La privatizaci¨®n la paga el usuario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso el pasado viernes la primera piedra del hospital de Torrej¨®n de Ardoz. Cuando est¨¦ acabado, 134.000 personas recibir¨¢n atenci¨®n sanitaria de una empresa que contratar¨¢ a m¨¦dicos y enfermeras y construir¨¢ el centro. Se unir¨¢ a los ocho hospitales con gesti¨®n privada que han cambiado el panorama sanitario en la regi¨®n en siete a?os. Ahora, uno de cada cuatro hospitales es privado total o parcialmente. Una apuesta similar ha te?ido la gesti¨®n en educaci¨®n y servicios sociales de Aguirre, una pol¨ªtica liberal que pregona las bondades de la privatizaci¨®n desde que fuera concejal en Madrid y que ha respaldado abiertamente la concertaci¨®n. Una f¨®rmula inventada al universalizarse la sanidad o la educaci¨®n para que los recursos privados complementasen a los p¨²blicos para llegar a todos, pero no para copar la cobertura.

?Salen beneficiados los usuarios, que pagan con sus impuestos estos servicios? Los datos disponibles sugieren que no. En el cap¨ªtulo sanitario, la OMS, despu¨¦s de estudiar decenas de experiencias privatizadoras, concluy¨® ya en 2006 que el desarrollo de estos modelos se logra "muchas veces a expensas de la calidad en la asistencia". Sanidad no ofrece datos oficiales sobre la calidad del servicio de los nuevos hospitales, pero s¨®lo dos de ellos se cuelan entre los 10 mejor valorados por los usuarios. Y los 75 quir¨®fanos extra no han aliviado las listas de espera quir¨²rgica.

En educaci¨®n, la clara apuesta por la ense?anza concertada perjudica en t¨¦rminos de igualdad. A los ni?os que van a la escuela p¨²blica, porque al no velar la Administraci¨®n por el reparto equitativo de estudiantes inmigrantes o con necesidades educativas especiales, ¨¦stos se concentran en sus aulas. Esto incide, seg¨²n los expertos, en los bajos resultados que obtienen en las pruebas de nivel. Quienes acuden a los colegios concertados no se forman de acuerdo a la realidad social en la que la inmigraci¨®n est¨¢ presente. Sus profesores cobran menos y no han superado las oposiciones a las que deben enfrentarse los docentes de la p¨²blica. En casi todos han de pagar cuotas "voluntarias" que perjudican a los alumnos m¨¢s pobres.Ahora, s¨®lo 6.000 mayores viven en residencias p¨²blicas, igual que hace 15 a?os. El crecimiento en las camas ha sido a costa de la concertaci¨®n o de la cesi¨®n del suelo a una empresa que construye y gestiona las residencias. Las denuncias por falta de personal, la mala calidad de los alimentos, las irregularidades en la dispensaci¨®n de la medicaci¨®n y la falta de material, como pa?ales, son m¨¢s numerosas en las concertadas y privadas que en las p¨²blicas.

SANIDAD Lo p¨²blico se valora mejor

Esta misma semana, Esperanza Aguirre colocaba la primera piedra del hospital de Torrej¨®n y sonre¨ªa para la foto junto al director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa. La Comunidad de Madrid pondr¨¢ el dinero y De Rosa ser¨¢ el encargado de construir y gestionar el centro. La asistencia ser¨¢ lo ¨²nico p¨²blico. El resto -m¨¦dicos, enfermeras, t¨¦cnicos, limpiadoras, cocineros...- depender¨¢n de empresas privadas que, en r¨¦gimen de concesi¨®n administrativa por un periodo de 30 a?os, gestionar¨¢n el hospital. Es como si la administraci¨®n alquilara el hospital. La renta le saldr¨¢ por 2.100 millones de euros.

