Par¨ªs y Berl¨ªn se enfrentan por los gitanos
Merkel desmiente a Sarkozy sobre su intenci¨®n de desmantelar campamentos - El Gobierno franc¨¦s dice que la crisis acab¨® con la hipocres¨ªa sobre los rumanos
La Francia de Nicolas Sarkozy traslad¨® ayer su propensi¨®n al conflicto desde Bruselas a Berl¨ªn a prop¨®sito del anuncio presidencial franc¨¦s de que la canciller germana tambi¨¦n prepara el desmantelamiento de campos ilegales en Alemania. La medida fue desmentida vehementemente por un portavoz de Angela Merkel, y en t¨¦rminos m¨¢s diplom¨¢ticos por el ministro alem¨¢n de Exteriores, que lo atribuy¨® a un malentendido. La Comisi¨®n Europea, herida por el encontronazo previo de Sarkozy con su vicepresidenta Viviane Reding, opt¨® por mantenerse al margen del conflicto. Sus competencias han sido cuestionadas por Francia en un momento en que los Estados de la Uni¨®n intentan ampliar su control de la Uni¨®n en detrimento de las instituciones.
"Ha habido un malentendido", afirma el ministro alem¨¢n de Exteriores
La Comisi¨®n ha optado por seguir adelante como si nada hubiera pasado
La nueva algarada ha estallado por un explosivo comentario de Sarkozy en la conferencia de prensa que sigui¨® al agitado Consejo Europeo del jueves: "Merkel me ha anunciado que dentro de unas semanas ella tambi¨¦n va a levantar varios campamentos".
Aludir a xenofobia, al desmantelamiento de campamentos y la expulsi¨®n de gitanos es una cuesti¨®n que en Alemania evoca con m¨¢s fuerza que en Francia el siniestro pasado, con cientos de miles de gitanos gaseados por los nazis en los campos de exterminio. El Ministerio del Interior germano revel¨® que desde el a?o pasado ha estado repatriando a Kosovo refugiados, incluidos gitanos, pero precis¨® que Kosovo no pertenece a la UE y por tanto sus naturales no gozan de los derechos de los ciudadanos europeos.
"La cuesti¨®n de los gitanos en Alemania no estuvo en las conversaciones entre la canciller y el presidente franc¨¦s", se le¨ªa en un comunicado de la canciller¨ªa berlinesa. "Creo que ha habido un malentendido", terci¨® el jefe de la diplomacia, Guido Westerwelle, intentado quitar hierro al conflicto. "M¨¢s all¨¢ de las diferencias de apreciaci¨®n, de la agitaci¨®n y de los malentendidos, la entente franco-alemana es perfecta".
En Par¨ªs fue el ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, quien dijo no haber escuchado nada sobre el particular, pese a haber estado presente mientras hablaban Sarkozy y Merkel. Tampoco el presidente le hizo part¨ªcipe del presunto secreto, se?al¨® el ministro, quien apunt¨® que no ten¨ªa motivos para dudar de la palabra de ninguno de los dos dirigentes. Alemania y Francia son los grandes motores de la Uni¨®n y tienen motivos para minimizar desajustes, que a lo pol¨ªtico suman las disonancias personales de Sarkozy y Merkel. A la sobria canciller se le hace cuesta arriba el excesivo relampagueo presidencial.
Pese a la crisis abierta por las expulsiones de gitanos, Par¨ªs insiste en sus planes. "Al menos ha permitido reventar la burbuja de la hipocres¨ªa" respecto de "una minor¨ªa de la que no nos hemos ocupado" durante las ampliaciones de la UE, declar¨® ayer el secretario de Estado franc¨¦s de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche.
Kouchner tambi¨¦n relativiz¨® el espectacular encontronazo verbal del jueves entre Sarkozy y el presidente de la Comisi¨®n, Jos¨¦ Manuel Dur?o Barroso. "No es un incidente grave. Se conocen bien", explic¨®. "Cada uno est¨¢ en su papel".
