M¨¢s gasto en pensiones
Es fundamental que el Pacto de Toledo refuerce la sostenibilidad del sistema con medidas que permitan que el sistema de pensiones sea m¨¢s eficiente y equitativo
La negociaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado ha vuelto a restituir la actualizaci¨®n de las pensiones con la inflaci¨®n para 2018 y 2019 y ha retrasado la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad (FS) hasta 2023. Aunque conviene ser prudentes y esperar a conocer las recomendaciones del Pacto de Toledo, algunos medios y expertos hablan de una derogaci¨®n en la pr¨¢ctica de la reforma de 2013. M¨¢s all¨¢ de que se trata en cualquier caso de una decisi¨®n leg¨ªtima en t¨¦rminos pol¨ªticos, ya que corresponde precisamente a los representantes de la sociedad en el Congreso configurar un pilar tan importante del Estado del bienestar como es el sistema de pensiones y reducir incertidumbres con la aprobaci¨®n de los presupuestos, creemos que es necesario evaluar y dar a conocer las implicaciones econ¨®micas de estas medidas anunciadas en materia de pensiones.
Como punto de partida, es conveniente tener en cuenta que, de acuerdo con el ?ndice de Revalorizaci¨®n de las Pensiones (IRP), estas solo podr¨ªan aumentar como m¨¢ximo un 0,25% en 2018 sin la aportaci¨®n permanente de ingresos adicionales con los que cerrar el d¨¦ficit existente, que en 2017 supuso m¨¢s de 18.000 millones de euros. Una cifra que equivale a unos 150 euros de la pensi¨®n mensual media de jubilaci¨®n (1.080,52 euros).
?Qu¨¦ coste tienen los acuerdos adoptados? En primer lugar est¨¢ el coste econ¨®mico. Por lo que respecta a la revalorizaci¨®n de las pensiones con la inflaci¨®n, las subidas anunciadas para 2018 suponen casi 1.600 millones de gasto adicional en 2018 y 3.200 en 2019 respecto al escenario de subida con el IRP. A esta cantidad hay que a?adir la mejora de las pensiones de viudedad. Por lo tanto, estamos hablando de unos 4.800 millones adicionales de gasto a los dos a?os. Cuando acumulamos esta cantidad teniendo en cuenta la esperanza de vida de las generaciones que reciben este incremento, el aumento de gasto termina siendo de unos 39.000 millones en t¨¦rminos de valor actual actuarial respecto al escenario de subidas al 0,25%. Aunque en 2018 y 2019 este gasto adicional se pague con m¨¢s impuestos, tal como se ha anunciado, hacia adelante dificulta la consecuci¨®n del equilibrio financiero del sistema de pensiones. Las subidas de las pensiones con la inflaci¨®n consolidan permanentemente un gasto mayor, y suponen un aumento del d¨¦ficit estructural del sistema de pensiones, trastocando una de las l¨ªneas medulares de la reforma de 2013 si no se adoptan otras medidas compensadoras.
Por lo que respecta al retraso en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, conviene recordar que su objetivo es corregir los efectos sobre el gasto en pensiones del aumento tendencial de la esperanza de vida, que implica que las pensiones se cobren durante m¨¢s a?os. El sistema actual proporciona pensiones superiores a lo cotizado y el factor de sostenibilidad solo impide que ese desequilibrio aumente todav¨ªa m¨¢s el hecho de que vivamos m¨¢s. Sus efectos a?o a a?o son peque?os, alrededor de medio punto porcentual en las pensiones iniciales de jubilaci¨®n, e inferiores al crecimiento anual que venimos observando en las mismas.
