La democracia estadounidense en la cornisa

El centro ya no puede sostenerse. Despu¨¦s de la elecci¨®n del presidente norteamericano, Donald Trump, en noviembre de 2016, millones de norteamericanos y otros en todo el mundo encontraron consuelo en la idea de que las instituciones fuertes y la Constituci¨®n de Estados Unidos proteger¨ªan a la democracia norteamericana de sus depredaciones. Pero los hechos de los ¨²ltimos d¨ªas sugieren que los amortiguadores institucionales de Estados Unidos no son tan robustos como se los anuncia. Dentro del Partido Republicano, que controla las tres ramas de gobierno de Estados Unidos, el canto de sirena de la pol¨ªtica tribal est¨¢ acallando cualquier resto de fidelidad a las tradiciones constitucionales de Estados Unidos.

El caso m¨¢s claro de decadencia institucional se puede encontrar en la Corte Suprema de Estados Unidos. En el lapso de apenas unos d¨ªas, la Corte ha emitido cuatro fallos divisivos que parecen haber sido dise?ados para afianzar al trumpismo iliberal en los pr¨®ximos a?os. Para peor, el mi¨¦rcoles, el juez Anthony M. Kennedy, el votante oscilante de larga data de la Corte, anunci¨® su retiro, abriendo el camino para que Trump nombre a otro juez seleccionado a dedo por la Sociedad Federalista de derecha.

Los fallos de la Corte en este mandato no hicieron m¨¢s que confirmar la opini¨®n generalizada de que ya no act¨²a como un ¨¢rbitro sabio e imparcial de las inevitables disputas que surgen en cualquier sociedad. M¨¢s bien, se ha convertido, simplemente, en otro instrumento para promover una agenda de extrema derecha, que ha sometido a Estados Unidos a un r¨¦gimen de la minor¨ªa.

Recordemos que, en la elecci¨®n de 2016, Trump recibi¨® tres millones de votos menos que Hillary Clinton, y los republicanos retuvieron el Senado, aunque los candidatos republicanos recibieron menos votos en general que los candidatos dem¨®cratas. De la misma manera, en la C¨¢mara de Representantes de Estados Unidos, los republicanos ganaron una mayor¨ªa mucho mayor que su porcentaje real del voto total, debido a una manipulaci¨®n partidario despu¨¦s del censo de 2010. En 2000, la Corte Suprema entreg¨® la presidencia a George W. Bush que, al igual que Trump, obtuvo menos votos que su oponente. Ahora ha permitido la manipulaci¨®n de los republicanos, as¨ª como la legislaci¨®n republicana que ha suprimido la votaci¨®n entre grupos con m¨¢s probabilidades de votar por los dem¨®cratas.

De, por y para las corporaciones

La primera decisi¨®n atroz de la Corte esta semana se produjo el lunes, en el caso de Ohio contra American Express. En una decisi¨®n de 5 a 4, la Corte ratific¨® los contratos anticompetitivos que American Express les impone a los comerciantes que aceptan pagos con tarjetas de cr¨¦dito AmEx. Como se?al¨¦ en un escrito ante la Corte, los argumentos de American Express en defensa de sus pr¨¢cticas anticompetitivas fueron totalmente enga?osos.

La decisi¨®n, redactada por el integrante m¨¢s predeciblemente de derecha de la Corte, Clarence Thomas, delat¨® una profunda incomprensi¨®n de la econom¨ªa, y reflej¨® una postura pro-empresarial r¨ªgidamente ideol¨®gica. En resumen, los fallos representan una victoria mayoritaria para el poder monop¨®lico. Las grandes corporaciones que llevan a cabo pr¨¢cticas anticompetitivas similares ahora podr¨¢n afianzar a¨²n m¨¢s su dominio de mercado, distorsionando la econom¨ªa y aumentando los niveles de desigualdad ya claramente altos de Estados Unidos.

Igualmente perverso fue el fallo de la Corte en Janus contra Federaci¨®n Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales. En otra decisi¨®n de 5 a 4, la Corte prohibi¨® que los contratos laborales del sector p¨²blico exijan que los trabajadores del gobierno hagan aportes a los sindicatos que est¨¢n negociando en su nombre. En un pa¨ªs que ya padece un enorme desequilibrio entre empleadores y trabajadores, la Corte ha inclinado la balanza a¨²n m¨¢s a favor de los primeros. Los trabajadores ego¨ªstas ahora podr¨¢n aprovecharse de los esfuerzos de sus colegas para negociar mejores condiciones de trabajo y un salario m¨¢s alto. Y, con una cantidad suficiente de estos trabajadores, los sindicatos estar¨¢n a¨²n m¨¢s debilitados por la falta de fondos.

