Sanidad solo act¨²a con denuncia previa ante desatenciones m¨¦dicas

En caso de desatenci¨®n m¨¦dica en la sanidad p¨²blica solo cabe denunciar. El ministerio no act¨²a de oficio cuando a un enfermo cr¨®nico se le niegan recetas o el acceso al especialista en una regi¨®n ajena a la suya. Para iniciar el proceso contra las comunidades que incumplan la ley -que obliga a prestar la misma atenci¨®n a los ciudadanos est¨¦n o no empadronados en esa autonom¨ªa- necesita una reclamaci¨®n por un caso concreto. Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, secretario general de Sanidad, asegur¨® ayer que el ministerio no tiene constancia de que se est¨¦n produciendo estas vulneraciones de la ley en algunas comunidades. Afirma que no han recibido ninguna denuncia directa. Y sin ellas, explica, la alta inspecci¨®n -el organismo encargado de evitar desigualdades entre regiones- no puede actuar.

Algunas comunidades piden poder facturarse entre ellas

El ministerio descarta modificar el mecanismo de momento

El Defensor del Pueblo critica las vulneraciones de la ley

Un ciudadano aragon¨¦s recibi¨® la factura tras ser atendido en Catalu?a

Los casos, sin embargo, existen. Ya el Defensor del Pueblo en su ¨²ltimo informe (de 2010) hablaba de varias denuncias contra los servicios de salud de autonom¨ªas como Andaluc¨ªa o Comunidad Valenciana por parte de enfermos a quienes se les negaron las recetas o la cita con el especialista. Tambi¨¦n los defensores auton¨®micos -por ejemplo el de Navarra- han emitido dict¨¢menes sobre este asunto a ra¨ªz de denuncias de pacientes. En ellos, se recuerda que la atenci¨®n a los desplazados -consultas, pruebas, medicaci¨®n financiada- debe correr a cargo de la comunidad de destino, y que debe prestarse en igualdad de condiciones que la de los ciudadanos de origen. El fondo de cohesi¨®n sanitaria -unos 100 millones de euros de los 60.000 dedicados a Sanidad- no incluye la atenci¨®n al turista nacional.

El propio ministerio tuvo que intervenir el a?o pasado en el conflicto creado entre Arag¨®n y Catalu?a cuando esta ¨²ltima exigi¨® a los aragoneses que compraran los medicamentos en las farmacias y despu¨¦s reclamaran el importe al Gobierno de Arag¨®n.

"No es la primera vez que los ciudadanos tienen problemas para que se les atienda en otra comunidad distinta de la suya", asegura Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso. Y la situaci¨®n se agrava con la crisis. La deuda de m¨¢s de 15.000 millones de euros con proveedores sanitarios ahoga a las comunidades, que recortan por donde pueden. Y la tijera llega a la atenci¨®n a los desplazados. Llamazares, presidente de la Comisi¨®n de Sanidad del Congreso, ha recibido denuncias de pacientes por ese motivo. Una de las ¨²ltimas, la de un aragon¨¦s que despu¨¦s de ser atendido en un hospital catal¨¢n recibi¨® la factura.

Tambi¨¦n Marciano S¨¢nchez-Bayle, portavoz de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP), relata que ayer mismo recibi¨® la denuncia de un hombre al que se le hab¨ªa negado la asistencia m¨¦dica en Torrevieja (Alicante). "Se me rompi¨® la silla y me ara?¨¦ con un hierro oxidado, por lo que era necesaria la vacuna antitet¨¢nica", explica el afectado. Acudi¨® al hospital de Torrevieja con el DNI -no llevaba la tarjeta sanitaria- y no le atendieron. Llam¨® al 112 y le aseguraron que ten¨ªa derecho a que le viera un m¨¦dico, pero en otros dos centros tampoco quisieron tratarle, asegura el hombre en su carta a la FADSP. "Denunci¨¦ en hojas de reclamaciones, pero la Comunidad Valenciana es juez y parte y me ha contestado con vaguedades inaceptables", a?ade. Al final esper¨® a llegar a Madrid para que le vacunaran.

