22-M + 1 = a pagar

Las Administraciones p¨²blicas deben unos 35.000 millones de euros a las empresas, y los plazos de pago de las facturas superan ampliamente los 60 d¨ªas que marca la Ley de Contratos del Estado. Las comunidades aut¨®nomas y los Ayuntamientos son peores pagadores que el Estado y est¨¢n causando enormes perjuicios a las peque?as y medianas empresas, que han visto adem¨¢s c¨®mo se les ha cerrado el grifo de la financiaci¨®n bancaria. Los equipos (nuevos o repetidores) que se hagan cargo de los Gobiernos aut¨®nomos y los Ayuntamientos espa?oles tras las elecciones del 22 de mayo deber¨ªan aplicarse a fondo para hacer frente a sus deudas. En caso contrario, seguiremos viendo c¨®mo aumenta el n¨²mero de pymes que reducen plantilla o incluso que echan el cierre. El problema es que ning¨²n candidato ha mencionado en la campa?a electoral este grave problema. Es como si existiera un pacto de no agresi¨®n entre los partidos mayoritarios, a sabiendas de que es un problema de dif¨ªcil soluci¨®n y que es mejor no enfrentarse por ¨¦l.

No queda m¨¢s remedio que buscar soluciones imaginativas para pagar las deudas lo antes posible

Ning¨²n candidato ha hablado en la campa?a de la deuda del sector p¨²blico con las empresas

Hace dos semanas, en este mismo blog, coment¨¢bamos los problemas de financiaci¨®n de las empresas en Espa?a por la falta de acceso al cr¨¦dito. Los expertos de Economismo coincidieron en afirmar que el grifo seguir¨¢ cerrado otra temporada; por lo menos, hasta que concluya la reestructuraci¨®n del sector financiero espa?ol. La encuesta trimestral del Consejo Superior de C¨¢maras mostraba que el 87% de las pymes continuaban sin acceso al cr¨¦dito y que el 71% de los proveedores de las Administraciones p¨²blicas reconoc¨ªan sufrir retrasos en el cobro.

El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Ca?ete, explicaba hace una semana que hay miles de empresas al borde de la quiebra por los 35.000 millones que adeuda la Administraci¨®n. Especialmente, aquellas cuya facturaci¨®n depende en m¨¢s de un 70% de los servicios prestados al Estado, las CC AA y los Ayuntamientos. Esta plataforma agrupa a una treintena de instituciones sectoriales de toda Espa?a que representan a cerca de un mill¨®n de empresas, con un volumen de negocio de 150.000 millones de euros, que dan empleo a m¨¢s de cuatro millones de trabajadores y 400.000 aut¨®nomos.

"Hay que aprovechar la campa?a electoral para asegurar el pago de las deudas", afirmaba Ca?ete, que criticaba que el Estado no hubiera destinado los 13.000 millones del Plan E a financiar a los Ayuntamientos para que hicieran frente a sus deudas. El l¨ªder del PMcM ped¨ªa adem¨¢s avales de las Administraciones para que las empresas puedan descontar sus deudas y conseguir cr¨¦ditos bancarios. En concreto, reclam¨® poner en marcha una l¨ªnea ICO para que los Ayuntamientos puedan afrontar sus deudas, tal y como recoge la Ley de Morosidad.

Lo que est¨¢ claro es que los Ayuntamientos morosos estrangulan a un empresariado que est¨¢ sufriendo doblemente la crisis. "Las pymes nos hemos dedicado a financiar a los Ayuntamientos, acostumbrados a pagar a 180 o 200 d¨ªas", criticaba el anterior presidente de CEPYME, Jes¨²s B¨¢rcenas, hace dos a?os en este peri¨®dico. Y en los ¨²ltimos 24 meses la situaci¨®n se ha deteriorado de forma notable por la fuerte ca¨ªda de los ingresos de los Ayuntamientos por la crisis, que no ha sido compensada suficientemente con un recorte de gastos.

La Ley de Contratos del Estado fija un m¨¢ximo de 60 d¨ªas para pagar. Todo lo que exceda de esos dos meses puede considerarse morosidad y los acreedores podr¨ªan acogerse al cobro de intereses de demora (por encima del 9%). Sin embargo, las empresas no suelen pedir esos intereses, porque saben que enturbiar¨ªan las relaciones con los Ayuntamientos y Gobiernos aut¨®nomos y dejar¨ªan de ser contratados.

Los casos m¨¢s sangrantes de deudas de los Ayuntamientos corresponden a las empresas de limpieza p¨²blica, que han llegado a amenazar en algunas ciudades con dejar de recoger la basura. Y es que, seg¨²n la patronal del sector, Aselip, el plazo de cobro de las contratas de basura y limpiezas se ha disparado hasta los seis meses, llegando en algunos casos al a?o. La situaci¨®n es especialmente grave en las grandes capitales de Andaluc¨ªa y en ciudades como Madrid y Barcelona.

Las grandes empresas del sector, filiales de ACS, Ferrovial y FCC, han podido capear el temporal porque tienen mayor capacidad de resistencia financiera, pero las empresas medianas est¨¢n sufriendo fort¨ªsimas tensiones de circulante, que finalmente han trasladado a sus propios trabajadores, que cobran tarde y mal.

Se da adem¨¢s la circunstancia de que las empresas facturan a los Ayuntamientos o Administraciones auton¨®micas aplicando el IVA correspondiente, que tienen que ingresar en el momento de realizar la factura, pero no cobrar¨¢n hasta dentro de 180 o hasta 360 d¨ªas. Quiere esto decir que pagan un impuesto cuando no saben cu¨¢ndo van a cobrar por los servicios realizados.

Esta semana se sabr¨¢ qui¨¦nes van a gobernar los Ayuntamientos espa?oles durante los pr¨®ximos cuatro a?os y si va a haber cambios significativos en una decena de CC AA. Los nuevos alcaldes y presidentes auton¨®micos tienen que enfrentarse a este grav¨ªsimo problema en unos momentos especialmente dif¨ªciles, porque la crisis econ¨®mica y financiera ataca por todos los flancos: los ingresos fiscales siguen cayendo por la menor actividad econ¨®mica, la financiaci¨®n est¨¢ cerrada para todos y los planes de estabilidad presentados por Espa?a en Bruselas incluyen compromisos de reducir los d¨¦ficits auton¨®mico y local, adem¨¢s del estatal.

Ante esta coyuntura, no queda m¨¢s remedio que recortar el gasto p¨²blico, mejorar la eficiencia en la gesti¨®n y buscar soluciones imaginativas para pagar las deudas lo antes posible, o dar liquidez a las facturas, mediante avales p¨²blicos u operaciones de confirming (adelanto del pago de las compras antes de la fecha de vencimiento de la deuda). Hay que actuar ya.