El respectivo papel se encarn¨® en el pulso librado a gritos entre Barroso y Sarkozy, reflejo del pulso de los Estados con la Comisi¨®n, que en los ¨²ltimos a?os ha sido vista por los m¨¢s eur¨®filos como excesivamente proclive a ceder su primac¨ªa a los Gobiernos. Ayer mismo, la portavoz del Ejecutivo comunitario tuvo que confirmar a los incr¨¦dulos que la malhadada comisaria de Justicia, Viviane Reding, iba a seguir con sus planes de investigar la actuaci¨®n francesa en el asunto de los gitanos. "La Comisi¨®n tiene que hacer su trabajo y lo va a hacer", zanj¨® la portavoz en un d¨ªa en que la consigna era evitar a toda costa comentarios adicionales a lo declarado la v¨ªspera. El seguir adelante como si nada hubiese ocurrido fue lo acordado el jueves, al reconocer salom¨®nicamente, como hizo el presidente Herman Van Rompuy, que los Gobiernos tienen el derecho de aplicar la ley nacional y la Comisi¨®n el derecho de velar para que la aplicaci¨®n se ajuste a la ley europea.
Una veterana fuente comunitaria valora que la Comisi¨®n optara ayer por la discreci¨®n y por ejercer su papel de guardi¨¢n de los tratados, creyendo que al final acabar¨¢ por imponer su criterio a una Francia que se ha resistido al deseo de fiscalizarla de Reding por estimar que la Comisi¨®n no es qui¨¦n para enmendar la plana a un gran pa¨ªs soberano.
Derechos y limitaciones de los ciudadanos europeos que viven en otro pa¨ªs de la UE
La mala aplicaci¨®n de la directiva que desde 2004 encuadra la libre circulaci¨®n de los ciudadanos de la UE en el territorio comunitario ha dado lugar a la apertura de un n¨²mero indeterminado de procedimientos de infracci¨®n a 15 pa¨ªses, seg¨²n algunas contabilidades sobre las que la Comisi¨®n no quiso pronunciarse ayer. El caso franc¨¦s es el m¨¢s llamativo.
Estos son los principales art¨ªculos de la directiva:
- Derecho de residencia.
Los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en otros Estados miembros por un periodo de hasta tres meses sin estar sometidos a otra condici¨®n o formalidad que la de estar en posesi¨®n de un documento de identidad o pasaporte v¨¢lido. El periodo puede ser superior a tres meses si tiene un trabajo en el Estado de acogida; si dispone de recursos suficientes, as¨ª como de un seguro de enfermedad; si est¨¢ matriculado en un centro p¨²blico o privado.
- Limitaciones del derecho de entrada y residencia.
Los Estados miembros pueden limitar la libertad de circulaci¨®n y residencia de un ciudadano de la Uni¨®n o un miembro de su familia por razones de orden p¨²blico, seguridad p¨²blica o salud p¨²blica. Las medidas adoptadas por estas razones deben ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse en la conducta personal del interesado, que debe constituir una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un inter¨¦s fundamental de la sociedad. Para comprobar si el interesado constituye un peligro para el orden p¨²blico el Estado de acogida puede pedir al de origen informaci¨®n sobre los antecedentes penales.
- Garant¨ªas procesales.
Cuando se tome una decisi¨®n contra un ciudadano de la UE por razones de orden p¨²blico, seguridad p¨²blica o salud p¨²blica, el interesado podr¨¢ interponer los recursos judiciales y, en su caso, administrativos del Estado de acogida o solicitar la revisi¨®n de la misma. Cuando la solicitud de recursos vaya acompa?ada de la solicitud de una orden provisional de suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de dicha decisi¨®n no podr¨¢ producirse la expulsi¨®n.
- Protecci¨®n contra la expulsi¨®n.
Antes de tomar una decisi¨®n de expulsi¨®n del territorio por razones de orden p¨²blico o de seguridad p¨²blica, el Estado miembro de acogida debe tener en cuenta, en particular, la duraci¨®n de la residencia del interesado en su territorio, su edad, su estado de salud, su situaci¨®n familiar y econ¨®mica, su integraci¨®n social y cultural y la importancia de los v¨ªnculos con su pa¨ªs de origen. El Estado miembro de acogida no podr¨¢ tomar una decisi¨®n de expulsi¨®n contra un ciudadano de la UE o un miembro de su familia que haya adquirido un derecho de residencia permanente en su territorio, excepto por motivos graves de orden p¨²blico o seguridad p¨²blica.
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