Los grupos pol¨ªticos coinciden en alcanzar un pacto para "repensar" la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia tiene algunas lagunas que no acaban de convencer, por ejemplo el modelo de financiaci¨®n, objeto de pol¨¦mica constante entre comunidades y Gobierno y que hoy ha sido puesto en cuesti¨®n de nuevo por algunos diputados en el Congreso, como el convergente Carles Campuzano, quien ha solicitado "un gran acuerdo entre Gobiernos aut¨®nomos y grupos parlamentarios que d¨¦ perspectiva y solidez a la Dependencia. Par¨¦monos a repensar esta ley", ha dicho, y ha pedido al Ejecutivo que lidere este proceso. La secretaria general de Pol¨ªtica Social, Isabel Mart¨ªnez, que comparec¨ªa para explicar las medidas del Gobierno en este departamento, ha recogido el guante y ha asegurado que la evaluaci¨®n de la ley -prevista para este a?o aunque debi¨® hacerse en 2010- "dar¨¢ pie para un gran acuerdo al que, desde el Congreso, seguro que se aportar¨¢n ideas para futuras reformas". Pero ha advertido que, en todo caso, ser¨¢ para "afianzar la ley, no para cuestionarla".

Tampoco le ha parecido mal la propuesta de pacto a la representante del Grupo Popular, Lourdes M¨¦ndez, quien, al igual que Mart¨ªnez, cree que, de ocurrir, ser¨¢ "cuando se tenga la evaluaci¨®n concluida, un proceso en el que han de participar las comunidades".

Pero la evaluaci¨®n, que llega con retraso a pesar de los compromisos de las distintas ministras que han ocupado esta cartera en la legislatura, tiene visos de demorarse a¨²n m¨¢s, porque los "cuestionarios b¨¢sicos" que han de rellenar las comunidades se enviaron antes de Navidad y hasta hoy solo han contestado "seis o siete" autonom¨ªas, seg¨²n ha explicado la secretaria general. As¨ª que ese acuerdo, que a nadie disgusta, puede tambi¨¦n ser v¨ªctima de los retrasos de la evaluaci¨®n.

Tampoco el Libro Blanco sociosanitario, cuyo t¨¦rmino estaba acordado para 2010, ha llegado a tiempo. Todav¨ªa se est¨¢n reuniendo los expertos y los consejeros para intercambiar experiencias. Tampoco las conclusiones de estos y de los empresarios son coincidentes. "Es un momento [econ¨®mico] complicado para avanzar en nuevos servicios", ha reconocido Mart¨ªnez, quien ha advertido desde el inicio de su comparecencia que no caer¨ªa en la autocomplacencia ni en optimismos. Aunque tambi¨¦n ha dicho que "se est¨¢ siendo injusto y demasiado exigente con esta ley, algo que no ocurri¨® con otras que contribuyeron al Estado del bienestar. Esta ley es joven a¨²n y est¨¢ favoreciendo la creaci¨®n de empleo, en lo que ponemos todos nuestros esfuerzos. Las pol¨ªticas sociales no son solo una meta, han de ser tambi¨¦n un medio para la recuperaci¨®n econ¨®mica", ha manifestado.

En el debate de hoy ha salido a relucir el sistema de informaci¨®n de la ley, es decir, los datos oficiales que se tienen sobre los usuarios, las prestaciones, los plazos de espera, etc¨¦tera. El Gobierno se ha comprometido a presentar p¨²blicamente, en unas semanas, nuevos indicadores a partir de las cifras que aportan las comunidades. Quiz¨¢ en esta cuesti¨®n s¨ª ha tenido Mart¨ªnez un arranque de optimismo desmedido, cuando ha asegurado que la falta de informaci¨®n no es m¨¢s que "un prejuicio, porque el sistema de la dependencia aporta m¨¢s informaci¨®n que el educativo o el sanitario".

Que no es as¨ª lo demuestra el propio debate, en el que ella misma ha acusado a las comunidades de no ser todo lo transparentes que debieran al presentar su inversi¨®n en Dependencia. "Los ¨²nicos fondos transparentes son los que aporta el Estado, las comunidades tienen que hacer un ejercicio de transparencia con el rigor del que hace el Estado", ha aseverado. Contestaba as¨ª a cuestiones planteadas por el PP y CiU, en las que se acusaba al Ejecutivo de no estar cofinanciando con las comunidades aut¨®nomas el coste de la ley, tal y como est¨¢ establecido. "El Gobierno cumple con la parte que le toca, del resto conocemos lo que nos cuentan y lo que nos dicen. Y algunas comunidades hacen un esfuerzo mayor que otras; eso es una realidad que se manifiesta en el n¨²mero de personas atendidas", ha insistido Mart¨ªnez.

En otro orden de cosas, la secretaria general ha reconocido que las partidas que m¨¢s han sufrido con la crisis son las que corresponden a los centros especializados, como el que se planeaba sobre el parkinson en Murcia, que est¨¢ pr¨¢cticamente parado, o que poco o nada se sabe del fondo extra de 15 millones para proyectos sociales en los Ayuntamientos que anunci¨® el Gobierno meses atr¨¢s, cuando Trinidad Jim¨¦nez era ministra de Sanidad y Pol¨ªtica Social.

El diputado Gaspar Llamazares (IU) y Carles Campuzano (CiU) le han preguntando por la deriva que ha tomado la Ley de Dependencia en la concesi¨®n de ayudas, mayoritariamente econ¨®micas, frente a los servicios, justo lo contrario de lo que se dispuso en la ley. Mart¨ªnez les ha respondido que los mayores han cambiado mucho y quieren decidir sobre sus vidas y gestionarlas libremente. "Hay un buen porcentaje de gente que decide quedarse en casa y ser atendidos all¨ª, y la opini¨®n y los deseos de estas personas hay que tenerlos en cuenta. La prestaci¨®n econ¨®mica est¨¢ en la ley como una m¨¢s".