La Comunidad no paga a las cl¨ªnicas privadas a las que deriva los abortos

"Estamos desesperados; no podemos seguir as¨ª", asegura Sergio Mu?oz, portavoz de la cl¨ªnica El Bosque, una de las siete acreditadas por la Comunidad de Madrid para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Este centro recibe todos los d¨ªas a mujeres derivadas desde la Consejer¨ªa de Sanidad para que se les practique un aborto cuyo coste va a cargo del erario p¨²blico. Llegan con una carta de pago autorizada por la Comunidad de Madrid y la cl¨ªnica despu¨¦s pasa la factura al hospital de referencia de las mujeres. El problema es que estos no pagan esas deudas o lo hacen muy tarde. La cl¨ªnica El Bosque cifra en medio mill¨®n de euros lo que le adeuda la Comunidad. En la cl¨ªnica Dator, una de las hist¨®ricas de la capital, las facturas impagadas ascienden a m¨¢s de un mill¨®n. Entre los siete centros acreditados, el agujero llega a los 2,5 millones de euros, seg¨²n sus c¨¢lculos.

Cada uno de los casi 20 hospitales de la red p¨²blica que deriva a las mujeres a las cl¨ªnicas privadas paga cuando quiere, o cuando puede. La demora oscila entre los tres meses y los dos a?os. "No se puede hablar de gratuidad cuando las que asumimos el coste somos las cl¨ªnicas", asegura Empar Pineda, de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (Acai), con una treintena de centros en Espa?a, y extrabajadora de la cl¨ªnica Isadora, a la que la Comunidad debe otro medio mill¨®n de euros, seg¨²n sus datos. Los nuevos hospitales, de gesti¨®n semiprivada, son los que peor est¨¢n pagando, coinciden todas las cl¨ªnicas consultadas. O los que, directamente, no pagan. "El hospital de Arganda, por ejemplo, no ha abonado una sola factura", afirma Pineda.

La Consejer¨ªa de Sanidad, que dirige Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, ni confirm¨® ni desminti¨® ayer estas cifras. La portavoz del departamento no contest¨® a ninguna de las preguntas que le formul¨® EL PA?S. Lo ¨²nico que reconoci¨® el consejero, tras una visita al hospital de La Paz, es que acumula un retraso de unos 300 d¨ªas en el pago a proveedores.

Las cl¨ªnicas, mientras tanto, aseguran estar con el agua al cuello. "La situaci¨®n es insostenible", avisa Luisa Torres, portavoz de la cl¨ªnica Dator, uno de los centros m¨¢s grandes y el que m¨¢s interrupciones voluntarias del embarazo realiza. Casi el 70% de los abortos que practican las cl¨ªnicas se hace con cargo a la sanidad p¨²blica. De ah¨ª que las cuentas no salgan. Sin apenas ingresos, los trabajadores de estos centros empiezan a temer por sus empleos. Antes de que se aprobara la Ley de Salud Sexual y Reproductiva -de la que ahora se cumple su primer aniversario-, el porcentaje de intervenciones procedentes del sistema p¨²blico era mucho menor, de entre un 20% y un 30%. La gran mayor¨ªa las pagaban las mujeres de su bolsillo. La nueva legislaci¨®n consagr¨® el derecho a la prestaci¨®n gratuita y muchas m¨¢s pacientes empezaron a solicitar a sus comunidades aut¨®nomas que les financiaran la intervenci¨®n.

"El ahogo econ¨®mico ha llegado a unos niveles alarmantes y la situaci¨®n nos preocupa mucho. Creemos que el no pagar es una estrategia de la Comunidad de Madrid para acabar con las cl¨ªnicas y entorpecer su labor. No creen en la ley del aborto, en que tenga que ser una prestaci¨®n de la sanidad p¨²blica y as¨ª, a trav¨¦s de estas f¨®rmulas que dificultan el trabajo de los centros, lo est¨¢n demostrando", critica Torres, que se plantea qu¨¦ ocurrir¨ªa si cl¨ªnicas privadas como la suya no existieran. "Estamos aliviando al sistema de una importante presi¨®n asistencial. Adem¨¢s, las mujeres no tienen alternativa en la p¨²blica", dice.