La sanidad madrile?a ha cambiado mucho en los siete a?os que lleva Esperanza Aguirre en la presidencia de la regi¨®n. Cuando lleg¨®, en 2003, encontr¨® que los hospitales del Servicio Madrile?o de Salud (Sermas) eran de gesti¨®n p¨²blica. El Gobierno regional se responsabilizaba del personal sanitario, de los servicios, del mantenimiento... En aquella campa?a electoral prometi¨® construir siete hospitales nuevos. De golpe. ?C¨®mo, con qu¨¦ dinero?, se preguntaron muchos. Lo que hizo fue desvincularse de parte de la gesti¨®n mediante un sistema mixto p¨²blico y privado. En lugar de poner el dinero de golpe, las empresas se lo adelantan.

El hospital de Valdemoro, precedente del de Torrej¨®n, avanz¨® un paso m¨¢s en el modelo. Todo, m¨¦dicos y enfermeras incluidos, depend¨ªan de empresas privadas. El panorama queda as¨ª: ocho de los 32 hospitales del Sermas est¨¢n gestionados total o parcialmente por empresas. Y los cuatro nuevos que la presidenta prometi¨® para esta legislatura (Torrej¨®n, M¨®stoles, Carabanchel y Collado) seguir¨¢n el modelo de Valdemoro.

Pr¨¢cticamente no hay mes en el que no se conozca una nueva privatizaci¨®n. La ¨²ltima ha sido la de las citas m¨¦dicas. El Gobierno pagar¨¢ 400 millones en cuatro a?os a una empresa que montar¨¢ un call center para gestionar las citas de atenci¨®n primaria y las derivaciones a especializada, algo de lo que ahora se ocupan empleados p¨²blicos de los centros de salud.

Y, ?cu¨¢l es el balance? Sanidad no divulga los resultados de los hospitales. Ni si los nuevos tienen m¨¢s o menos quejas que los tradicionales. Ni si han tenido que penalizar a las empresas concesionarias por incumplimientos. Pero la ¨²nica encuesta que ha hecho p¨²blica, de marzo de 2009, asegura que s¨®lo dos consiguen colarse entre los 10 mejor valorados por los usuarios. El resto quedaron en los puestos 11, 15, 18, 19 y 22. Tampoco parece que los 75 flamantes quir¨®fanos extra hayan aliviado las listas de espera quir¨²rgicas. Nunca, desde que existe recuento (2004), hab¨ªa habido tantos pacientes en espera para una operaci¨®n. Y est¨¢ claro que prefieren el modelo p¨²blico, porque m¨¢s de un tercio de ellos rechaz¨® la primera opci¨®n que les ofrece Sanidad, que en muchos casos es una cl¨ªnica concertada.

ASUNTOS SOCIALES Recorte de gastos

Las plazas residenciales para mayores en la regi¨®n crecen y crecen, seg¨²n el Gobierno regional (hasta 22.000 en 2009). En realidad, las personas mayores atendidas directamente por el Servicio Regional de Bienestar Social se mantienen estables, en torno a las 6.000 desde mediados de los noventa. Sin embargo, la modalidad que m¨¢s aumenta es la del copago, la concertaci¨®n con residencias privadas. La Administraci¨®n paga un porcentaje del precio y el usuario, otro. Tambi¨¦n existe otra modalidad llamada el plan velocidad: los Ayuntamientos ceden el suelo y el Gobierno regional abre a concurso la construcci¨®n y gesti¨®n de la residencia, que tendr¨ªa plazas p¨²blicas y privadas a la vez. Como el caso de la Artevida en Alcobendas, denunciada en varias ocasiones por graves negligencias, la mayor¨ªa derivadas de la falta de personal.

Las personas que est¨¢n en esta situaci¨®n, o directamente en la gesti¨®n privada de recursos propios, han pasado de 10.931 en 2007 a 13.082 en 2008. Y subiendo en 2009, aunque todav¨ªa no hay una memoria oficial (de hecho la ¨²ltima publicada en Internet por la consejer¨ªa es la de 2007, aunque el Consejo Econ¨®mico y Social ya dispone de la de 2008). Los datos se resumen en el n¨²mero de residencias propias: 42, en comparaci¨®n con las privadas, 126.

