Las escuchas imputan a varios curas por tapar la trama de Cultura

Todo est¨¢ en las cintas que la polic¨ªa grab¨® a los implicados en la trama corrupta que gestion¨® la rehabilitaci¨®n del patrimonio en las iglesias y monasterios de Ourense y Pontevedra entre 2003 y 2009. Seg¨²n consta en el minucioso sumario que instruye el Juzgado n¨²mero 3 de Santiago, la red, que presuntamente encabezaban dos funcionarios de la Xunta, el ex restaurador de la Conseller¨ªa de Cultura, Carlos G¨®mez-Gil Aizpur¨²a, y el arquitecto de la Sociedade de Xesti¨®n do Xacobeo, Jos¨¦ Manuel Pichel, se habr¨ªa lucrado con la restauraci¨®n de retablos en monumentos de las dos provincias, sirvi¨¦ndose de subvenciones del Gobierno gallego.

Los investigadores tienen pruebas fehacientes de que ambos funcionarios habr¨ªan percibido comisiones ilegales, en efectivo o en especie, por favorecer a empresas amigas. En muchos casos, los encargos de las obras de rehabilitaci¨®n del patrimonio reca¨ªan sobre ¨®rdenes religiosas e incluso sobre sacerdotes, una f¨®rmula que permit¨ªa a la red sortear los concursos p¨²blicos para adjudicar los contratos y beneficiar a cinco firmas restauradoras -cuyos directivos tambi¨¦n est¨¢n imputados- elegidas a dedo. Todo eso es lo que ahora est¨¢ investigando la juez. En los casi 2.000 folios que resumen la investigaci¨®n judicial se desmenuza el papel de cada uno de los actores en la trama, que acumula ya doce imputados, entre ellos varios sacerdotes de la provincia de Pontevedra e incluso el ex obispo de Tui-Vigo, Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo, quien tras su paso por la comisar¨ªa y el juzgado abandon¨® el cargo a finales de enero.

La red acumula 12 imputados, entre ellos el obispo Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo

"El problema es c¨®mo digo que no lo pagu¨¦ si sali¨® publicado en prensa"

"Tambi¨¦n podemos decir una cosa, que nos hemos olvidado de hacer facturas"

Mucho antes, en septiembre, la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa se hab¨ªa personado en una docena de parroquias de Pontevedra y Ourense para interesarse por los procedimientos utilizados para encargar las obras. Las citaciones policiales inquietaron a las empresas restauradoras casi tanto como a los funcionarios implicados. Los pinchazos prueban que sacerdotes, empresas y funcionarios trataron de pactar entre ellos un relato ¨²nico que ofrecer a la polic¨ªa y entregar facturas falsificadas que justificasen los pagos en dinero negro realizados por las parroquias a la trama.

2As¨ª, el 23 de septiembre, una de las imputadas, Olga Quintela, responsable de la firma M¨¢rquez Vieira CBC, que rehabilit¨® el monasterio de Celanova, telefone¨® a un sacerdote, cuyo nombre no explicita la polic¨ªa, para acordar una versi¨®n sobre las obras de rehabilitaci¨®n de dos retablos, acometida por esa empresa durante el ejercicio 2006, en total 36.000 euros (21.000 pagados por una vecina y 15.000 por el sacerdote). Esta es la transcripci¨®n de la polic¨ªa:

-Olga: Si dicen c¨®mo se pag¨® eso[los 15.000 euros de uno de los retablos], se lo hicimos nosotros sin cobrarle.

-Cura: ?C¨®mo?

-Olga: Que no se cobr¨® por ese trabajo.

-Cura: ?Pero nosotros qu¨¦ tenemos que decir, que fue gratis?

-Olga: ?Usted ese dinero lo declar¨®?[...]

-Cura: El problema es c¨®mo digo que no lo pagu¨¦ si sali¨® publicado en la prensa.

-Olga: Tambi¨¦n podemos decir una cosa, que se qued¨® de hacer facturas de esos retablos y que nos hemos olvidado.

-Cura: Eso, claro, de acuerdo.

-Olga: Que lo puedo decir.

-Cura: Pero hay que quedar claro en lo que se dice porque si no, podemos contradecirnos. Si t¨² me dices que vas a decir que qued¨® pendiente de hacer factura y pas¨® el tiempo y se despist¨®, pues yo digo eso.

-Olga: Yo digo eso. [...]

-Cura: Yo lo que voy a decir es que me quedaron en pasar la factura y no me la pasaron y yo lo que le pagu¨¦ fue el recibo que me dieron en aquel momento.

-Olga: Usted si lo llaman a declarar, av¨ªseme.

-Cura: Si me llaman, te llamo.

Ese mismo d¨ªa, el 23 de septiembre, la representante de la empresa Marquez Vieira CBC, que habitualmente participaba en las obras que proyectaba la organizaci¨®n de G¨®mez-Gil hab¨ªa llamado tambi¨¦n a otro p¨¢rroco, Agust¨ªn Sobral, que ya hab¨ªa prestado declaraci¨®n ante la polic¨ªa. La mujer se interesa por las explicaciones que el p¨¢rroco hab¨ªa ofrecido a los agentes y le pregunta directamente si les mostr¨® a los investigadores alg¨²n recibo de los pagos realizados a su firma. El sacerdote admite que le entreg¨® un recibo de 15.000 euros que no llevaba aparejado el IVA correspondiente. La responsable de CBC le responde que el IVA "se declara si es factura, si no es factura, no".

En esa fren¨¦tica jornada, entre llamadas a una gestor¨ªa para comprobar las consecuencias jur¨ªdicas que podr¨ªa depararle la facturaci¨®n en negro de muchos de los trabajos, la dirigente de la firma CBC todav¨ªa tuvo tiempo de llamar a un tercer p¨¢rroco, a las 21.11 horas, con el mismo objetivo, cuadrar las cuentas del dinero B que le habr¨ªa facturado. "Del retablo mayor de una parte hicimos factura pero de otra no, por eso le llamaba, que si lo llaman a declarar para que presente s¨®lo la factura oficial, que no presente recibos", reclama Olga Quintela.

Pese a que el p¨¢rroco replica que el importe total de los trabajos asciende a 42.000 euros con el IVA, ambos acuerdan pactar esa cifra.

Al d¨ªa siguiente, la misma imputada se comunica con otro de los presuntos cabecillas de la organizaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Pichel, arquitecto de la Sociedade de Xesti¨®n do Xacobeo, al que el actual conselleiro de Cultura retir¨® la firma y apart¨® de las contrataciones cuando estall¨® este esc¨¢ndalo. En la charla, Olga Quintela pone al corriente a Pichel de las pesquisas que sigue la polic¨ªa. Seg¨²n figura en el sumario judicial, el arquitecto de la Sociedade de Xesti¨®n do Xacobeo explica: "[La polic¨ªa] se va a meter por ejemplo en que nosotros no hemos comunicado que se nos pase presupuesto". Pichel acaba pidi¨¦ndole a la responsable de M¨¢rquez Vieira CBC que "de eso no comente nada" cuando sea llamada a declarar a la comisar¨ªa, un temor que compart¨ªan en septiembre todos los imputados.