El objetivo de los sindicatos es tomar posturas pol¨ªticas que defiendan los intereses de los trabajadores. Y para garantizar que las posturas pol¨ªticas que toman reflejen las opiniones de una mayor¨ªa de los trabajadores, los sindicatos realizan elecciones democr¨¢ticas. Los cinco jueces conservadores que endosaron la opini¨®n, sin embargo, ofrecieron el penoso argumento de que obligar a los trabajadores a pagar para respaldar opiniones con las que no est¨¢n de acuerdo es una violaci¨®n de sus derechos de libre expresi¨®n garantizados por la Primera Enmienda.

Vale la pena recordar que en el caso Ciudadanos Unidos contra Comisi¨®n de Elecciones Federales (2010), la Corte decidi¨® que la Primera Enmienda permite que las empresas hagan aportes ilimitados a las campa?as pol¨ªticas. De manera que, a los ojos de los conservadores de la Corte, las corporaciones pueden respaldar opiniones que van en contra de una mayor¨ªa de sus accionistas y trabajadores ¨Cque no ten¨ªan voz en el tema-, pero los sindicatos no pueden expresar opiniones que son resistidas inclusive por un solo pagador de aportes.

¡°Justicia¡± de guerra cultural

Los conservadores de la Corte ofrecieron otra lectura perversa de la Primera Enmienda en Instituto Nacional de Defensores de la Vida y la Familia contra Becerra. En otra decisi¨®n partidaria de 5 a 4, dictaminaron que un estado no puede obligar a un centro autorizado de salud reproductiva a informar a los pacientes sobre la disponibilidad de opciones de aborto. Seg¨²n esta visi¨®n, la libertad de expresi¨®n incluye la libertad de no decir ciertas cosas, a¨²n si uno pretende ser un proveedor leg¨ªtimo de atenci¨®n m¨¦dica.

Seg¨²n esta visi¨®n extremista, los fabricantes de cigarrillos no tienen que informar que fumar es malo para la salud, y los bancos no tienen por qu¨¦ revelar el pleno alcance de sus cargos. En ¨¦stas y otras situaciones en el pasado, la Corte encontr¨® un equilibrio entre la libre expresi¨®n y otros derechos igualmente importantes. Pero en el caso de esta semana, no hubo equilibrio de ning¨²n tipo. La raz¨®n es simple: la Corte, como una herramienta de la derecha extremista, est¨¢ fomentando una campa?a republicana contra el derecho de una mujer a tomar decisiones informadas que conciernen a su propia salud.

Durante a?os, los republicanos a nivel estatal han implementado medidas para que a las mujeres les resulte m¨¢s dif¨ªcil hacerse un aborto ¨Co inclusive informarse sobre el tema, y estas pol¨ªticas han demostrado ser particularmente perjudiciales para los pobres-. Pero ahora que Kennedy se est¨¢ retirando, el propio derecho al aborto, reconocido en el caso hist¨®rico de Roe contra Wade (1973), estar¨¢ en el punto de mira de los conservadores. Si es revocado, los estados controlados por los republicanos en todo el pa¨ªs de pronto tendr¨¢n el poder de negarles a las mujeres el derecho de larga data a la privacidad y al control sobre sus cuerpos de la Decimocuarta Enmienda.

La cuarta decisi¨®n alarmante esta semana se produjo en el caso Trump contra Hawai, en el que la mayor¨ªa conservadora de la Corte defendi¨® la orden ejecutiva de Trump de prohibir la entrada a los viajeros provenientes de una cantidad de pa¨ªses predominantemente musulmanes. La Corte dictamin¨® que Trump no abus¨® de su autoridad para controlar la inmigraci¨®n en aras de la seguridad nacional. Sin embargo, como ha indicado el propio Trump en muchas ocasiones, proteger la seguridad nacional no era en verdad su intenci¨®n cuando dise?¨® la prohibici¨®n. Como dej¨® en claro la jueza asociada Sonia Sotomayor en su virulento disenso, los propios tuits incendiarios de Trump demuestran que su verdadero objetivo era mantener a los musulmanes fuera de Estados Unidos.

