Una normativa deja en el paro a profesores de la privada
Un Real Decreto impide a graduados en carreras como Periodismo o Ciencias Econ¨®micas ejercer la docencia en algunas asignaturas de Secundaria y Bachillerato
¡°Cuando me enter¨¦, casi me da un infarto¡±, dice Elena, que prefiere no dar su nombre real, estudiante del M¨¢ster Universitario en Profesor de Secundaria por la Universidad de Valencia. Esta periodista de treinta a?os y graduada en 2010 por la misma universidad, se enter¨® hace unas semanas de que el posgrado que empez¨® el pasado octubre ya no le habilita para dar clase de Lengua y Literatura en centros privados y concertados por un cambio en la normativa. ¡°Me he planteado dejarlo, y eso que para poder cursarlo tuve que renunciar al trabajo que ten¨ªa, pero he decidido seguir aunque mi futuro sea incierto¡±, comenta.
Un Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2010 y modificado parcialmente en julio de 2015 estableci¨® los nuevos requisitos para ejercer de profesor de Secundaria y Bachillerato en centros privados y concertados. La normativa impide que los graduados en Periodismo, Comunicaci¨®n Audiovisual y Publicidad, que pertenecen a la rama de Ciencias Sociales, puedan impartir clases de Lengua Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, ya que solo se permite que lo hagan los graduados en Humanidades o Arte.
Graduados en carreras como Ciencias Econ¨®micas tambi¨¦n han salido perjudicados; hasta 2010 pod¨ªan dar clase de matem¨¢ticas a alumnos de la ESO y de Bachillerato, pero con la nueva normativa solo pueden dar matem¨¢ticas aplicadas a las ciencias sociales en Bachillerato. Para la ESO se requiere un grado en?Ciencias o en Ciencias Experimentales y de la Salud.
Uno de los requisitos indispensables para ejercer la docencia en centros p¨²blicos, concertados y privados es tener el M¨¢ster en Formaci¨®n del Profesorado (antiguo CAP). El problema es que durante los ¨²ltimos a?os muchos aspirantes a profesor sin intenci¨®n de opositar y con el claro prop¨®sito de acceder a la privada se han matriculado en ese m¨¢ster sin saber que la normativa ya no les permite ejercer.?
Cambios en la normativa desde 1995
Orden del 24 de julio de 1995. Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o aquellos que acreditasen una cualificaci¨®n espec¨ªfica pod¨ªan ejercer como profesores para dar clase de ESO y Bachillerato en centros privados y concertados. Para los que no eran profesores o licenciados en Pedagog¨ªa, era requisito indispensable el Certificado de Aptitud Pedag¨®gica (CAP), que en 2006 pasa a ser el actual M¨¢ster en Formaci¨®n del Profesorado.
Real Decreto 860/2010. La normativa actual, que deroga la orden del 24 de julio de 1995 y se modifica parcialmente por el Real Decreto 665/2015, establece una nueva regulaci¨®n. El principal cambio fue la sustituci¨®n de las titulaciones universitarias requeridas para impartir cada una de las especialidades de ESO y Bachillerato con el objetivo ¡ªseg¨²n el Ministerio de Educaci¨®n¡ª de adecuarse a las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educaci¨®n Superior tras la aprobaci¨®n? del Plan?Bolonia de 1999. Tres son los requisitos para ejercer como profesor: estar en posesi¨®n del grado requerido para cada especialidad; tener el M¨¢ster en Formaci¨®n del Profesorado y?haber superado un m¨ªnimo de 24 cr¨¦ditos relacionados con la materia a impartir o?acumular una experiencia de dos a?os de docencia sobre la materia deseada. Si el candidato no cuenta con el grado universitario exigido, necesitar¨¢ haber realizado dos cursos (120 cr¨¦ditos) de cualquier grado con asignaturas relacionadas con la materia a impartir.
