Las dos prioridades de la econom¨ªa espa?ola

La econom¨ªa espa?ola tiene dos problemas, uno financiero -que se manifiesta en las dificultades de nuestros sectores p¨²blico y privado, en particular el bancario, para obtener financiaci¨®n exterior- y otro de competitividad. Ambos est¨¢n estrechamente relacionados puesto que es el escepticismo sobre la competitividad de la econom¨ªa y las dudas sobre nuestra capacidad para crecer y, por tanto, para hacer frente a la deuda contra¨ªda lo que dificulta el acceso a la financiaci¨®n internacional. Conviene recordar que nuestro producto interior bruto ha retrocedido al nivel del a?o 2006. Pero si el bajo crecimiento no facilita nuestro acceso al cr¨¦dito, la dificultad para financiarse tambi¨¦n afecta negativamente a nuestra capacidad de crecer, por lo que salir de este c¨ªrculo vicioso debe ser hoy el objetivo prioritario de la pol¨ªtica econ¨®mica.

La econom¨ªa espa?ola tiene dos problemas, uno financiero y otro de competitividad

Con nuestro paro no es posible que converja la renta per c¨¢pita con los pa¨ªses desarrollados de Europa

Recuperar la competitividad tiene poco que ver con conceptos como la implantaci¨®n de nuevos modelos econ¨®micos de crecimiento sostenible, y lo urgente hoy debe ser salir de la actual recesi¨®n y evitar los riesgos financieros que nos acechan. De lo que se trata es de introducir reformas institucionales que permitan e incentiven a las compa?¨ªas a aumentar su productividad, es decir, a utilizar m¨¢s eficientemente sus recursos productivos, con independencia del sector al que pertenezcan. No se trata de elegir sectores porque el Estado crea que su peso en la econom¨ªa debe aumentar. De hecho, algunos de nuestros campeones internacionales son empresas que nunca recibieron apoyo p¨²blico y que tampoco se hubieran puesto como paradigmas de ning¨²n nuevo modelo de crecimiento -por ejemplo, el sector textil y el de ventas minoristas-. Es m¨¢s, tenemos suficientes ejemplos de problemas financieros y no financieros creados por decisiones de los Gobiernos de incentivar el desarrollo de determinados sectores. Adem¨¢s, es importante entender que los pa¨ªses y compa?¨ªas m¨¢s ejemplares han comenzado a prepararse para competir con China y con otros pa¨ªses emergentes en todo tipo de sectores, siendo poco realista pensar que los pa¨ªses avanzados nos especializaremos en sectores de alta tecnolog¨ªa y los dem¨¢s en los de menor valor a?adido.

Sin duda, las medidas de m¨¢s trascendencia para resolver nuestro problema de crecimiento son las de la reforma del mercado de trabajo, probablemente nuestro mercado m¨¢s ineficiente. El hecho de que en solo tres de los ¨²ltimos treinta a?os la tasa de paro haya sido inferior al 10% es suficientemente elocuente, y muestra hasta qu¨¦ punto hemos banalizado este problema, que no es solo econ¨®mico.

Con el problema de paro no es posible que nuestra renta per c¨¢pita converja con la de los pa¨ªses desarrollados de Europa.

En este sentido, la reforma del mercado de trabajo aprobada el pasado verano no responde a la magnitud de los problemas que tenemos. Estos est¨¢n m¨¢s que diagnosticados por expertos y por todo tipo de instituciones nacionales e internacionales. No se trata por tanto de elaborar una extensa lista de reformas, que normalmente se convierte en una excusa para no llevar a cabo ninguna importante, sino de establecer las prioridades y concentrarse en ellas.

El objetivo prioritario de la reforma laboral debe ser la mejora de la competitividad internacional de nuestras empresas, lo que permitir¨¢ el crecimiento del empleo y de los salarios reales. Esto exige dos cosas: en primer lugar, reducir la incertidumbre y el coste que actualmente existe para ajustar los niveles de plantilla ante variaciones temporales o permanentes de la demanda y, en segundo lugar, hacer m¨¢s f¨¢cil la introducci¨®n de cambios internos en la organizaci¨®n del trabajo. Acabar con la dualidad que introduce la temporalidad o mejorar la formaci¨®n de los trabajadores son objetivos o instrumentos importantes, pero hoy lo prioritario es lo anterior, pues es lo que m¨¢s contribuir¨¢ a evitar la destrucci¨®n de puestos de trabajo, adem¨¢s de fomentar la nueva contrataci¨®n y de animar la inversi¨®n. Con frecuencia se dice que solo generaremos empleo cuando crezcamos, lo cual es falaz, pues la relaci¨®n de causalidad funciona en ambos sentidos, y un marco m¨¢s incentivador del empleo nos ayudar¨¢ tambi¨¦n a crecer.

