El Congreso de EEUU interviene para recuperar el dinero de los bonos de AIG

El reparto de bonos entre los directivos de la compa?¨ªa aseguradora AIG ha desatado una ola de indignaci¨®n en la sociedad norteamericana y ha provocado una guerra sin precedentes entre una empresa s¨ªmbolo de Wall Street y el poder pol¨ªtico en Washington, donde el Congreso garantiz¨® ayer a los ciudadanos que el dinero pagado como sobresueldos ser¨¢ recuperado de cualquier forma.

Sum¨¢ndose a la promesa hecha el d¨ªa anterior por el presidente, Barack Obama , de utilizar todas las v¨ªas legales a su alcance para bloquear los bonos de AIG, el jefe de la mayor¨ªa dem¨®crata en el Senado, Harry Reid, anunci¨® una iniciativa legislativa para conseguir que los 165 millones repartidos entre los ejecutivos de la mayor aseguradora del mundo sean devueltos.

Si no los devuelven por su propia voluntad, nosotros nos encargaremos de que lo hagan

Es inconcebible que el Gobierno no supiera lo que estaba pasando en una empresa de la que el Estado posee el 80%

"Si no los devuelven por su propia voluntad, nosotros nos encargaremos de que lo hagan", manifest¨® el influyente senador dem¨®crata Charles Schumer, presidente del comit¨¦ de Reglamento de la C¨¢mara Alta. En una prueba del calor que este episodio ha alcanzado en este pa¨ªs, el senador republicano Charles Grassley ha propuesto que los ejecutivos de AIG resuelvan esto "al estilo japon¨¦s", es decir compareciendo ante sus compatriotas y "haciendo una de estas dos cosas: dimitir o suicidarse".

La rabia entre la opini¨®n p¨²blica es, desde luego, extrema. Todos los programas de televisi¨®n y medios digitales ofrecen continuamente testimonios de una poblaci¨®n at¨®nita ante el hecho de que una empresa que lleva perdidos este a?o 65.000 millones de d¨®lares y que ha recibido ya 170.000 millones de d¨®lares de ayudas del Estado haya premiado a sus ejecutivos de una forma tan generosa. Esa indignaci¨®n, infrecuente en un pa¨ªs que representa la quintaesencia del capitalismo y siempre ha fomentado la ambici¨®n por el ¨¦xito y el dinero, ha convertido el caso de AIG en un problema pol¨ªtico de primera magnitud.

La oposici¨®n republicana ha acusado al Gobierno de incompetencia en el asunto. "Es inconcebible que el Gobierno no supiera lo que estaba pasando en una empresa de la que el Estado posee el 80%", manifest¨® ayer el jefe de la minor¨ªa republicana en la C¨¢mara de Representantes, John Boehner. Algunos de sus compa?eros de partido han llegado a sugerir que el secretario del Tesoro, Tim Geithner, deber¨ªa de presentar la dimisi¨®n como consecuencia de este episodio. "Esta una prueba m¨¢s de que el secretario del Tesoro est¨¢ desbordado por la situaci¨®n", declar¨® el senador Richard Shelby, el m¨¢s alto representante republicano en el comit¨¦ de Banca del Senado.

Geithner parece, efectivamente, atrapado en medio de un asunto que no tiene f¨¢cil soluci¨®n. Bloquear legalmente los bonos de AIG, como le ha pedido Obama -y exige a gritos la ciudadan¨ªa-, parece muy complicado desde el punto vista t¨¦cnico y extraordinariamente delicado desde el punto de vista econ¨®mico. T¨¦cnicamente, varios expertos han anticipado que nada puede hacerse contra unos pagos que estaban reglamentados por contratos perfectamente legales cuya revisi¨®n nunca fue solicitada por ninguna de las partes. Ah¨ª puede haber existido alg¨²n tipo de negligencia por parte de las autoridades que entregaron las ayudas p¨²blicas. En otras empresas favorecidas por esas ayudas, como las automovil¨ªsticas, los ejecutivos fueron obligados a reformar los contratos para rebajar sus sueldos.

La v¨ªa de actuaci¨®n que ahora parece m¨¢s a mano es la de la someter a los beneficiarios de los bonos al escarnio p¨²blico hasta obligarles a devolver el dinero. En esa l¨ªnea parece actuar el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, al solicitar a AIG todos los datos, incluidos los nombres de los destinatarios, sobre el recorrido de los sobresueldos.

Cuomo ofreci¨® ayer algunos detalles al respecto. Inform¨® que 71 ejecutivos hab¨ªan cobrado m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares. Uno de ellos super¨® la cifra de 6,4 millones de d¨®lares, y entre los diez m¨¢s remunerados juntaron 42 millones de d¨®lares. Pero la intervenci¨®n del poder pol¨ªtico para regular los salarios de las empresas privadas tiene, adem¨¢s, un potencial efecto explosivo sobre las m¨¢s b¨¢sicas reglas del juego del sistema. Un analista financiero comentaba ayer que "nada bueno puede ocurrir si se a?ade a la incertidumbre econ¨®mica la incertidumbre sobre la retribuci¨®n de quienes tienen que resucitarla".

Lo mismo parece pensar el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, quien ha advertido del riesgo que esta presi¨®n supone para el futuro de la empresa. "No vamos a poder atraer y retener a los mejores talentos si los empleados creen que su compensaci¨®n est¨¢ continuamente sujeta al ajuste arbitrario del Departamento del Tesoro", manifest¨®.

Liddy, que cobra un mill¨®n de d¨®lares anuales y lleg¨® a su cargo despu¨¦s de la intervenci¨®n de la compa?¨ªa por el Estado, est¨¢ convocado a comparecer ante un comit¨¦ de la C¨¢mara de Representantes. Su presencia servir¨¢ para ratificar el clima de hostilidad actual en el Capitolio hacia el plan de rescate financiero, un clima que le puede hacer imposible a Obama aprobar planes similares que pueden ser imprescindibles en poco tiempo. De hecho, el Presupuesto presentado por la Casa Blanca aparta 250.000 millones de d¨®lares para ese fin.