S¨¢nchez-Bayle asegura que eso es lo que hacen muchos ciudadanos: esperan unos d¨ªas y se tratan en sus municipios. De ah¨ª que apenas trasciendan las quejas. Si las hay, suelen quedarse en los hospitales o los ambulatorios donde encontraron la negativa. Rub¨¦n S¨¢nchez, portavoz de la asociaci¨®n de consumidores Facua, cree que no hay m¨¢s denuncias directas porque los ciudadanos desconocen sus derechos. "La alta inspecci¨®n deber¨ªa investigar, comprobar a cu¨¢ntos ciudadanos afectan estas pr¨¢cticas e instar a las comunidades a corregirlas", asegura S¨¢nchez-Bayle. Y actuar de oficio. "Que no reciban quejas es una verdad relativa. Los medios lo han denunciado suficientemente; incluso hay circulares de la Generalitat de Catalu?a dando instrucciones que no deber¨ªan dar", a?ade.

El secretario general de Sanidad explica que el mecanismo de la Alta Inspecci¨®n se activa cuando se recibe alguna denuncia. "Adem¨¢s, el enfermo puede reclamar en los tribunales, y m¨¢s a¨²n si hay alg¨²n efecto negativo para su salud. La ley le ampara pero debe haber una denuncia concreta", esgrime Mart¨ªnez Olmos.

Algunas autonom¨ªas, como Madrid, Murcia o la valenciana, que reciben a muchos desplazados, han pedido varias veces en el Consejo Interterritorial que se cree alg¨²n mecanismo de compensaci¨®n para paliar los gastos que les suponen los turistas nacionales. Un portavoz de Sanidad de Murcia reconoce que los veraneantes suponen un sobrecoste "importante". Unos 130.000 enfermos de fuera (sin contar con los extranjeros, cuyos gastos s¨ª se cubren) recibieron atenci¨®n sanitaria en Murcia entre julio y agosto del a?o pasado. Esa regi¨®n gast¨® en recetas de desplazados m¨¢s de 3,6 millones de euros en 2010.

"Todos los veranos reforzamos en unas 200 personas el personal de atenci¨®n sanitaria, sobre todo en las zonas costeras. Se hacen m¨¢s intervenciones, m¨¢s pruebas y eso supone m¨¢s gastos", argumenta el portavoz murciano. "Deber¨ªa haber un fondo de compensaci¨®n, sobre todo para las autonom¨ªas con m¨¢s presi¨®n asistencial", a?ade.

Una opini¨®n que comparte Madrid, que cree que ese mecanismo deber¨ªa establecerse entre regiones. "Pedimos un sistema de compensaci¨®n, que se contabilicen las atenciones a los desplazados y que se compense por ellos", explica una portavoz de la consejer¨ªa de Sanidad. "Por ejemplo, si Madrid -que asign¨® 280.000 tarjetas sanitarias temporales a desplazados en 2010- atiende a 10 enfermos de fuera y el resto de autonom¨ªas atendieron a ocho de Madrid, que se nos pague por esos dos de m¨¢s atendimos".

Ana Pastor, responsable de Pol¨ªtica Sanitaria del PP, cree que uno de los grandes problemas es que no hay datos del coste de la atenci¨®n a los ciudadanos desplazados. "En ocho a?os, Sanidad no se ha molestado en difundirlos o analizarlos. Hay que hacerlo, y si se observa que hay algunas regiones perjudicadas porque reciben muchos m¨¢s pacientes, habr¨ªa que tomar decisiones", sostiene. Una f¨®rmula podr¨ªa ser revisar el fondo de cohesi¨®n para incluir a los turistas nacionales. Algo que ya estuvo sobre la mesa, respaldado por IU, cuando se intent¨® firmar un pacto por la sanidad.

El argumento de algunas comunidades de que la atenci¨®n de los no empadronados supone un sobrecoste no les exime de afrontarlo. No hacerlo es una vulneraci¨®n clara de la ley.

El ministerio, de momento, no baraja modificar el mecanismo actual. "Cuando se hizo el traspaso de competencias ya hab¨ªa turismo y las comunidades firmaron y aceptaron las condiciones", argumenta Mart¨ªnez Olmos. De haber cambios, "deber¨ªa plantearse la compensaci¨®n entre comunidades", opina.