Esta cesi¨®n, seg¨²n la portavoz socialista de Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar S¨¢nchez Acera, afecta directamente a la calidad de los servicios "porque las empresas al final son empresas y buscan recortar los gastos". Unos recortes que en ocasiones se han traducido en escasez de personal (sobre todo por las noches), falta de m¨¦dicos y material de rehabilitaci¨®n. Incluso en varias denuncias por la calidad de los alimentos. Y problemas en la medicaci¨®n y en el material b¨¢sico, como pa?ales.

Tambi¨¦n son empresas quienes ejercen la tutela de los ni?os por los que debe velar la Comunidad de Madrid y sufren alg¨²n tipo de trastorno (11 de los 29 centros). Incluso los centros de reforma de menores est¨¢n adjudicados a compa?¨ªas privadas, en muchos casos de vigilancia.

EDUCACI?N Escalada de conciertos

La escritura es tosca pero contundente: "Patrimonio robado al colegio p¨²blico". La pintada del muro recibe a padres y ni?os en el colegio Los Nogales, el antiguo Miguel ?ngel Blanco, en El ?lamo. Es el s¨ªmbolo de la vuelta de tuerca. Naci¨® como centro p¨²blico. Educaci¨®n invirti¨® dos millones de euros en el edificio central que da por perdidos. Y, con m¨¢s de 60 alumnos matriculados, aprob¨® su cesi¨®n a una empresa, lo concert¨®. Hubo manifestaciones y protestas, por la primera decisi¨®n de estas caracter¨ªsticas: ceder no s¨®lo el suelo, tambi¨¦n parte de la infraestructura pagada con fondos p¨²blicos. Los padres expulsados no se dan por vencidos dos a?os despu¨¦s. Sobre el colegio pesan tres sentencias: una favorable y dos en contra. Educaci¨®n modific¨® un decreto antes de Navidad para evitar devolverlo al patrimonio p¨²blico. El Ayuntamiento de El ?lamo, del PP, recibe 75.000 euros mensuales por el concierto. Le sirven para sanear unas cuentas p¨²blicas con m¨¢s de 18 millones de euros que heredaron del anterior gobierno socialista. El Ayuntamiento da un dato: en s¨®lo un curso, Los Nogales ha pasado de 70 a 330 matriculados. Y esa cifra, sostienen, demuestra que necesitaban un centro concertado, para facilitar la libertad de elecci¨®n.

El derecho de los padres a elegir, del que siempre habla la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, ha propiciado que la matr¨ªcula de la concertada creciera cinco veces m¨¢s r¨¢pido que la p¨²blica de 2000 a 2007. Casi la mitad de los alumnos madrile?os estudian en centros p¨²blicos (53,7%), frente al 63,7% de media nacional y s¨®lo por detr¨¢s del Pa¨ªs Vasco (49,6%), seg¨²n datos del Ministerio de Educaci¨®n. En 2008, la Comunidad cedi¨® casi tanto suelo para centros concertados como en los siete anteriores: 180.000 metros cuadrados, un 30% menos de lo que ocuparon los nuevos p¨²blicos. El negocio es redondo: Educaci¨®n no gasta un euro por construir el centro y los profesores cobran menos. La Comunidad defiende que las diferencias son m¨ªnimas. ?Es eso cierto? Volvamos a El ?lamo.

El colegio Los Nogales, seg¨²n un portavoz, tiene "dos o tres" inmigrantes por clase. En el colegio p¨²blico del pueblo, son m¨¢s del 30%. Tres de cada cuatro alumnos extranjeros de Madrid estudian en centros p¨²blicos (76%). El Pa¨ªs Vasco, con una distribuci¨®n similar de estudiantes en la p¨²blica, hace un reparto algo m¨¢s equitativo (32% de inmigrantes a la concertada, 67% a la p¨²blica). Eso "propicia la creaci¨®n de guetos y cultiva las diferencias como en una sociedad de castas; la escuela debe reproducir la sociedad", considera Rafael Feito, profesor de Sociolog¨ªa de la Educaci¨®n de la Complutense de Madrid.

En Los Nogales se paga por estudiar. No es un precio oficial, porque los concertados deben ser tan gratuitos como los p¨²blicos. Como en muchos otros centros, la cuota, de 60 euros, se disfraza de pago "voluntario" por las clases de refuerzo en ingl¨¦s.