Contra el empleo sumergido
El Ejecutivo ha decidido hacer frente al empleo sumergido. Para ello ha elaborado un plan de choque que consiste en conceder "un periodo de gracia" limitado, en el que se permite a las empresas infractoras regularizar el trabajo no declarado obviando sanciones, para a continuaci¨®n endurecer las medidas y los controles. Se pretende as¨ª incentivar el afloramiento de ese empleo oculto, "prometiendo" que no habr¨¢ "represalias" y amenazando con consecuencias peores para quienes no procedan a su legalizaci¨®n.
Los perjuicios del empleo sumergido son m¨¢s que evidentes. Para los trabajadores implicados supone no acceder a los beneficios de la protecci¨®n social; no hay cotizaciones, no habr¨¢ prestaciones. En el ¨¢mbito empresarial implica la aparici¨®n de disfuncionalidades. Las empresas "con trabajadores irregulares" se colocan en el mercado en una situaci¨®n privilegiada respecto de las que se someten a la ley, lo que genera una competencia desleal injusta e insolidaria. Para el Estado, la p¨¦rdida de ingresos proveniente del empleo sumergido dificulta la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico.
Por ello, el Gobierno ha aprobado un "plan extraordinario" que concede unos tres meses, hasta el 31 de julio, para que los empresarios que ocupan trabajadores de forma ilegal les regularicen, solicitando la afiliaci¨®n y/o alta en la Seguridad Social. Estas situaciones no ser¨ªan objeto de sanciones administrativas. Los nuevos contratos podr¨ªan formalizarse en cualquiera de las modalidades contractuales existentes, incluidos los contratos temporales con duraci¨®n superior a seis meses.
Una vez concluido el proceso de regularizaci¨®n voluntaria se endurecer¨¢n significativamente los importes de las sanciones a las empresas infractoras, a quienes se impedir¨¢ acceder a bonificaciones en los programas de empleo. A partir de ese momento, la Inspecci¨®n de Trabajo dirigir¨¢ sus esfuerzos a luchar contra el empleo irregular.
A juicio del Gobierno, con estas medidas se trata de dar facilidades para que el trabajo no declarado pueda regularizarse sin que los trabajadores pierdan derechos. Para los sindicatos, sin embargo, no es m¨¢s que una "amnist¨ªa" que beneficia ¨²nicamente a las empresas defraudadoras.
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