La 'ley Sinde' de EE UU, un terremoto

Un apag¨®n digital protagonizado por Google, Yahoo, Twitter, Facebook, Paypal, AOL, Amazon, Mozilla y otras grandes ciberempresas debe ser algo bastante parecido al fin del mundo en el siglo XXI. Su desconexi¨®n voluntaria, aunque solo fuera durante algunas horas, supondr¨ªa sufrir y provocar perdidas econ¨®micas millonarias y colapsar el tejido econ¨®mico y social de Estados Unidos. Es poco probable que algo as¨ª ocurra... pero no es imposible. Todas esas empresas, integradas dentro de la plataforma Netcoalition.com, han discutido la posibilidad de protagonizar un apag¨®n digital este mes como medida de presi¨®n contra el proyecto de ley SOPA (Stop Online Piracy Act), una especie de ley Sinde que desde el pasado octubre se discute en el Congreso estadounidense. As¨ª lo sugiri¨® recientemente Markham Erickson, presidente de Netcoalition y lo ha confirmadoa este diario su portavoz Jake diGregorio, aunque reconoci¨® que se trataba, de momento, "solo de una idea".

La ley criminaliza tambi¨¦n webs y blogs situados fuera de Estados Unidos

Se obliga a los servidores a bloquear servicios cuando hay delito

La SOPA, que en su versi¨®n en el senado lleva las siglas PIPA y que ser¨¢ votada en esa c¨¢mara el pr¨®ximo 24 de enero, ha puesto en pie de guerra a todo el planeta digital estadounidense, pr¨¢cticamente sin excepciones. Propuesta el pasado octubre por el congresista republicano Lamar S. Smith y una coalici¨®n bi-partidista, la SOPA aspira a reforzar la persecuci¨®n de la pirater¨ªa digital otorg¨¢ndole al Departamento de Justicia estadounidense el poder de criminalizar a toda web que aloje contenidos ilegales, desde un blog an¨®nimo en Rusia a la mism¨ªsima red social Twitter si un usuario tuitea un link a una web con contenido ilegal. Las webs ubicadas fuera de Estados Unidos, que hasta ahora estaban a salvo de la justicia estadounidense, se convierten as¨ª en una de sus principales dianas. ?C¨®mo? A diferencia del Digital Millenium Copyright Act, por el que se reg¨ªa la persecuci¨®n de la pirater¨ªa online desde 1998 y que simplemente obligaba a una web a retirar el material ilegal (por ejemplo un v¨ªdeo de Youtube), la SOPA impone a los proveedores de internet, a los motores de b¨²squeda, a las empresas de publicidad y a las de pago online bloquear los servicios a escala mundial de toda web que est¨¦ bajo investigaci¨®n del Departamento de Justicia. Adem¨¢s obliga a los proveedores de dominios, (la gran mayor¨ªa est¨¢n alojados en Estados Unidos, aunque la web est¨¦ por ejemplo en Espa?a), a inhabilitar toda web sospechosa, provocando de facto su desaparici¨®n de la red. De lo contrario, ellos mismos se exponen a entrar en la lista negra.

Y eso, al margen de que la violaci¨®n de derechos de autor conlleve o no un beneficio econ¨®mico para la web que infringe la ley. Por ejemplo Wikileaks, que se ha dedicado a filtrar gratuitamente informes gubernamentales y por tanto protegidos por la legislaci¨®n de propiedad intelectual, ser¨ªa fulminada en el acto si la SOPA se aprobara.

"La gravedad de la ley reside en la vaguedad de su lenguaje, que puede interpretarse de forma tan amplia que desde los proveedores de Internet a los propios usuarios podr¨ªan convertirse en objeto de persecuci¨®n legal", explic¨® a este diario Jake diGregorio. "Crear¨¢ nuevas herramientas para silenciar la libertad de expresi¨®n en Internet", advierte la Electronic Frontier Foundation.

La SOPA ha puesto de manifiesto la gran brecha conceptual entre el mundo digital y el de las empresas tradicionales de contenidos. Como afirmaba recientemente en The New York Times el especialista en tecnolog¨ªa David Carr, "las empresas digitales ven la SOPA como una peligrosa y destructiva amenaza para la libertad en la web, acerc¨¢ndose a una regulaci¨®n intrusiva como la que ha convertido China en el villano de los ciudadanos de la red". Esas empresas, encabezadas por gigantes tecnol¨®gicos como Google, Facebook, Yahoo o AOL enviaron en diciembre una carta al Congreso estadounidense subrayando su apoyo a los objetivos de la ley -luchar contra la pirater¨ªa y reforzar las herramientas para combatir las p¨¢ginas ubicadas en el extranjero que violan los derechos de autor- pero advirtiendo que tal y como estaba redactada "expondr¨ªa Internet y las empresas a nuevas e inciertas amenazas, les privar¨¢ de derecho de acci¨®n y obligar¨¢ a controlar las webs". O lo que es lo mismo, a censurarlas.

Los dos grandes defensores de la SOPA son la Motion Picture Association of America (MPAA) que agrupa a las grandes productoras de cine estadounidense y la Recording Industry American Association (RIAA), que agrupa a las grandes discogr¨¢ficas. Adem¨¢s otras 140 empresas cercanas a ellas les apoyan. Seg¨²n la MPAA, Estados Unidos pierde anualmente unos 46.000 millones de euros por culpa de la pirater¨ªa mientras que la C¨¢mara de Comercio de ese pa¨ªs, tambi¨¦n defensora de la ley, afirma que 19 millones de puestos de trabajo est¨¢n amenazados por ella.

El debate est¨¢ candente y tanto el mundo internauta (Arianna Huffington, Jack Dorsey, Jimmy Wales o la Online News Association) como el de los defensores de las libertades civiles (desde la ACLU a Human Rights Watch) est¨¢n luchando para cambiar el texto de la SOPA, cuya posible inconstitucionalidad ha sido denunciada por m¨¢s de 100 profesores de leyes, que as¨ª se lo han hecho saber al Congreso.

Una cosa queda meridianamente clara: la ley Sinde en su versi¨®n estadounidense ya ha provocado bajo su suelo un aut¨¦ntico terremoto.