"Nadie me inform¨® cuando me inscrib¨ª en el m¨¢ster. No soy de Valencia y me estoy dejando los ahorros que ten¨ªa para poder cursarlo", cuenta Elena, que pag¨® 982 euros de matr¨ªcula en la Universidad de Valencia y se ha enterado del cambio de normativa a mitad de curso,?despu¨¦s de que la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) lanzase un comunicado denunciando la situaci¨®n. Tras las quejas de un grupo de alumnos, la universidad public¨® el pasado diciembre en su web una nota informando de los nuevos requisitos exigidos por el Gobierno para ejercer en la privada.?
El mismo problema se est¨¢ dando en algunas universidades privadas. Laura, que no quiere dar su nombre real, ha pagado?pagado 5.940 euros por realizar el m¨¢ster online en la?Universidad Internacional de Valencia (VIU), y?denuncia que no les advirtieron. "No nos dieron informaci¨®n de las salidas laborales y adem¨¢s me aseguraron por tel¨¦fono y email?que siendo periodista pod¨ªa acceder a la especialidad de Lengua y Literatura. Me siento enga?ada y me voy a informar de si les puedo denunciar por publicidad enga?osa", cuenta.?
La VIU no se hace responsable. "Nuestro m¨¢ster est¨¢ avalado por las agencias de evaluaci¨®n y no es nuestra obligaci¨®n informar a los alumnos de todas los cambios que aprueba el Gobierno. No somos responsables de si su intenci¨®n es presentarse a oposiciones o no", asegura Lucas Mili¨¢n, responsable de comunicaci¨®n del centro.?
Otras p¨²blicas como la UNED o la Complutense s¨ª hacen referencia en su web a la?tabla de titulaciones que dan acceso a cada especialidad, publicada en el BOE. "Los periodistas que quieren cursar la especialidad de Lengua y Literatura necesitan, al menos, 120 cr¨¦ditos en alg¨²n grado relacionado con Lengua", explica Nuria Carriedo, vicerrectora de Ordenaci¨®n Acad¨¦mica y Calidad de la UNED. Para el curso 2016-2017 la UNED recibi¨® 6.000 solicitudes para acceder al M¨¢ster en Formaci¨®n del Profesorado para 600 plazas.
"Al ser una profesi¨®n regulada con un m¨¢ster habilitante asociado, es nuestra obligaci¨®n advertir a los estudiantes y somos muy estrictos con la admisi¨®n", asegura Pilar Herreros, vicerrectora de Estudios de la Complutense.?
Aplicaci¨®n desigual en las comunidades aut¨®nomas
Aunque el Real Decreto se aprob¨® en julio de 2010 para adaptarse a las exigencias del Plan Bolonia, cada comunidad aut¨®noma ha aplicado de una forma la nueva normativa. Madrid y Andaluc¨ªa son las regiones con el mayor n¨²mero de profesores afectados, donde la inspecci¨®n educativa ha emitido el mayor n¨²mero de informes para deshabilitar a docentes en activo, seg¨²n los datos de la Confederaci¨®n Espa?ola de Centros de Ense?anza (CECE), una de las mayores patronales de centros privados en Espa?a. No existe un registro oficial de afectados, pero desde CECE Madrid se?alan que desde 2011 ha habido una media de cinco casos al a?o en la regi¨®n. "La mayor¨ªa son periodistas y economistas que de la noche a la ma?ana se han visto sin trabajo", apunta Juan Ch¨¢varri, coordinador jur¨ªdico de CECE Madrid.?
Mar¨ªa, periodista que prefiere no dar su nombre real, se gradu¨® en el m¨¢ster en el curso 2010. Consigui¨® dar clase en tres centros madrile?os diferentes, pero en enero de 2017 el colegio en el que estaba recibi¨® una notificaci¨®n de la Inspecci¨®n Educativa en el que se le denegaba la acreditaci¨®n para ejercer al no tener un grado en Humanidades. En junio tuvo que abandonar el centro. Ahora la han contratado en otro colegio. "Saben que tengo un informe previo desfavorable, pero han apostado por el sentido com¨²n: tengo seis a?os de experiencia", asegura. Est¨¢n a la espera del visto bueno de la inspecci¨®n.
