El ¨®rdago de Montoro para apaciguar a las comunidades

El sistema de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas no es m¨¢s que la f¨®rmula por la cual se reparte el dinero obtenido por algunos impuestos cedidos a estas administraciones (el 50% del IRPF, 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales) para que puedan prestar los servicios p¨²blicos b¨¢sicos (sanidad, educaci¨®n, servicios sociales y dependencia) y ejercer otras competencias que algunas han asumido (como la justicia o la polic¨ªa auton¨®mica, por ejemplo).

El actual sistema de financiaci¨®n se puso en marcha en 2009 y se ten¨ªa que haber revisado en 2014. El Gobierno de Rajoy lo ha aplazado con m¨²ltiples excusas: la crisis econ¨®mica, la catalana¡­ Desde entonces, los barones auton¨®micos reclaman al Gobierno central que aborde la reforma. Lastrados por los recortes que protagonizaron la Gran Recesi¨®n y con las nuevas restricciones legales que les impiden gastar m¨¢s ¡ªla Ley de Estabilidad aprobada en 2012 consagr¨® la austeridad en las cuentas p¨²blicas¡ª, los presidentes auton¨®micos claman por un modelo que les aporte m¨¢s dinero para mejorar los servicios p¨²blicos que prestan o recuperar algunos de los que tuvieron que suprimir en lo peor de la crisis. Este a?o ingresar¨¢n algo m¨¢s de 105.000 millones de euros de ese sistema, la mayor cantidad de la historia. Los barones aducen que a¨²n no han recuperado el nivel de calidad de servicios p¨²blicos previo a la crisis porque, entre otros motivos, el gasto sanitario y la dependencia son crecientes por el envejecimiento de la poblaci¨®n.

16.000 millones de d¨¦ficit

La recaudaci¨®n ligada al ladrillo tampoco se ha recuperado y, seguramente nunca lo har¨¢. Los expertos convocados por Montoro para la reforma del sistema de financiaci¨®n calcularon que la bolsa com¨²n necesitaba de unos 16.000 millones adicionales para que las autonom¨ªas pudieran prestar la misma calidad de servicios que antes de la Gran Recesi¨®n. Hacienda recuerda que ese c¨¢lculo fue elaborado con datos de 2015 y que desde entonces los recursos han engordado en cerca de 20.000 millones de euros.

La competencia entre las comunidades por conseguir un euro m¨¢s es feroz. Existen bloques de territorios que defienden determinados criterios que les benefician: dar m¨¢s importancia a la poblaci¨®n envejecida, hacerlo con la que est¨¢ en edad escolar, ponderar mejor la dispersi¨®n geogr¨¢fica o la insularidad o calcular mejor el coste fijo de los servicios. Abrir la financiaci¨®n auton¨®mica es iniciar una batalla pol¨ªtica entre 15 enemigos (Pa¨ªs Vasco y Navarra tienen su propio sistema). En realidad, son 16 rivales porque el Ministerio de Hacienda tambi¨¦n libra su propio combate contra el conjunto de las comunidades.

En este contexto, Crist¨®bal Montoro, el ministro de Hacienda que m¨¢s tiempo ha ocupado esa cartera, quiere impulsar la reforma del sistema de financiaci¨®n con una triple propuesta. Por un lado pretende abordar una reforma tributaria de los impuestos que dependen de las comunidades; por otro pretende simplificar el actual sistema que es ¡°complejo, opaco y con problemas de equidad y eficiencia¡±, en palabras de los expertos que recibieron el encargo de presentar una propuesta para revisar el sistema. Y por ¨²ltimo, y quiz¨¢ el elemento m¨¢s importante, es que estudia c¨®mo aligerar la pesada carga de la deuda que acumulan las comunidades.

Vayamos por partes. Una de las cuestiones que m¨¢s preocupa a los dirigentes regionales es la deuda p¨²blica de sus administraciones, que les pega un bocado en sus gastos al tener que pagar intereses y que les obliga a obtener recursos adicionales para saldar los vencimientos que se van produciendo. En 2012 se desat¨® la peor tormenta del ¨²ltimo periodo de crisis. Los mercados financieros cerraron el grifo a las comunidades, que acumulaban d¨¦ficits insostenibles. Las autonom¨ªas no encontraban quien les prestase dinero para financiar sus deudas. En ese momento, el Ejecutivo puso en marcha el plan de pago a proveedores, una l¨ªnea de cr¨¦dito en condiciones ventajosas para que las autonom¨ªas pudieran liquidar las facturas que ten¨ªan en los cajones. A este mecanismo le sucedi¨® el Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA), otra l¨ªnea de cr¨¦dito con bajos tipos de inter¨¦s, para que las comunidades hicieran frente a los vencimientos de la deuda que ten¨ªan con los bancos y pagaran otras facturas pendientes.

En los ¨²ltimos seis a?os, las autonom¨ªas han tomado prestados m¨¢s de 231.000 millones de euros de estos fondos ofrecidos por el Estado central. Dos de cada tres euros que deben son con la Administraci¨®n central. As¨ª se entiende el debate suscitado entre los presidentes regionales que, como el valenciano Ximo Puig, reclaman una quita de esta deuda. Achacan ese pasivo financiero a que est¨¢n peor financiadas que el resto. Por eso, dicen, el Estado deber¨ªa compensarles.