Sin duda, la Corte estaba revisando la tercera revisi¨®n de la prohibici¨®n de viaje de Trump, que hab¨ªa sido ampliada m¨¢s all¨¢ de los musulmanes para incluir prohibiciones contra los norcoreanos y los venezolanos. Pero los cambios de la administraci¨®n estaban destinados, obviamente, a ocultar los verdaderos motivos de Trump. El argumento de la administraci¨®n de que hace falta una prohibici¨®n porque es demasiado dif¨ªcil investigar a las personas provenientes de estos dos pa¨ªses es risible. Los norcoreanos, en particular, han sido investigados con peine de diente fino durante d¨¦cadas, dado que nunca hubo un acuerdo de paz que pusiera fin formalmente a la Guerra de Corea de 1950-1953.

Y, por supuesto, si el objetivo de Trump es proteger la seguridad nacional, uno se pregunta por qu¨¦ Arabia Saudita ¨Ccuyos ciudadanos fueron responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001- no figura en la lista. La respuesta es obvia: Trump quiere mantener la lucrativa relaci¨®n de ¨¦l y su familia con las autoridades del reino.

Ahora bien, si se lleva la perspectiva de la Corte a su conclusi¨®n l¨®gica, Trump simplemente puede defender cualquier acci¨®n intolerable que adopte con el dudoso argumento de la ¡°seguridad nacional¡± ¨Cla coartada adorada por todas las dictaduras fascistas-. Los conservadores de la Corte han se?alado que har¨¢n la vista gorda ante las pol¨ªticas motivadas por un ¨¢nimo racial o religioso. Y, supuestamente, no tendr¨ªan problema en respaldar la guerra comercial de Trump, que tambi¨¦n ha lanzado en nombre de la seguridad nacional.

Tiran¨ªa de la minor¨ªa

Las cuatro principales decisiones pronunciadas por la Corte Suprema en este mandato son perturbadoras, cada una a su manera. Estados Unidos ya tiene el mayor nivel de desigualdad entre los pa¨ªses avanzados, y la Corte ahora ha empoderado a los monopolios y a las empresas, despojando al mismo tiempo a los sindicatos del poder para alcanzar negociaciones colectivas que beneficien a la clase trabajadora y a la clase media.

Pero, m¨¢s all¨¢ de esto, la manera en que la Corte lleg¨® a estas cuatro decisiones ha lanzado una nueva guerra pol¨ªtica. Desde la fundaci¨®n de Estados Unidos, los sucesivos gobiernos se han esforzado por redactar normas que sirvan de gu¨ªa para alejar a su pa¨ªs del extremismo. Al acatar la sabidur¨ªa de los fundadores de Estados Unidos, la mayor¨ªa de los l¨ªderes norteamericanos han entendido los riesgos que plantean los partidos gobernantes que abusan de su poder, llevando a la instauraci¨®n de un conjunto de procesos e instituciones destinados a impedir los decretos mayoritarios. Por ejemplo, en el Senado de Estados Unidos, la regla de filibusterismo fija un piso de 60 votos para sancionar una legislaci¨®n importante, precisamente para que el partido mayoritario no pueda pisotear a la minor¨ªa.

Pero luego los republicanos empezaron a ignorar estas normas. La Constituci¨®n de Estados Unidos exige que el Senado ofrezca ¡°asesoramiento y consentimiento¡± sobre los nombramientos presidenciales, y durante mucho tiempo la norma hab¨ªa sido que s¨®lo deb¨ªan rechazarse los candidatos verdaderamente no calificados. Pero durante la presidencia de Barack Obama, los republicanos del Senado utilizaron el filibusterismo desenfrenadamente para bloquear a los candidatos con quienes no estaban de acuerdo en cuestiones como el aborto. En tanto las vacantes de la rama ejecutiva comenzaron a apilarse, los dem¨®cratas del Senado, que entonces eran mayor¨ªa, no tuvieron otra alternativa que poner fin a la regla de filibusterismo para las nominaciones presidenciales. Inclusive en ese momento, los peligros de esta medida eran claros. Un presidente extremista, respaldado por un Senado obediente, pod¨ªa nombrar pr¨¢cticamente a cualquiera para cualquier posici¨®n.

