El conflicto judicial del Popular se extiende por Espa?a, Nueva York y Luxemburgo

El 6 de junio de 2017, el BCE decidi¨® que el Popular estaba failing or likely to fail, es decir, era inviable o pod¨ªa acabar si¨¦ndolo. Era la consecuencia del comunicado del consejo de administraci¨®n, que afirm¨® que no ten¨ªa liquidez para abrir las oficinas el 7 de junio. Por orden del BCE, la alemana Elke K?nig, presidenta de la Junta ?nica de Resoluci¨®n (JUR), puso en marcha un mecanismo nunca utilizado antes: vender un banco en horas o afrontar el caos que se provocar¨ªa ante el cierre de las oficinas del Popular, con la posibilidad de contagio a las dem¨¢s entidades. La JUR recurri¨® a su brazo ejecutor en Espa?a, el FROB, que convoc¨® a los posibles bancos interesados.

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K?nig era consciente de la mara?a judicial en la que se met¨ªa porque, a diferencia de Bankia, donde el n¨²mero de inversores institucionales afectados no fue alto, la resoluci¨®n del Popular se llev¨® por delante a poderos accionistas. Entre ellos a la familia m¨¢s rica de Chile, los Luksic; una de la m¨¢s acaudaladas de M¨¦xico, representada por Antonio del Valle; el mayor fondo del mundo de renta fija, el norteamericano Pimco, y su due?o, Allianz, una de las mayores aseguradoras europeas.

Los poderosos afectados han extendido sus demandas por diferentes jurisdicciones, la espa?ola, la norteamericana y la europea, lo que complicar¨¢ (y puede retrasar) su resoluci¨®n.

El Santander, que adquiri¨® el Popular por un euro, asumi¨® que las demandas de los accionistas eran uno de los riesgos de la operaci¨®n. Por eso, lanz¨® un plan de bonos de fidelizaci¨®n para resarcir a los que acudieron a la ampliaci¨®n de 2016. Aceptaron el 78% de los afectados por un importe de 764 millones. Para cobrar todo lo que perdieron en acciones del Popular deber¨¢n esperar siete a?os. Quedan unos 35.000 accionistas fuera del acuerdo, y una parte de ellos han demandado al banco con resultados muy variados.

Al margen de estas demandas, en Espa?a la Audiencia ha admitido cuatro querellas por enga?o en la ampliaci¨®n de capital de 2016 (la de 2012 ha quedado, por ahora, fuera de la causa), y por manipulaci¨®n del mercado contra ?ngel Ron y Emilio Saracho, expresidentes del Popular. El juez instructor, Fernando Andreu, ve indicios de responsabilidad penal por su actuaci¨®n en el banco. Los demandantes son asociaciones de consumidores (OCU) y de peque?os inversores como Aemec, Adicae y Asufin. Tambi¨¦n est¨¢n implicados consejeros del banco y la auditora PwC, lo que hace un total de 27 querellados. Todo est¨¢ pendiente del informe de los peritos del Banco de Espa?a. La instrucci¨®n se alargar¨¢ hasta abril de 2019. En los tribunales contencioso administrativo se tramitan 259 recursos de 6.000 particulares contra el FROB por la resoluci¨®n.

Adem¨¢s, los inversores mexicanos, consejeros del Popular, han llevado a Espa?a ante la corte de arbitraje internacional donde le reclaman los 470 millones perdidos. Estos inversores tambi¨¦n han denunciado al Santander en Nueva York, y le piden documentos confidenciales sobre la compra. Por ¨²ltimo, los grandes accionistas internacionales han denunciado a la JUR ante el Tribunal de Luxemburgo pidiendo la nulidad de la intervenci¨®n por considerarla una expropiaci¨®n.