Otras autonom¨ªas, como Madrid, Galicia o Andaluc¨ªa, rechazan la condonaci¨®n total de la deuda porque aducen que ellas han gestionado mejor y se han endeudado menos. Con la quita resultar¨ªan menos favorecidas que las m¨¢s hipotecadas.

Frente a cada argumento en un sentido u otro, existe una r¨¦plica. Es un debate interminable. Por eso, Montoro busca un camino intermedio que contente a todos: planea una reestructuraci¨®n de la deuda auton¨®mica, que permita ampliar los plazos de devoluci¨®n y reducir, al mismo tiempo, los intereses para rebajar la carga financiera que tienen que soportar las autonom¨ªas. La idea es aplazar a unos 50 a?os la deuda que mantienen con el Estado. Incluso se plantean un periodo de carencia para que en los pr¨®ximos a?os las autonom¨ªas no tengan que amortizar esos compromisos. Ser¨ªa una deuda casi perpetua.

Seg¨²n explican fuentes gubernamentales, Catalu?a tiene que hacer frente a unos vencimientos de unos 5.400 millones de euros este a?o. Si se retrasan esas letras, se dejar¨ªa un espacio presupuestario para que las comunidades puedan aprovechar para aumentar su gasto social o las inversiones, precisan en el ministerio. La cuesti¨®n es c¨®mo hacerlo sin ¡°agravios¡±. No es lo mismo cambiar las condiciones de los 70.909 millones que debe Catalu?a o los 53.756 que tiene comprometidos con el Estado la Comunidad Valenciana que los 4.728 que suma Madrid. Pero eso, dicen en las oficinas del ministerio ubicado en la calle de Alcal¨¢, se resolver¨¢ tras una negociaci¨®n pol¨ªtica. No obstante, aclaran que habr¨¢ que determinar qu¨¦ parte de ese pasivo financiero corresponde con una infrafinanciaci¨®n real y cu¨¢l con despilfarro o mala gesti¨®n. Porque hay de todo.

¡°Es el momento de debatir sobre qu¨¦ debemos hacer con las deudas acumuladas. Eso es lo que toca repensar¡±, asegur¨® el ministro esta semana en el Congreso. De esta forma, el Ejecutivo central soluciona dos problemas. Por un lado alivia la deuda auton¨®mica y satisface las reclamaciones de comunidades como la Valenciana o Catalu?a, que son las que m¨¢s deben. Y por otro, presenta este elemento como un cebo o compensaci¨®n para concitar el mayor consenso en torno al nuevo sistema de financiaci¨®n. Cada vez que se ha reformado un nuevo modelo, los sucesivos gobiernos han tenido que poner dinero sobre la mesa para contentar a todas las autonom¨ªas. En esta ocasi¨®n, el Ejecutivo no dispone de nuevos recursos que ofrecer, m¨¢s all¨¢ del alza de recaudaci¨®n que proporciona el crecimiento econ¨®mico. As¨ª que para invitar a las autonom¨ªas a sumarse al nuevo acuerdo de financiaci¨®n les ofrece reestructurar su deuda.

Adem¨¢s, explican fuentes gubernamentales, aunque el Ejecutivo pusiera m¨¢s dinero, las comunidades no podr¨ªan gastarlo porque la regla de gasto ¨Cuno de los cors¨¦s de la Ley de Estabilidad, que limita el aumento del gasto p¨²blico¡ª se lo impedir¨ªa y les obligar¨ªa a amortizar deuda. Y como la mayor parte de esa deuda es con el Estado, en realidad el Gobierno estar¨ªa poniendo dinero en las comunidades para que volviera a ¨¦l. Por eso Montoro ha lanzado esta reflexi¨®n esta semana: ¡°No tiene sentido que cuando hablamos de nuevos recursos para las comunidades en Educaci¨®n, Sanidad o protecci¨®n social lo que planteemos en paralelo es que el Estado se financie con intereses por la deuda contra¨ªdas con el mismo Estado. O hacemos una cosa o hacemos la otra pero las dos, no¡±.

Otro de los aspectos del sistema de financiaci¨®n tiene que ver con la estructura del modelo en s¨ª. El actual sistema es complejo, poco transparente y poco equitativo. Cuenta con cinco fondos que lo hacen a¨²n m¨¢s inaccesible. Uno garantiza la financiaci¨®n de los servicios esenciales (sanidad, educaci¨®n y servicios sociales). Este fondo est¨¢ dotado con el 75% de los recursos del sistema. Funciona bastante bien y reparte de forma equitativa los recursos en funci¨®n de las necesidades de gasto, que vienen determinadas por la poblaci¨®n ajustada: la poblaci¨®n total corregida con unos indicadores para tener en cuenta el peso de los ni?os en edad escolar, los mayores, la dispersi¨®n geogr¨¢fica o la superficie de cada territorio, que influyen de forma decisiva en el gasto p¨²blico. ¡°Es muy importante que el sistema de financiaci¨®n garantice en todas las comunidades un mismo nivel de servicios p¨²blicos, sobre todo teniendo en cuenta que sigue habiendo una gran distancia en el nivel de riqueza de nuestras comunidades¡±, dijo Montoro en el Congreso.