Hoy, estamos presenciando lo que sucede cuando el sistema de controles y equilibrios se rompe en pedazos. Despu¨¦s de recuperar el Senado en 2014, los republicanos se negaron inclusive a considerar al candidato centrista altamente calificado de Obama para la Corte Suprema, Merrick B. Garland. Y, el a?o pasado, despu¨¦s de que su obstruccionismo rindiera sus frutos con la victoria de Trump, los republicanos terminaron el filibusterismo para las nominaciones de la Corte Suprema, para confirmar al elegido de Trump, Neil M. Gorsuch, para suceder a Antonin Scalia (quien, para ese entonces, ya hac¨ªa 14 meses que hab¨ªa muerto). Ahora que el retiro del juez Kennedy ha abierto otra vacante en el tribunal, Trump podr¨¢ mantener la Corte llena durante por lo menos una generaci¨®n. Despu¨¦s que eso suceda, muy probablemente nos encontremos en una situaci¨®n en la que una mayor¨ªa de norteamericanos no tenga ning¨²n tipo de confianza en la Corte ¨Cpara no hablar de las otras ramas de gobierno.

La extinci¨®n de la luz

La Constituci¨®n de Estados Unidos establece que los jueces de la Corte Suprema ¡°deben permanecer en sus Cargos mientras conserven un buen Comportamiento¡±, lo que implica un mandato de por vida. Pero, en 1789, la gente no viv¨ªa tanto como hoy. Y entonces, con el transcurso de los a?os, los republicanos han enga?ado al sistema nombrando jueces j¨®venes, algunas veces con calificaciones dudosas, en un intento por llenar las cortes federales. El hecho de que los dem¨®cratas no hayan intentado hacer lo mismo sugiere que ellos, al menos, se toman en serio la responsabilidad de encontrar a los candidatos m¨¢s calificados.

En vista de las decisiones que la Corte ha legado esta temporada, hoy resulta obvio que Estados Unidos necesita una enmienda constitucional para fijar l¨ªmites para los mandatos de los jueces. No ser¨¢ f¨¢cil. Pero es imperativo restablecer la legitimidad de la Corte como un ¨¢rbitro justo.

La ¨²nica alternativa es ampliar el tama?o de la Corte, lo que no requiere una enmienda constitucional. Eso es lo que intent¨® hacer el ex presidente Franklin D. Roosevelt y no pudo cuando una Corte muy dividida amenaz¨® con obstruir sus reformas al New Deal. Pero romper la ¡°norma¡± de nueves jueces plantea sus propios riesgos, porque una vez que se ha traspasado ese umbral, el Partido Republicano extremista contar¨¢ con una herramienta m¨¢s para llenar la Corte.

Otra lecci¨®n importante que debe trazarse a partir del mandato reci¨¦n terminado de la Corte Suprema es que el estado de derecho, muchas veces considerado la columna vertebral de la sociedad norteamericana y su econom¨ªa pol¨ªtica, quiz¨¢ no est¨¦ ni cerca de ser tan robusto como muchos imaginan. La ¡°ley¡±, despu¨¦s de todo, puede ser usada, y de hecho as¨ª sucedi¨®, por los poderosos para oprimir a los d¨¦biles. Y, como estamos viendo hoy, tambi¨¦n puede ser utilizada por una minor¨ªa para ponerle el pie en la garganta a la mayor¨ªa.

Inclusive si Fox News y otras formas de propaganda de derecha persuadieran a una estrecha mayor¨ªa de norteamericanos de respaldar los argumentos ofrecidos por los conservadores de la Corte, sus decisiones recientes ser¨ªan cuestionables. Y, sin embargo, todas tendr¨¢n implicancias de amplio alcance. Como observ¨® correctamente Jedediah Purdy, profesor de leyes de la Universidad Duke, forman ¡°parte de un arco hist¨®rico m¨¢s largo: el desmantelamiento del legado legal del New Deal y la creaci¨®n de la ley para una nueva Era Dorada¡±. En otras palabras, la Corte est¨¢ cambiando constantemente la reglas del juego de maneras que alterar¨¢n la naturaleza de la sociedad norteamericana para peor.

Trump est¨¢ llevando a Estados Unidos por el camino del racismo, la misoginia, el nativismo, el prejuicio y el proteccionismo, implementando a la vez pol¨ªticas econ¨®micas que benefician a unos pocos a expensas de la abrumadora mayor¨ªa. ?l y sus lacayos republicanos est¨¢n minando el sistema de controles y equilibrios de Estados Unidos, as¨ª como sus instituciones que buscan la verdad, desde universidades e instituciones de investigaci¨®n hasta los medios y las agencias de inteligencia.

Se supone que el sistema judicial ofrece un control cuando los otros no pueden hacerlo. Ahora que la Corte Suprema ha echado su suerte con Trump, la democracia estadounidense est¨¢ verdaderamente en peligro.

Joseph E. Stiglitz fue el ganador del Premio Nobel en Ciencias Econ¨®micas en 2001. Su libro m¨¢s reciente es Globalization and its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump.