¨¢ndez, presidente de la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). La Fegamp expres¨® su malestar porque las modificaciones que han negociado PP y BNG no han sido consultadas a los alcaldes, que con la ley actual designan al 25% de los consejeros.