Para Juan Ch¨¢varri, de CECE Madrid, el principal problema es que cada inspector valora la formaci¨®n acad¨¦mica del candidato de forma distinta. "Hay algunos que consideran v¨¢lidos 24 cr¨¦ditos en alguna especializaci¨®n para impartir matem¨¢ticas y otros que dan una respuesta negativa para el mismo caso". Por eso, piden al Gobierno que actualice el cat¨¢logo de profesiones habilitantes y afine m¨¢s en la formaci¨®n necesaria para cada una de las asignaturas, para evitar que el destino de los docentes dependa del criterio del inspector.
Esa misma petici¨®n la han realizado desde el Gobierno de Cantabria. "Necesitamos que se actualice el listado de las profesiones que dan acceso a la docencia, ya que cada a?o aparecen nuevos grados universitarios y tiene que ser el Gobierno el que decida", explica C¨¦sar de Cos, director general de Personal Docente de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n c¨¢ntabra.
En algunas comunidades como Cantabria, Comunidad Valenciana, Catalu?a y Arag¨®n no se han registrado informes desfavorables de la Inspecci¨®n Educativa desde la aprobaci¨®n del Real Decreto en 2010, seg¨²n aseguran responsables de Educaci¨®n de estas regiones a EL PA?S. En Andaluc¨ªa comenzaron a emitirse informes en 2016 y desde entonces hay?m¨¢s de un centenar de periodistas afectados ¡ª30 de los cuales estaban en activo y han sido inhabilitados¡ª, seg¨²n datos de la plataforma de periodistas afectados.
El pasado 21 de diciembre, en la Conferencia Sectorial de Educaci¨®n, algunas comunidades solicitaron al Gobierno una actualizaci¨®n de la normativa y la revisi¨®n de la tabla de profesiones que dan acceso a la docencia. "Hubo consenso entre las comunidades en el caso de los periodistas y los economistas. Nos trasladaron que lo estudiar¨¢n", apunta Miguel Soler, secretario auton¨®mico de Educaci¨®n e Investigaci¨®n de la Generalitat Valenciana.?
Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa?olas (CRUE) aseguran a EL PA?S que "la comisi¨®n sectorial de Asuntos Acad¨¦micos est¨¢ analizando el problema de la impartici¨®n de Lengua Espa?ola y Literatura o Lengua Extranjeras por parte de los licenciados y graduados en Periodismo y Comunicaci¨®n para elevar un informe al Comit¨¦ Permanente que pueda aportar soluciones".
Los periodistas alzan la voz
"Queremos que se reconozca un derecho que hemos tenido durante muchos a?os", reclama Ezequiel Garc¨ªa, uno de los impulsores de la Plataforma de Periodistas afectados por el cambio de normativa en Educaci¨®n. "Solicitamos que haya una modificaci¨®n del Real Decreto de 2010 y que se reconozcan y sean habilitantes los cr¨¦ditos human¨ªsticos que tiene la carrera de Periodismo, en torno al 40%", a?ade.
Gracias al apoyo del Colegio de Periodistas de Andaluc¨ªa y de la FAPE, en los ¨²ltimos meses miembros de la plataforma se han reunido con representantes del Ministerio de Educaci¨®n. "Hemos presentado un escrito para que estudien las incongruencias de la actual normativa y los da?os producidos a las personas que ten¨ªan su puesto de trabajo y que han sido despedidas tras la aplicaci¨®n del decreto", explica Aurelio Mart¨ªn, vicepresidente de la FAPE.
Adem¨¢s, han conseguido que Ciudadanos presentara el pasado 13 de diciembre una proposici¨®n no de ley en la que, entre otros puntos, insta al Gobierno a?"obligar a las Universidades que imparten el m¨¢ster a que publiquen de manera clara y transparente toda la legislaci¨®n vigente" para que as¨ª los alumnos no caigan en enga?o. Tambi¨¦n reclaman que se establezcan "mecanismos de control que impidan que las universidades puedan" ofrecer la especialidad docente a profesionales que despu¨¦s no podr¨¢n ejercerla.
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