Dimisiones en el TC

La dimisi¨®n de tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es un hecho nuevo, a la vez que preocupante, en la historia de la democracia espa?ola, aunque no puede decirse que sorprenda. En esta y la anterior legislatura, el Constitucional est¨¢ soportando presiones exteriores sin precedentes, zarandeado por los vientos de la ¨¢spera batalla pol¨ªtica librada en torno al Estatuto catal¨¢n.

En estos a?os no solo se intent¨® romper su equilibrio interno con recusaciones jur¨ªdicamente forzadas o burdamente ama?adas, sino que el Partido Popular no dud¨® en mantener bloqueada durante tres a?os su renovaci¨®n, con el prop¨®sito apenas velado de no perder cuotas de influencia en la instituci¨®n. Y, ¨²ltimamente, la sentencia sobre Bildu ha provocado una preocupante ola de deslegitimaci¨®n del tribunal por parte de sectores pol¨ªticos contrarios a su legalizaci¨®n, mientras que los seis magistrados que la acordaron son gravemente insultados e injuriados y tildados incluso de delincuentes por la derecha medi¨¢tica m¨¢s reaccionaria.

Los tres magistrados que han dimitido -Eugeni Gay, Elisa P¨¦rez Vera y Javier Delgado- han presentado su renuncia para evitar que se repita en su caso la an¨®mala y prolongada pr¨®rroga de funciones padecida durante tres a?os por sus colegas del cupo del Senado, finalmente renovados en diciembre de 2010. Desde noviembre pasado, fecha l¨ªmite para su sustituci¨®n, el PSOE y el PP se hallan paralizados por su desacuerdo sobre el magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del anterior Consejo del Poder Judicial Enrique L¨®pez, al que los populares quieren hacer magistrado del TC a toda costa, sin importarles que el Senado lo haya rechazado en su momento y que carezca de un curr¨ªculo con las garant¨ªas de cualificaci¨®n y especializaci¨®n jur¨ªdicas exigibles por la jurisdicci¨®n constitucional.

Habr¨¢ que ver si la dimisi¨®n en bloque de los tres magistrados sirve de revulsivo para que el PSOE y el PP se responsabilicen de sus deberes institucionales. La renuncia no ha sido aceptada por el presidente del TC, Pascual Sala, que evita as¨ª que el tribunal quede al borde del colapso, con un qu¨®rum de ocho magistrados que es el m¨ªnimo con el que puede funcionar. Pero mientras el PSOE y el PP no anuncien que el Congreso, al que corresponde designar los sustitutos de los magistrados dimisionarios, proceder¨¢ en breve plazo a su renovaci¨®n, la autoridad moral de Sala para mantener el rechazo estar¨¢ debilitada. Gay, P¨¦rez Vera y Delgado tienen razones para estar indignados y mostrar su malestar mediante la renuncia a un cargo que vienen ejerciendo en funciones desde hace meses sin que el PSOE y el PP den signos de querer resolver la situaci¨®n.

La carta de renuncia enviada por Gay describe bien cu¨¢l es esa situaci¨®n: no pone en entredicho la legitimidad del tribunal ni de sus decisiones durante este periodo, pero la prolongada y excesiva pr¨®rroga en funciones sin que los partidos act¨²en y sin que los magistrados afectados puedan renunciar, le produce al vicepresidente la sensaci¨®n de "formar parte de un tribunal secuestrado".

Ante esta situaci¨®n de emergencia institucional, lo ¨²nico que se le ocurre a la secretaria general del PP y presidenta electa de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, es echar la culpa al Gobierno. ?No tiene ninguna su partido? Si el TC queda menoscabado en sus funciones ser¨¢ responsable desde luego el PSOE como partido del Gobierno. Pero lo es tambi¨¦n el PP, y en mayor medida, puesto que ha actuado con oportunismo y ventajismos descarados como minor¨ªa de bloqueo, con el objetivo de mantener la composici¨®n surgida de su mayor¨ªa absoluta y diferir los efectos de la vigente correlaci¨®n de fuerzas parlamentarias hasta la siguiente contienda electoral.