Las pensiones revolucionan el di¨¢logo social

El pensionazo del Gobierno, como se ha apresurado a bautizarlo el dirigente de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, ha irrumpido en el di¨¢logo social de forma prematura. La revoluci¨®n que supone elevar de 65 a 67 a?os la edad legal de jubilaci¨®n ha desconcertado a los agentes sociales -especialmente a los sindicatos-, que no ve¨ªan venir la jugada. Con ese mar de fondo, el Ejecutivo se propone arrancar oficialmente la ronda de di¨¢logo social, tras la presentaci¨®n el pr¨®ximo viernes de sus recetas laborales en el Consejo de Ministros.

Conscientemente o no, el Ejecutivo ha actuado de forma contraria a la que se le reclamaba: donde se ped¨ªan reformas profundas -en el mercado de trabajo, especialmente por parte de la patronal y la mayor¨ªa de los expertos- prepara propuestas tibias que har¨¢ p¨²blicas la pr¨®xima semana. Y en el debate m¨¢s verde -no hab¨ªa demandas de cambios profundos en las pensiones, m¨¢s all¨¢ del Banco de Espa?a y de que el calendario obligaba a renovar el Pacto de Toledo- opta por la l¨ªnea dura, la que suelen adoptar los pa¨ªses cuando sus sistemas de pensiones est¨¢n quebrados: elevar por ley la edad de jubilaci¨®n.

La negociaci¨®n con los agentes sociales comenzar¨¢ a mitad de febrero

Salgado asume el papel principal en detrimento de Corbacho

Esta iniciativa del Gobierno corrige la querencia que hasta ahora se le ha atribuido hacia las propuestas sindicales, en detrimento de las empresariales. Con el alargamiento de la vida laboral, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero hace suya una propuesta bendecida por la CEOE y denostada p¨²blicamente por los sindicatos. Tras conocerse las propuestas del Consejo de Ministros, la CEOE emiti¨® un comunicado que consideraba "muy positiva la medida". Justo lo contrario que los sindicatos, que anunciaron su "rechazo frontal".

Tras el movimiento del viernes, UGT y Comisiones Obreras ya no se f¨ªan de que las propuestas laborales vayan a ser moderadas, como se ha trasladado hasta ahora. "Tampoco parec¨ªa que fueran a introducir estos cambios en el sistema de pensiones", ironiza Toni Ferrer, n¨²mero dos de UGT. Tambi¨¦n Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social de CC OO, cree posible un enfoque "m¨¢s duro" de los cambios laborales esbozados en las ¨²ltimas semanas. La patronal ha rehusado pronunciarse sobre el di¨¢logo social con el argumento de que a¨²n no se conocen con detalle las propuestas del Gobierno.

Aunque se negocie en mesas diferentes, es probable que el Ejecutivo emplee esa baza de la compensaci¨®n para garantizarse el apoyo de ambas partes -CEOE por un lado y UGT y CC OO por otro- a su bloque laboral. En ese supuesto, la patronal aceptar¨ªa una reforma que cumple pocas de sus aspiraciones pero satisface a los sindicatos al dejar intacto el coste del despido y las cotizaciones a la Seguridad Social. A cambio, endurece el sistema de pensiones, pero de forma gradual y con alguna medida que los sindicatos no ven con malos ojos (como modificar algunos aspectos de la pensi¨®n de viudedad).

Para que prospere ese doble juego, las centrales tendr¨¢n que olvidarse del mazazo de las pensiones. Aunque Carlos Bravo duda de que salga adelante, al menos con la rotundidad expresada hasta ahora. "A ver si esto aguanta el paso por la comisi¨®n parlamentaria [del Pacto de Toledo, que debe acordar los cambios en el sistema de pensiones]. Saben que no cuentan con consenso", advierte.

El giro del Gobierno obedece a la urgencia por transmitir a los mercados una imagen de pa¨ªs solvente, empe?ado en adoptar medidas, aunque resulten traum¨¢ticas, para reconducir el d¨¦ficit desbocado (11,4% del PIB en 2009). "Est¨¢ imperando una l¨ªnea cortoplacista y economicista", ataca el l¨ªder de acci¨®n sindical de UGT.