Como las nuevas pensiones de jubilaci¨®n suponen un gasto anual de unos 5.700 millones, el ahorro acumulado que se pierde en cuatro a?os va aumentado de unos 14 millones iniciales hasta unos 352 millones. Pero este crecimiento en el gasto no se detendr¨ªa en 2023 aunque se introduzca el Factor de Sostenibilidad ese a?o, porque a las nuevas altas a partir de esa fecha se les aplicar¨ªa un FS permanentemente m¨¢s elevado, en lugar del que corresponder¨ªa de haberse implantado en 2019. Es decir, todas las nuevas pensiones de jubilaci¨®n a partir de 2023 ser¨¢n aproximadamente un 2% mayores por el hecho de aplicar con cuatro a?os de retraso el FS. Por lo tanto, a largo plazo el gasto en pensiones contributivas de jubilaci¨®n ser¨¢ un 2% mayor por ese retraso. Como las pensiones de jubilaci¨®n ¡ªque son las ¨²nicas a las que les afecta el FS¡ª representan aproximadamente un 60% del gasto en pensiones, suponiendo que este porcentaje se mantuviera constante (aunque seguramente aumentar¨¢) el aumento equivale a un 1,2% m¨¢s de gasto permanente en pensiones para todas las generaciones a partir de esa fecha.
En definitiva, al mayor gasto por la revalorizaci¨®n por la inflaci¨®n (2,4%) hay que a?adir el ahorro acumulado que se pierde por retrasar el FS equivalente a un 1,2% de mayor gasto a largo plazo. Ambas medidas lastran el ajuste fiscal cuando todav¨ªa tenemos un d¨¦ficit elevado y disminuyen la probabilidad de cumplir el objetivo de d¨¦ficit. Tenemos un nivel de deuda p¨²blica sobre PIB muy elevado, por lo que es necesario aprovechar estos a?os de crecimiento para recuperar cuanto antes el margen de maniobra de la pol¨ªtica fiscal con el que hacer frente a futuras crisis y al reto del envejecimiento.
En segundo lugar, est¨¢ el coste en t¨¦rminos de reputaci¨®n y credibilidad en la implementaci¨®n de las reformas. Una vez que se retrasa la puesta en marcha del Factor de Sostenibilidad se generan dudas de que m¨¢s adelante vuelva a ocurrir lo mismo, con esta medida o con cualquier otra parecida que pueda anunciarse para el futuro. De igual manera, aunque solo se haya suspendido temporalmente el IRP, volver a aplicarlo en el futuro resultar¨¢ m¨¢s dif¨ªcil, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las posiciones existentes en el Pacto de Toledo.
En resumen, sin nuevas medidas compensatorias, las decisiones recientemente adoptadas implican un aumento del d¨¦ficit estructural del sistema de pensiones y un incremento de la redistribuci¨®n intergeneracional, que ya es de las m¨¢s altas de Europa como recientemente ha se?alado la Comisi¨®n Europea. En estas circunstancias, es fundamental que el Pacto de Toledo refuerce la sostenibilidad del sistema con medidas que permitan que el sistema de pensiones sea m¨¢s eficiente y equitativo. La transici¨®n gradual hacia un sistema p¨²blico de cuentas individuales o nocionales de reparto, como en Suecia y otros pa¨ªses europeos es la mejor opci¨®n. El sistema seguir¨ªa siendo p¨²blico, progresivo y de reparto, pero las pensiones iniciales se calcular¨ªan teniendo en cuenta la esperanza de vida y la capacidad del sistema de generar ingresos mediante cotizaciones sociales. Independientemente de las medidas que se propongan, en ning¨²n caso ser¨ªa necesario ni conveniente derogar el IRP, salvo que se quiera dejar el gasto en pensiones al margen de la restricci¨®n presupuestaria y ocultar a la opini¨®n p¨²blica sus implicaciones. El IRP es lo suficientemente flexible y neutral como para gestionar con m¨¢s informaci¨®n y transparencia cualquier reforma del sistema de pensiones.
Enrique Devesa es profesor en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Investigaci¨®n Polibienestar; Rafael Dom¨¦nech pertenece a BBVA Research y es profesor de la Universidad de Valencia; y Robert Meneu es profesor de la Universidad de Valencia.
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