Espa?a ante la huelga

Por muchas razones, la huelga general de ma?ana se ha convertido no solo en una prueba de estabilidad para el Gobierno, sino tambi¨¦n de la responsabilidad democr¨¢tica de los sindicatos. De entrada, se trata de un conflicto pol¨ªtico que promueve un enfrentamiento entre la voluntad del Congreso (la reforma laboral, motivo principal de la huelga, est¨¢ aprobada en la C¨¢mara baja) y la interpretaci¨®n de las organizaciones sindicales, que imputan a la reforma, no sin argumentos, una p¨¦rdida de derechos de los trabajadores. Supuesto el derecho sindical a convocar una huelga (lo que no est¨¢ en discusi¨®n en ning¨²n caso), se plantea siempre en estos lances una disyuntiva no menor: el conflicto entre la voluntad de los representantes de la naci¨®n y una movilizaci¨®n instada por una parte de la sociedad, importante, pero siempre menor que el conjunto.

Si la convocatoria (y la lectura que posteriormente se realice de sus resultados) se orienta hacia objetivos generales, m¨¢s all¨¢ de la reforma laboral, como el viraje de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno, entonces el asunto se complica. El Gobierno est¨¢ obligado a mantener su plan de ajuste presupuestario por una raz¨®n tan sencilla como dolorosa (especialmente para un Ejecutivo socialista): los recursos p¨²blicos son insuficientes para hacer frente a las necesidades de gasto del actual Estado de bienestar, al menos mientras dure la recesi¨®n. Una parte importante de esos recursos procede de la financiaci¨®n exterior y los prestamistas ya no est¨¢n dispuestos a financiar sin condiciones el gasto p¨²blico espa?ol. No haber tomado medidas de ajuste tras la debacle griega hubiese condenado a este pa¨ªs, y por ende al conjunto de sus trabajadores, a muchos a?os de profunda recesi¨®n. Rectificar o anular ahora esos ajustes comportar¨ªa un riesgo similar.

Esa es la raz¨®n ¨²ltima por la que el Gobierno no puede ni debe volverse atr¨¢s en su pol¨ªtica econ¨®mica, aunque algunos asuntos sean, por supuesto, discutibles, y por tanto objeto de negociaci¨®n y discusi¨®n. Tambi¨¦n con los sindicatos. El Ejecutivo ha mostrado su disposici¨®n a negociar los reglamentos de la reforma laboral y el futuro de las pensiones, aunque en el clima actual de enfrentamiento no cabe sorprenderse de la fr¨ªa acogida a su oferta.

Con raz¨®n o sin ella, una huelga general en las actuales condiciones de crisis supone un problema grave. El Gobierno cuenta con la baza de que los ciudadanos no parecen estar por la huelga. Los sindicatos tienen a su favor el malestar general con la pol¨ªtica econ¨®mica de Zapatero. En pocas ocasiones se ha producido, seg¨²n muestran todos los sondeos, una brecha tan grande entre la percepci¨®n de la ciudadan¨ªa de que la gravedad de la situaci¨®n s¨ª justifica una huelga y su convencimiento de que, sopesados todos los factores, lo m¨¢s sensato es no realizarla.

De ah¨ª que la huelga de ma?ana sea una encrucijada para el futuro inmediato de Espa?a. En caso de ¨¦xito no deber¨ªa servir para variar la pol¨ªtica econ¨®mica actual -y convendr¨ªa no olvidar aqu¨ª que la alternativa pol¨ªtica real a este Gobierno es un partido poco inclinado a compartir las tesis sindicales-. De cosechar la huelga escaso seguimiento, deber¨ªa al menos servir para que los sindicatos se replanteasen la inercia que les ha llevado a concentrar su esfuerzo en la defensa del empleo fijo, esto es, de un mercado dual con contratos fijos e indemnizaciones elevadas que condena a la exclusi¨®n a la generaci¨®n m¨¢s joven. Para ello, resulta imperativo evitar nuevos distanciamientos de la ciudadan¨ªa y no fiar el ¨¦xito de la huelga a la violencia de los piquetes o al incumplimiento de los servicios m¨ªnimos. Si caen en la tentaci¨®n de parar una ciudad por la fuerza, bloqueando metro o autobuses, los ciudadanos les pasar¨¢n factura. Y eso no redundar¨¢ en beneficio de nadie. Ni de los sindicatos, ni del pa¨ªs en su conjunto.