Esa l¨ªnea m¨¢s centrada en la correcci¨®n de los desequilibrios se encarna en la vicepresidenta y ministra de Econom¨ªa y Hacienda, Elena Salgado. A ella se atribuye el esp¨ªritu de las medidas m¨¢s duras. Frente al papel de Salgado, que compareci¨® tras el Consejo de Ministros del viernes para explicar a un tiempo el plan de austeridad y la reforma de las pensiones, Celestino Corbacho, responsable directo de las prestaciones p¨²blicas como ministro de Trabajo, asist¨ªa en Barcelona a una reuni¨®n de ministros europeos del ramo, enmarcada en la presidencia espa?ola de la Uni¨®n Europea. La coincidencia no puede considerarse casual -o al menos no era inevitable-, pues la cita comunitaria figuraba en el calendario desde hac¨ªa tiempo y, sin embargo, el Gobierno opt¨® por mantener el orden del d¨ªa del Consejo de Ministros pese a la ausencia de Corbacho.

Lo aprobado por el Gobierno contradice el mensaje mantenido por Trabajo en general -y por Corbacho en particular- sobre la prolongaci¨®n de la vida activa. "Ahora no debe ser obligatorio", consider¨® recientemente en una entrevista radiof¨®nica. De hecho, la propuesta de elevar de 65 a 67 a?os la edad legal de jubilaci¨®n no figuraba en el primer documento sobre pensiones que Trabajo remiti¨® a Hacienda y a Presidencia para que incorporaran retoques. Al final, el retoque se ha convertido en la piedra angular de la reforma.

Con esos precedentes, nadie se atreve a afirmar con contundencia que no habr¨¢ m¨¢s sorpresas. En los ¨²ltimos d¨ªas ha circulado entre empresarios y sindicatos el rumor de que Econom¨ªa quer¨ªa introducir la idea de un contrato ¨²nico con despido m¨¢s barato -como defiende la patronal y apoy¨®, antes de ser nombrado, el secretario de Estado de Econom¨ªa, Jos¨¦ Manuel Campa- en la reforma laboral. Y ello a pesar de que el presidente del Gobierno se ha comprometido p¨²blicamente a no recortar derechos, entre ellos el de la indemnizaci¨®n por despido. Pero lo ocurrido con las pensiones trastoca todos los planteamientos iniciales.

Si no hay a?adidos de ¨²ltima hora, la reforma laboral se centrar¨¢ en reordenar las bonificaciones a la contrataci¨®n, de forma que beneficien a muy pocos colectivos. El m¨¢s beneficiado ser¨¢ el de los j¨®venes, pues el paro azota a este colectivo con casi el 40%. Previsiblemente nadie se opondr¨¢ a la medida, aunque la CEOE puede recoger con desagrado que disminuyan las bonificaciones para algunos colectivos que ahora las disfrutan (por ejemplo, las mujeres en general).

En el lado contrario, soliviantar¨¢ a los sindicatos la retirada de trabas a las empresas de trabajo temporal. El Gobierno se ha comprometido a aplicar, antes de mayo, una directiva europea que impide las restricciones a ese sector. Por ello, es previsible que se les permita operar en la construcci¨®n y en el sector p¨²blico (hasta ahora vedados) y que colaboraren con los servicios de empleo en la colocaci¨®n de trabajadores. La puesta en pr¨¢ctica del modelo alem¨¢n de reducci¨®n de jornada y los cambios en el trabajo a tiempo parcial, con medidas para evitar el absentismo laboral, completar¨¢n el ideario gubernamental.

Al mismo tiempo, sindicatos y patronal ultiman un pacto salarial y de empleo que debe servir de gu¨ªa para los convenios firmados este a?o. El acuerdo servir¨¢ para medir la capacidad negociadora de los agentes sociales y lo que cabe esperar de ellos en la negociaci¨®n a tres bandas que arrancar¨¢ en pocos d¨ªas. Siempre que no haya nuevos imprevistos.