No le falta raz¨®n. La Comunidad de Madrid pr¨¢cticamente no realiza abortos en sus hospitales p¨²blicos. Seg¨²n los ¨²ltimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad (de 2009), solo cinco de las 20.191 intervenciones se hicieron en la p¨²blica. El resto fueron derivadas a las siete cl¨ªnicas autorizadas. Javier Mart¨ªnez Salme¨¢n, jefe de servicio de Ginecolog¨ªa del hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s, y uno de los expertos que particip¨® en la elaboraci¨®n de la nueva ley del aborto -que marca un plazo de aborto libre de 14 semanas, durante las cuales la mujer no tiene que dar explicaciones-, confirma que la nueva norma apenas ha variado la situaci¨®n. Algunos hospitales p¨²blicos han empezado a realizar la prestaci¨®n, pero solo en casos contados. "La mayor¨ªa de las veces para diagn¨®sticos graves de malformaci¨®n", explica.

Mientras, los centros privados se ven incapaces de seguir trabajando si la situaci¨®n se perpet¨²a. La Comunidad de Madrid no salda sus deudas, y ello a pesar de que gracias a un sistema de precios fijos la cantidad que paga por cada intervenci¨®n es, por regla general, un 25% m¨¢s baja que cuando la mujer afronta el coste de su bolsillo.

Los representantes de los centros han avisado por escrito a la Consejer¨ªa de Sanidad de la situaci¨®n hasta en tres ocasiones. En la primera carta, de marzo pasado, le pidieron una reuni¨®n urgente a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, que, seg¨²n denuncian, ni siquiera les ha contestado. En el escrito recuerdan a la Comunidad que las tarifas siguen igual que hace una d¨¦cada, pese a que el IPC ha subido un 28%. Antes de la nueva ley, explican, "el perjuicio de la falta de actualizaci¨®n de las tarifas era tolerable, y asumido como parte de nuestro compromiso social, dado que el porcentaje de pacientes bajo la cobertura de la Comunidad de Madrid no supon¨ªa ni el 20% del total de nuestra actividad".

Al aumento de esa actividad hasta el 70% se suma que los hospitales "vienen incurriendo en unos retrasos que nos generan un importante d¨¦ficit de tesorer¨ªa que ya no encuentra cobertura bancaria". Un mes despu¨¦s, las cl¨ªnicas volvieron a manifestar su "alarma" por la situaci¨®n, y avisaban de que si los hospitales no pagan eso significar¨¢ "la inviabilidad de la citada prestaci¨®n para las mujeres bajo la cobertura de la Comunidad de Madrid". A¨²n hubo una tercera carta, del 18 de mayo.

Ante la falta de di¨¢logo, las cl¨ªnicas se plantean ahora dar un ultim¨¢tum a la Comunidad. Si para el 15 de septiembre siguen sin cobrar, dejar¨¢n de realizar las intervenciones a las mujeres que lleguen derivadas de la sanidad p¨²blica. "Nosotros hacemos interrupciones de embarazo de alto riesgo a muchas mujeres que llegan de otras autonom¨ªas. Si tenemos que parar, el conflicto afectar¨¢ a toda Espa?a", predice Mu?oz. "No sabemos qu¨¦ hacer para que las mujeres no salgan perjudicadas", a?ade. Un argumento parecido es el que utiliza Luisa Torres, de Dator, a quien le preocupa que la inacci¨®n de la Comunidad de Madrid y su falta de compromiso perjudique "a¨²n m¨¢s" a las mujeres. Una posible soluci¨®n para paliar las consecuencias del eventual paro ser¨ªa, seg¨²n Empar Pineda, practicar los abortos solo a las mujeres con embarazos muy avanzados, de 21 o 22 semanas. "Por respeto a ellas, para que no sean las que paguen por esta situaci¨®n".