Para conseguir los anteriores objetivos es necesario reformar dos caracter¨ªsticas del mercado de trabajo espa?ol, que explican gran parte de nuestros problemas actuales y a las que, por las dificultades pol¨ªticas que suponen, no se les presta suficiente atenci¨®n. En primer lugar, los convenios no operan en Espa?a como un contrato normal entre partes, sino que tienen en la pr¨¢ctica un valor de ley, con lo que esto significa. Por mencionar una implicaci¨®n, una empresa de nueva creaci¨®n no puede acordar condiciones de trabajo diferentes de las que establece el convenio de su sector. As¨ª por ejemplo en Espa?a, a diferencia de lo que est¨¢ ocurriendo en otros pa¨ªses de Europa, no puede crearse un banco que acuerde las condiciones de trabajo con sus empleados y que abra sus oficinas a los clientes durante el fin de semana, estableciendo una estructura salarial y de horarios distinta a la de la banca tradicional. Esta caracter¨ªstica constituye una barrera de entrada para nuevas empresas y, por ello, reduce el grado de competencia y tambi¨¦n los incentivos de mejora para aquellos negocios ya establecidos.

En segundo lugar, Administraci¨®n y jueces condicionan importantes decisiones empresariales pero sin responsabilizarse de las consecuencias. As¨ª, por ejemplo, reducir la plantilla en m¨¢s de 9 personas en una empresa de 100, o en m¨¢s de 30 por grande que sea la misma, requiere la aprobaci¨®n de la Administraci¨®n auton¨®mica o de la nacional, lo que en la pr¨¢ctica es imposible de lograr si no existe aprobaci¨®n sindical. Es normal que ninguna Administraci¨®n quiera cargar con el coste pol¨ªtico de estas decisiones. Parad¨®jicamente, el Estado ofrece m¨¢s protecci¨®n a los grandes colectivos organizados que a los individuos. El efecto de todo ello es que la inmovilidad de los planteamientos es gratis, lo que dificulta la consecuci¨®n de acuerdos entre empresas y trabajadores -cuando no los hace imposibles-, y los encarece por encima de lo legalmente fijado. Por la misma raz¨®n, no caben tampoco actuaciones empresariales preventivas y, por ejemplo, en la pr¨¢ctica es necesario haber entrado en perdidas para que un expediente de regulaci¨®n temporal de empleo pueda ser aprobado.

No tiene mucho sentido que las administraciones p¨²blicas tengan que decidir sobre si existe o no un problema econ¨®mico en una empresa, sobre si este es coyuntural o estructural o sobre qu¨¦ medidas es necesario o no tomar para resolverlo.

Pueden ponerse m¨²ltiples ejemplos de c¨®mo nuestro sistema laboral desincentiva la negociaci¨®n, la posibilidad de llegar acuerdos y, en definitiva, la flexibilidad en el comportamiento de empresas y de trabajadores necesaria para competir. Un ejemplo paradigm¨¢tico lo tenemos en el caso de Aena, una empresa con una obvia necesidad de cambiar su convenio, que llevaba a?os sin lograrlo y que, al final, solo lo ha hecho gracias a un decreto ley, con las dificultades de todos conocidas. El resto de las empresas no se enfrentar¨¢n a dificultades tan extremas, pero muchas tienen serios problemas y no disponen del recurso al decreto ley. La actuaci¨®n del Estado en este caso es un claro reconocimiento de la ineficacia de nuestro mercado de trabajo.

En relaci¨®n a c¨®mo acometer la reforma, es dif¨ªcil objetar que la soluci¨®n se alcance, tal como se ha intentado, mediante un acuerdo negociado entre las partes. En estos casos, el Gobierno podr¨ªa establecer cu¨¢les son los objetivos y cu¨¢l es el plazo y, en su caso, estar dispuestos a ofrecer ayudas o medidas de compensaci¨®n que sirvan para facilitar la introducci¨®n de las reformas y para paliar los costes que ello pueda tener. Es claro que en Espa?a, despu¨¦s de cinco o seis a?os intent¨¢ndolo, se ha consumido con creces cualquier plazo razonable para un acuerdo.

No es f¨¢cil ni c¨®modo introducir las reformas se?aladas. Es m¨¢s sencillo y "pol¨ªticamente correcto" proponer medidas como la mejora de la formaci¨®n o el desarrollo de la econom¨ªa del conocimiento, pero estas, en caso de ¨¦xito, no nos sacar¨¢n de la actual recesi¨®n. En econom¨ªa como en pol¨ªtica existen conflictos de objetivos, y es necesario elegir, y todos entendemos que un problema serio como el que tenemos no se resuelve f¨¢cilmente. Se trata de decidir la importancia que queremos darle a generar empleo y aumentos sostenidos de las rentas salariales, frente a una serie de ventajas de determinados grupos sociales.

Tampoco es razonable el exigir que ciertas decisiones dif¨ªciles pero necesarias, que afectan a intereses de sindicatos y organizaciones empresariales, sean tomadas por estos colectivos. Adem¨¢s, la importancia de los actuales problemas desaconseja el limitarse a tomar solo decisiones que hayan sido acordadas por determinadas organizaciones sociales, pues lo que para ellas es aceptable no tiene por qu¨¦ ser lo m¨¢s conveniente para el inter¨¦s general. El ejecutivo y el legislativo representan a muchos m¨¢s que a sindicatos y a organizaciones empresariales y, precisamente, una responsabilidad del Estado es decidir cu¨¢ndo la sociedad tiene dificultades para hacerlo.

?scar Fanjul es economista.