Sin alternativas

Las decisiones destinadas a reducir el d¨¦ficit p¨²blico en 5.000 millones de euros, que mediante decreto acaba de adoptar el Consejo de Ministros, constituyen una contrapartida m¨¢s a los apoyos que est¨¢ recibiendo la deuda p¨²blica espa?ola y una se?al para tranquilizar a los mercados. Est¨¢ por ver que este ajuste adicional en las finanzas p¨²blicas calme por s¨ª solo a los inversores. Es mucho m¨¢s probable, sin embargo, que acent¨²e la ya expl¨ªcita aton¨ªa del crecimiento econ¨®mico y las dificultades para reducir el desempleo. No son, por tanto, las medidas que precisa la posici¨®n c¨ªclica de nuestra econom¨ªa. Pero las autoridades espa?olas, en la actual coyuntura, no ten¨ªan otra alternativa.

Con independencia del efecto recaudatorio que finalmente tenga, la anticipaci¨®n del impuesto de sociedades no favorece a la mayor¨ªa de las empresas. Ese es un gravamen que gira sobre los beneficios y en cuya tasa efectiva concurren deducciones y bonificaciones diversas, de las que sacan m¨¢s partido las empresas de mayor tama?o. A las dificultades que encuentran las sociedades con menor facturaci¨®n, derivadas de una deprimida demanda y un persistente racionamiento crediticio, se a?ade esta forma de concesi¨®n adicional de financiaci¨®n al Estado.

La otra decisi¨®n que incorpora el decreto forma parte de esa racionalizaci¨®n necesaria en el conjunto del gasto sanitario, y m¨¢s concretamente en el farmac¨¦utico. Los 2.000 millones de euros que se pretenden ahorrar derivar¨¢n, en primer lugar, de la rebaja en un 15% del precio de los medicamentos que lleven m¨¢s de 10 a?os en el mercado. Otra fuente de ahorro derivar¨¢ de la obligaci¨®n impuesta a los m¨¦dicos de recetar el principio activo y no la marca de las medicinas. Esa utilizaci¨®n de los gen¨¦ricos ya es amplia en algunas comunidades aut¨®nomas. Los efectos de esta medida no ser¨¢n desde luego neutrales para el conjunto de la industria, sobre todo en los laboratorios, pero tampoco para las farmacias, con serios problemas financieros en algunas comunidades aut¨®nomas.

La pretensi¨®n de compensar, aunque sea de manera parcial, el efecto contractivo de esas dos decisiones se ha concretado en la reducci¨®n a la mitad del IVA para la adquisici¨®n de viviendas nuevas, con el fin de aligerar el parque de viviendas vac¨ªas. La vigencia de esta medida, que tan solo se prolongar¨¢ hasta final de a?o, limitar¨¢ su efecto, y es dudosa que vaya a conseguir que los compradores potenciales se precipiten a la calle para adquirir alguno de los numerosos pisos o apartamentos que siguen sin vender desde que estall¨® la crisis. Sin empleo y, desde luego, sin cr¨¦dito bancario, el mercado inmobiliario seguir¨¢ siendo un pesado lastre sobre la recuperaci¨®n econ¨®mica.

Son medidas comprensibles, pero no mejorar¨¢n unas finanzas p¨²blicas en las que incide de forma sustancial la ca¨ªda de la recaudaci¨®n derivada de la falta de crecimiento. En ausencia de las presiones que desde hace m¨¢s de un a?o ejercen los mercados de bonos sobre las econom¨ªas perif¨¦ricas de la eurozona, la prioridad de cualquier Gobierno no ser¨ªa contraer a¨²n m¨¢s las posibilidades de crecimiento mediante el aumento de los impuestos o reducciones en el gasto p¨²blico. Especialmente en un momento como el actual, en el que se observan reca¨ªdas sobre ritmos ya an¨¦micos y previsiones decepcionantes. La inquietud de los mercados financieros no se centra ahora tanto en la verificaci¨®n del saneamiento de las finanzas p¨²blicas como en esas deterioradas posibilidades de crecimiento. El Gobierno espa?ol ha redoblado su disciplinado prop¨®sito de saneamiento p¨²blico para tratar de cumplir sus compromisos en la eurozona, pero con ello no lograr¨¢ reducir el paro.