Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre del almac¨¦n de gas Castor

La f¨®rmula que ide¨® el Gobierno pasaba por que cada a?o (durante los pr¨®ximos 30) las tres entidades financieras recibieran 80 millones de euros, que deben pagar los consumidores de gas a trav¨¦s de su factura. Pero esa v¨ªa se sustentaba en el real decreto ley de 2014 que aprob¨® el Gobierno y que permiti¨® a la empresa Escal UGS ¨Ccontrolada en un 66,7% por ACS¨C cobrar la indemnizaci¨®n de 1.350 millones a cambio de entregar un almac¨¦n de gas que le hab¨ªa encargado acometer el Estado pero que nunca se emplear¨¢ por el riesgo s¨ªsmico que acarrea.

La parte del real decreto ley que sustentaba el pago de la indemnizaci¨®n fue anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre. Y la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de canalizar la devoluci¨®n de lo adelantado por los bancos, ha dejado de obligar al pago a los bancos de esos 80 millones anuales a trav¨¦s de la factura del gas al entender que no existe un paraguas legal que lo ampare.

El embrollo es enorme. El Constitucional no cuestionaba en su sentencia el pago de la indemnizaci¨®n en s¨ª, sino la v¨ªa de urgencia empleada por el Gobierno del PP, que los magistrados no consideraban adecuada ni justificada. La alternativa que el tribunal ha dejado abierta implicar¨ªa que el Ejecutivo lleve ahora al Congreso ¨Cno a trav¨¦s de una v¨ªa de urgencia¨C el pago de esos 1.350 millones. Pero parece casi una quimera que el PP, que no tiene mayor¨ªa suficiente en el Parlamento, pueda encontrar alg¨²n apoyo en otro partido para sacar adelante una norma que garantice a los bancos el pago de lo que adelantaron para cubrir la indemnizaci¨®n.

V¨ªa administrativa

As¨ª que, finalmente, las tres entidades bancarias han decidido reclamar por la v¨ªa administrativa la devoluci¨®n de los 1.350 millones.

Pese a presentar esa reclamaci¨®n, las tres entidades sostienen que ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo "que permita hacer la devoluci¨®n de una manera flexible" para "evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas". B¨¢sicamente, lo que ponen sobre la mesa es recuperar la misma f¨®rmula ideada en 2014 ¨Cpagos fraccionados durante tres d¨¦cadas con los mismos tipos de inter¨¦s¨C. Pero, para que esos pagos puedan realizarse, hace falta una norma legal que sirva de paraguas y que sustituya al real decreto ley anulado por el Constitucional.

El Ministerio de Energ¨ªa ha rechazado este viernes hacer cualquier valoraci¨®n sobre la demanda, al argumentar que no la ha "podido estudiar" todav¨ªa. Tampoco aclara si el Ejecutivo planea aprobar alg¨²n tipo de decreto o norma sobre la indemnizaci¨®n anulada por el Constitucional.

Pero, ?por qu¨¦ se indemniz¨® a Escal UGS, controlada por la compa?¨ªa de Florentino P¨¦rez? Cuando el proyecto Castor se adjudic¨® en 2008 ¨Cdurante el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero¨C se incluy¨® una cl¨¢usula que preve¨ªa el pago de la inversi¨®n realizada a la promotora en el caso de que se produjera la extinci¨®n o caducidad de la concesi¨®n. Y el montante de esa inversi¨®n fue de 1.350 millones.

Cuando se dispararon los temblores provocados por la inyecci¨®n del gas colch¨®n en este almac¨¦n marino, el Ejecutivo decret¨® la hibernaci¨®n de las instalaciones por la v¨ªa de urgencia. Y por la misma v¨ªa de urgencia se decidi¨® aplicar la cl¨¢usula de 2008 y, por lo tanto, la devoluci¨®n de los 1.350 millones. El Gobierno defiende que una parte importante de esa inversi¨®n ¨Calrededor de 300 millones¨C los hab¨ªa puesto el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que reclamaba la devoluci¨®n de esa cantidad.