La Junta Electoral niega a la polic¨ªa del 'caso G¨¹rtel' informaci¨®n sobre el PP

La Junta Electoral ha negado a la polic¨ªa informaci¨®n sobre dirigentes del PP que administraron las cuentas en 2003 y 2004, periodo en el que esta formaci¨®n pol¨ªtica se financi¨® ilegalmente, seg¨²n apunta la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel .

La polic¨ªa que investiga la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n vinculada al PP y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sostienen en diversos escritos incorporados al sumario que el PP se financi¨® ilegalmente a trav¨¦s de Fundescam, una fundaci¨®n dependiente de este partido en la Comunidad de Madrid, durante las elecciones auton¨®micas de 2003, y generales y europeas de 2004.

El caso salpica tanto al PP de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, como al PP nacional, durante la ¨¦poca en que ya lideraba esta formaci¨®n pol¨ªtica Mariano Rajoy.

"No facilitan lo solicitado aduciendo la Ley de Protecci¨®n de Datos"

La polic¨ªa ha se?alado en diversos informes sobre los que se ha levantado ahora el secreto de sumario que los documentos incautados en sedes de las empresas de la trama G¨¹rtel demostraban "un sistema de facturaci¨®n ad hoc de los actos del PP enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prest¨® el servicio".

Esto supon¨ªa, seg¨²n el informe policial incorporado al sumario, "un mecanismo de financiaci¨®n de los actos del PP ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Politicos a trav¨¦s de una fundaci¨®n (Fundescam) vinculada org¨¢nicamente al PP de Madrid que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicios o realizaban suministros y obras para Administraciones p¨²blicas de la Comunidad de Madrid y que, posteriormente, canaliza para financiar los actos del partido en campa?a electoral".

Tras m¨¢s de un a?o de investigaci¨®n, la polic¨ªa concluy¨® que el PP se financi¨® ilegalmente a trav¨¦s de Fundescam, una fundaci¨®n que recib¨ªa el dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno era del PP,

La polic¨ªa quiso saber qui¨¦n era el administrador general de los fondos utilizados por el PP durante esas campa?as electorales de 2003 y 2004 para "concretar sobre qui¨¦n recay¨® la responsabilidad de la gesti¨®n de los fondos recibidos y de los gastos llevados a cabo".

El 27 de julio pasado, los investigadores solicitaron mediante fax dirigido a la Junta Electoral Central la siguiente informaci¨®n: "La identidad del administrador electoral y general responsables de los ingresos y gastos, y de su contabilidad correspondiente a la candidatura de la formaci¨®n pol¨ªtica PP en las elecciones celebradas en 2003 y 2004".

Pero la Junta Electoral se neg¨® a facilitar esa informaci¨®n. El informe policial se lamenta as¨ª por lo ocurrido: "A pesar del principio de reciprocidad que rigen las relaciones entre las Administraciones p¨²blicas de facilitar informaci¨®n a otra Administraci¨®n, seg¨²n recordaba en su escrito [la Junta Electoral], no ha facilitado la informaci¨®n solicitada aduciendo a la Ley de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal y a la necesidad de acreditaci¨®n de la conexi¨®n causal, cuyo conocimiento est¨¢ reservado a las instancias judiciales en el marco de un procedimiento judicial, y no a la puesta en conocimiento de otros ¨®rganos de la Administraci¨®n".

La polic¨ªa solicit¨® a principios de octubre al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso G¨¹rtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que firmara un requerimiento dirigido a la Junta Electoral para que facilitase la identidad de los dirigentes del PP. Pero la fiscal¨ªa, en un escrito de mediados de octubre, se?al¨® que no hac¨ªa falta investigar m¨¢s porque, seg¨²n entend¨ªa, los hechos delictivos habr¨ªan prescrito en el caso del PP, no as¨ª en el caso de las empresas de la red G¨¹rtel que habr¨ªan cometido un delito de falsedad de documento mercantil por la confecci¨®n "de numerosas facturas falsas".

En este caso, seg¨²n la fiscal¨ªa, no era necesario practicar m¨¢s pruebas porque estaba suficientemente acreditado el delito cometido por las empresas que facturaban a la fundaci¨®n del PP por unos actos que tendr¨ªa que haber pagado el partido al tratarse de financiaci¨®n de campa?as electorales.