El Gobierno asegura que la ley del aborto no supone su liberalizaci¨®n

La ley de Salud Sexual e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo no supone la "liberalizaci¨®n del aborto" ni descansa exclusivamente sobre la voluntad de la embarazada, sino que trata de hacer compatible la protecci¨®n de la vida en formaci¨®n con los derechos fundamentales de la mujer. As¨ª lo afirma la Abogac¨ªa del Estado, en nombre del Gobierno, en sus alegaciones al recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra la ley del aborto.

El abogado general del Estado, Joaqu¨ªn de Fuentes Bardaj¨ª, cumpliment¨® ayer el tr¨¢mite de alegaciones ante el Constitucional, despu¨¦s de que los Ministerios de Justicia e Igualdad diesen un ¨²ltimo repaso a los escritos en los que el Gobierno contesta a los recursos interpuestos por el PP y el Gobierno de Navarra contra la ley de interrupci¨®n del embarazo.

La protecci¨®n de las menores de 18 a?os pasa por "reconocer su voluntad"

El Ejecutivo niega la objeci¨®n a quienes no tienen una intervenci¨®n directa

El escrito recuerda que los Estados democr¨¢ticos occidentales con sistemas semejantes al espa?ol han regulado la interrupci¨®n del embarazo de forma similar a la de la ley org¨¢nica de 3 de marzo de 2010. Asimismo, una resoluci¨®n del Consejo de Europa establece que, dentro de unos plazos razonables del periodo de gestaci¨®n, no deber¨ªa prohibirse la interrupci¨®n del embarazo, pues la prohibici¨®n no redunda en una disminuci¨®n del n¨²mero de abortos, sino en que estos sean practicados de forma clandestina. Adem¨¢s, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atenci¨®n sobre la necesidad de tomar debidamente en consideraci¨®n los derechos de la mujer embarazada.

El escrito del Gobierno asegura que la ley ha optado por a?adir precisi¨®n o claridad jur¨ªdica a los distintos supuestos de aborto, atendiendo al diferente grado de la vida humana en formaci¨®n. As¨ª, durante las primeras 14 semanas de gestaci¨®n, en que la vida en formaci¨®n depende por completo de la mujer embarazada, los poderes p¨²blicos est¨¢n obligados a prestarle el debido asesoramiento sobre los derechos que asisten a la madre, imponiendo un plazo de reflexi¨®n. Por tanto, no se establece un sistema de aborto sobre la "nuda voluntad de la mujer", como ocurre en Estados Unidos, sino un "sistema de asesoramiento".

El recurso del PP contra el art¨ªculo 14 de la ley no alude al sistema de protecci¨®n de la vida prenatal, seg¨²n las alegaciones del Gobierno. Sin embargo, la ley no renuncia a la sanci¨®n del art¨ªculo 145 del C¨®digo Penal para los supuestos de aborto no autorizados. Y obliga a dar a la gestante informaci¨®n sobre "derechos, prestaciones y ayudas p¨²blicas de apoyo a la maternidad", adem¨¢s de que el aborto "solo ser¨¢ posible transcurrido un plazo de al menos tres d¨ªas". Es decir, el art¨ªculo 14 ha previsto un mecanismo de protecci¨®n de la vida prenatal que trata de responder a la "situaci¨®n caracter¨ªstica de conflicto" de la mujer entre su estado y la debida protecci¨®n a la vida que acoge en su seno.

Frente al argumento del PP de que no es suficiente el consentimiento de los representantes de las chicas de 16 o 17 a?os para el aborto, el Gobierno esgrime el "inter¨¦s superior de protecci¨®n de la menor". "La forma m¨¢s correcta de proteger a la menor de esa edad es reconocer como suficiente su voluntad, a cuya formaci¨®n pueden contribuir los padres o representantes", afirma.

"Ning¨²n precepto constitucional impide que el legislador establezca una edad inferior a los 18 a?os en la que se considere que la menor tiene capacidad suficiente para decidir por s¨ª misma, con la asistencia de sus padres".

El Gobierno niega despu¨¦s que exista un derecho a la objeci¨®n de conciencia "frente a cualquier cuesti¨®n relacionada con el aborto" sino que el derecho de objeci¨®n de conciencia puede hacerse valer ¨²nicamente "para no intervenir directamente en la interrupci¨®n del embarazo". Adem¨¢s, la objeci¨®n debe hacerse "por escrito y por anticipado". El argumento del PP de que as¨ª se posibilita "el archivo de datos en funci¨®n de las creencias o convicciones morales" de las personas no pasa de ser, seg¨²n el Gobierno, "una conjetura" que incumplir¨ªa la ley de protecci¨®n de datos.

El recurso del PP impugn¨® tambi¨¦n el precepto relativo a la "educaci¨®n sanitaria integral y con perspectiva de g¨¦nero" porque a su entender, "su contenido se puede intuir" y consistir¨ªa en una educaci¨®n "afectivo-sexual con un sesgo ideol¨®gico determinado". El Gobierno niega que la "perspectiva de g¨¦nero" tenga car¨¢cter apolog¨¦tico o "fines de adoctrinamiento", o haga referencia a una determinada "concepci¨®n de la sexualidad" y asegura que no es sino un enfoque metodol¨®gico para hacer realidad el principio de igualdad entre hombre y mujer.

Respecto al recurso del Gobierno de Navarra dirigido a impedir que en su territorio se practiquen abortos, el Gobierno mantiene que la comunidad foral es responsable de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, entre ellas el aborto. Sobre la inexistencia de centros que practiquen el aborto "se trata de una dificultad que no cabe presumir que exista ni vaya a existir de forma indefinida, ni entra?a obst¨¢culos insalvables". Y "tampoco puede admitirse" el futuro ejercicio de la objeci¨®n de conciencia por parte de todos los m¨¦dicos que desarrollan su actividad en Navarra.