Una de las cr¨ªticas que los expertos convocados por Hacienda y las comunidades para que esbozaran el proyecto para reformar el sistema es que existen grandes diferencias en financiaci¨®n entre las comunidades. Existen casi 30 puntos de distancia entre el ¨ªndice de financiaci¨®n por habitante de la Comunidad Valenciana, la peor financiada, y Cantabria, la mejor tratada por el sistema. La mayor parte de esas diferencias provienen de los fondos complementarios del sistema, el de suficiencia ¨Cpara financiar las competencias no homog¨¦neas¡ª; el de cooperaci¨®n ¨Cque favorece a las m¨¢s pobres¡ª; y el fondo de competitividad ¨Cfavorable a las m¨¢s ricas, como Catalu?a¡ª. Pocos entienden c¨®mo funcionan y c¨®mo se distribuyen. La mayor¨ªa de expertos admiten que estos son los fondos de cierre del sistema: los instrumentos con los que los sucesivos Gobiernos han introducido los acuerdos pol¨ªticos alcanzados con las comunidades para que aceptaran cada uno de los nuevos sistemas. Tambi¨¦n est¨¢ el fondo de compensaci¨®n interterritorial, que trata de cerrar la brecha en nivel de renta entre las autonom¨ªas m¨¢s pobres y las m¨¢s pr¨®speras, que se nutre del Estado central y es marginal al sistema.

El plan de Montoro es simplificar este modelo creando un gran fondo de garant¨ªa de servicios p¨²blicos, similar al que existe ahora pero que financie tambi¨¦n la dependencia. Y refundir el resto de fondos en uno solo. Adem¨¢s, pretende impulsar un fondo de convergencia para reducir la brecha en renta entre las regiones pobres y las m¨¢s pr¨®speras, una diferencia que se ha mantenido igual en los ¨²ltimos 50 a?os, explican fuentes gubernamentales. La idea es que se pueda reducir la distancia con m¨¢s apoyo para los territorios que est¨¢n menos desarrollados. A Montoro le inquietan los agravios que surgen durante los debates de financiaci¨®n cuando los territorios ricos acusan a los menos avanzados de subvencionarlos. Por eso, defiende la creaci¨®n de un fondo financiado por personas, es decir por el Estado central, no por territorios.

La tercera propuesta de Montoro para reformar el sistema consiste en una reforma tributaria de los impuestos auton¨®micos. En este tercer brazo se incluir¨ªa una armonizaci¨®n de los tributos, como el de sucesiones y donaciones o el de actos jur¨ªdicos documentados. Actualmente existe una gran diferencia entre lo que se paga entre territorios. Madrid, gobernada por el PP que ha hecho bandera de la bajada de impuestos, es la que mantiene los m¨¢s bajos. Por eso, es acusada de competencia desleal por parte de otras autonom¨ªas entre las que est¨¢n Andaluc¨ªa, con impuestos m¨¢s elevados. El Gobierno pretende establecer unos l¨ªmites por debajo de los cuales no se podr¨ªan bajar esos impuestos pero tampoco subirlos. De esta forma dar¨ªa cierta uniformidad.

Impuestos verdes

En el mismo ¨¢mbito, Montoro pretende abordar la imposici¨®n medioambiental. Aduce que existen multitud de impuestos verdes en las comunidades, desde la depuraci¨®n de aguas, a las bolsas de basura, o diferentes tasas por tipos de contaminaci¨®n. Su plan consiste en armonizar estas figuras tributarias para que no exista una mara?a de impuestos en cada territorio con una regulaci¨®n diferente en cada caso. El ministro se muestra remiso a crear nuevos impuestos o subir m¨¢s los existentes, por eso se muestra reacio a aumentar m¨¢s los grav¨¢menes sobre el di¨¦sel, como reclaman los organismos internacionales. Tampoco es favorable, en principio, a que las comunidades puedan subir el IVA de forma colegiada, como han propuesto los expertos para la reforma de la financiaci¨®n.

En definitiva, el sistema ideado por Montoro se basa en los ejes fundamentales del informe elaborado por los expertos. Trata de garantizar la mayor igualdad en la financiaci¨®n de los servicios esenciales. Aumenta la responsabilidad fiscal de las autonom¨ªas para que financien con sus excedentes los servicios complementarios. Y plantea un fondo externo al sistema para reducir la brecha de riqueza entre los territorios. ¡°Buscamos un sistema de financiaci¨®n estable, que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garant¨ªa de acceso de los ciudadanos a los servicios p¨²blicos que prestan las comunidades¡±. De esta forma resumi¨® Montoro su plan. Ahora solo hace falta que la negociaci¨®n pol¨ªtica no convierta el documento en un nuevo Frankenstein, como muchos de los expertos denominan al sistema actual.